El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha ganado las elecciones generales del pasado 23 de julio, pero todo apunta a que lo tendrá difícil, sino imposible, para formar gobierno. Parece más probable, de hecho, que el Partido Socialista de Pedro Sánchez sea capaz de trenzar una alianza con comunistas y separatistas y, de esta forma, pueda revalidar el poder. Sin embargo, todo apunta que la gobernanza de nuestro país atravesará en los próximos meses una situación de bloqueo que no necesariamente tiene por qué resolverse de forma satisfactoria.
España viviría así una situación parecida a la que se dio entre diciembre de 2015 y octubre de 2016 y entre febrero y diciembre de 2019, cuando los pactos para formar gobierno se tornaron inviables y se celebraron dos repeticiones electorales. El propio Feijóo aludió a esta circunstancia en el discurso con el que celebró su amarga victoria, señalando la importancia de evitar el bloqueo para salvaguardar la imagen de España en el mundo y garantizar que la captación de inversión extranjera no se ve afectada.
¿Qué nos dice la experiencia reciente de nuestro propio país? Empecemos por el periodo 2015-2016, es decir, con el periodo de "bloqueo" que puso en pausa el gobierno de Mariano Rajoy. Aunque ya entonces se habló mucho de la necesidad de resolver la situación y constituir al fin un gobierno, lo cierto es que las estimaciones que se han realizado señalan que el coste para la economía del fiasco institucional de 2015-2016 fue del 0,5% del PIB.
De igual modo, entre diciembre de 2015 y octubre de 2016, el paro se redujo a una media de 30.000 personas cada mes. Asimismo, la presidencia en funciones del popular Mariano Rajoy logró reducir el déficit público, pero solamente de forma tímida, con una caída del descuadre presupuestario cercana a los 8.000 millones de euros. En resumen: con la derecha en el poder y la izquierda fuera de la toma de decisiones, el impacto del bloqueo fue moderado.
Si tomamos como referencia las métricas del empleo y el déficit, encontramos que el periodo de interinidad de Pedro Sánchez, que se extendió de febrero a diciembre de 2019, estuvo marcado por cifras menos satisfactorias. El paro se redujo entonces a un ritmo de 8.000 personas al mes, mientras que el déficit se mantuvo inalterado durante toda esta etapa de bloqueo. La previsión de crecimiento del Banco de España para 2019 rondaba el 2,5%, pero el dato final fue del 2%, de modo que el impacto sobre el PIB fue cercano al 0,5%. En cuanto a la intensidad de la avalancha regulatoria, el periodo de bloqueo que enfrentó Rajoy se saldó con un 50% menos de leyes, decretos y normas aprobadas que la etapa de interinidad de Sánchez. Además, el tamaño de la legislación aprobada a lo largo del segundo periodo fue un 24% más extenso que en el primero. Por tanto, con la izquierda en la Moncloa, el efecto del bloqueo fue más intenso, pero no catastrófico.
En cambio, una vez Sánchez formó gobierno, todo lo que ha hecho nuestro país es retroceder. Desde diciembre de 2019 se han aprobado fortísimas subidas de impuestos y cotizaciones sociales, se han emitido más de 300.000 millones de deuda pública, se han introducido numerosas rigideces laborales y, en definitiva, se ha reducido de forma notable la libertad económica.
Pues bien, mirando hacia adelante, si España va camino de un acuerdo de investidura y de una mayoría parlamentaria que reúna al PSOE con partidos tan radicales como Sumar, Bildu o Junts, parece evidente que la economía saldrá duramente golpeada por la batería de medidas intervencionistas que defienden todas estas formaciones.
De cara a las pasadas elecciones, los socialistas han puesto encima de la mesa la posibilidad de crear o subir más de 30 impuestos, mientras que sus socios comunistas proponen crear más de 60 entes públicos. Si a estos programas les incorporamos también las medidas que defienden agrupaciones como Bildu o Junts, parece evidente que España seguirá recorriendo el camino de servidumbre si Sánchez se mantiene en la Moncloa. En la medida en que no se forme gobierno, el "Frankenstein" de Sánchez se quedaría maniatado.
Además, es importante tomar en consideración el peso casi hegemónico que ha adquirido la suma de PP y Vox en el plano autonómico y municipal. Tras las elecciones del pasado mes de mayo, los populares gobiernan en los ayuntamientos de 30 capitales de provincia, incluidas Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla o Palma de Mallorca. Además, los azules tienen en sus manos el gobierno autonómico de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia y acaban de recuperar el cetro en Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares o La Rioja, una lista que también incluye a Islas Canarias merced a un pacto con Coalición Canaria. Así pues, el bloqueo de la gobernanza nacional puede convivir con un proceso de potenciales mejoras en clave regional y local. En los últimos días hemos tenido un buen ejemplo, con el anuncio de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Baleares y Comunidad Valenciana. He ahí el mejor de los mundos para la economía: Sánchez incapaz de gobernar y la derecha aprobando un programa económico más liberal en las comunidades y ayuntamientos que están en sus manos.