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¿Peajes en las carreteras? Los conductores ya pagan en impuestos 15 veces lo que cuesta mantenerlas

El verdadero engaño de Sánchez con los peajes: Los conductores ya pagan en impuestos 15 veces la ampliación y el mantenimiento de las carreteras

El verdadero engaño de Sánchez con los peajes: Los conductores ya pagan en impuestos 15 veces la ampliación y el mantenimiento de las carreteras
La eliminación de los peajes costará dinero al contribuyente | EFE

El Gobierno de Sánchez parece decidido a mantener su cruzada contra los automóviles, ahora imponiendo peajes en las autovías, dice el Gobierno, para que sean los conductores los que paguen el mantenimiento de las carreteras . La nueva polémica trae cola, sobre todo, porque ya aparecía en el famoso Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que el Gobierno de Sánchez envió a Bruselas y que ya fue aprobado. Un plan del que ahora reniega el sanchismo a pocos días de que España vaya a las urnas o vote por correo.

Tanto el director general de Tráfico, Pere Navarro, como Bruselas han desmentido al Ejecutivo y han reiterado que el plan del Gobierno español es cobrar por el uso de autovías a partir del próximo año.

Es más, en 2021 el propio gobierno de Sánchez confesaba su impaciencia por aplicar la medida la propia secretaria de Estado, Pardo de Vera, insistía en que la imposición de peajes suponía un modelo de "pago por uso" y ofrecería una solución a lo que llamó un "creciente déficit" en materia de conservación de carreteras, permitiendo obtener así una fuente de ingresos extra y directa.

En el texto remitido a Bruselas, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dice:

"La posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario pagador y también del principio de quien contamina paga".

La gran mentira

Pero esta justificación para poner en marcha una nueva vía de ingresos, es decir, una nueva manera de expoliar a los contribuyentes propietarios de automóviles, constituye una farsa flagrante ya que los conductores pagan en impuestos cerca de 40.000 millones de euros, lo que significa que ya están pagando cada año en impuestos unas 15 veces el mayor presupuesto histórico nunca aprobado para mantenimiento de carreteras y nuevas infraestructuras viarias, que ha sido el de los PGE de este 2023.

Según confiesan en el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Los PGE de 2023 contemplan una inversión de "2.666 millones de euros en mantener y ampliar la red de carreteras del Estado (RCE), lo que supone un 8,4% más que en los PGE 2022, poniendo mucho énfasis en la conservación de las infraestructuras de la que nos hemos dotado, a la que se dedicarán 1.548 millones, la mayor suma de la historia".

Y se trata realmente del mayor presupuesto histórico, que supera con creces el anterior de 2022, cuando ya batía récords ligeramente por encima de los 1.300 millones de euros sólo para mantenimiento de carreteras.

Esto significa que sólo con lo que Hacienda recauda en un año de todos los impuestos que pagan los conductores por el hecho de tener coche y conducir, el Estado cuenta con recursos suficientes como para mantener y ampliar la red de carreteras españolas durante 15 años.

Déficit en mantenimiento de carreteras

Es más, si tenemos en cuenta el último informe de la Asociación Española de Carreteras, el déficit de mantenimiento de nuestra red supera ya los 11.000 millones de euros, lo que exige una inversión mínima de 1.200 millones de euros al año. Recaudando 40.000 millones (sin tener en cuenta las multas de tráfico), entre los conductores cada año, el Estado cuenta con recursos de sobra para poder hacer frente no sólo a los gastos de mantenimiento sino para borrar de un plumazo este déficit.

¿Y qué pasa con las multas de tráfico?

En 2022, la DGT también registró un nuevo récord de recaudación vía multas de tráfico por encima de los 500 millones de euros. Una partida que sirve precisamente para financiar a la propia Dirección General de Tráfico, por lo que este gasto no habría que contemplarlo en las necesidades de financiación de infraestructuras necesarias para que los usuarios de automóvil puedan desarrollar su actividad.

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