Tensión en el sector de los supermercados. El Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea están preparando la nueva normativa F-Gas que afectará directamente a buena parte de los establecimientos de nuestro país que usan cámaras frigoríficas y aires acondicionados. Esta normativa ecologista tiene como objetivo reducir la cuota de gases fluorados permitidos en el mercado de la UE y le puede salir muy cara a los empresarios. El Gobierno de Pedro Sánchez está a favor de su implantación.
Desde hace meses, los burócratas europeos llevan debatiendo el texto definitivo, aunque todavía no han logrado llegar al acuerdo que esperan cerrar este año (el 19 de julio fue la última reunión). En el caso de los supermercados, todos los negocios utilizan algún tipo de refrigeración comercial y/o aire acondicionado para mantener los alimentos a temperatura adecuada o para climatizar las tiendas. Además, no sólo los puntos de venta utilizan refrigeración, sino que también lo hacen gran parte de las plataformas logísticas y el transporte. Por tanto, la expectativa es máxima por el número de agentes a los que afectará.
El pasado mes de marzo, la obsesión europea contra este gas (que emite CO2, pero es eficiente y seguro) llegó hasta el punto de que el Comité de medio ambiente del Parlamento Europeo pretendió eliminar el uso de todos los gases fluorados del continente, independientemente de su PCA (cantidad de emisiones a la atmósfera) para la mayoría de aplicaciones de refrigeración y climatización, tal y como recuerda la presidenta de la Asociación de Empresas de Frío (AEFYT), Susana Rodríguez. Esto hubiese obligado a los locales a cambiar todas sus instalaciones ipso facto, lo que sería insostenible para la mayoría de los negocios.
Sin embargo, esta idea tan drástica no llegó a salir adelante, pero el debate se sigue centrando en la disminución de los niveles de PCA de los gases fluorados para acabar definitivamente con su uso en los próximos años mientras impone ahora nuevas prohibiciones e imposiciones a los sectores que lo usan (alimentación, automoción, pequeños comercios que vendan aparatos refrigerantes...). Su implantación obligará a muchos negocios a modificar sus instalaciones y, por ende, repercutirá en el precio de los productos que venden.
Negativa de los supermercados
Desde la patronal de los supermercados Asedas muestran su preocupación por el documento que se está debatiendo en el trílogo (Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea). Por un lado, porque "los tiempos marcados" para la reducción de los PCA "no son realistas". Además, señalan que "en climatización (aires acondicionados) no existen alternativas razonablemente viables para la variabilidad de tipología comercial y la climatología de España sin el uso de gas fluorado para salas de venta de más de 500 m2". Un problema similar se encontrarán las tiendas pequeñas -menos de 500/400 m2- de pueblos y barrios con sus neveras que "no pueden acceder a tecnología" que se les exige por su alto coste, según Asedas.
También alertan de que "en algunos supermercados grandes se utilizan sistemas que van a quedar prohibidos, como equipos fijos de aire acondicionado partido y bomba de calor". A esto se suma que las nuevas alternativas refigerantes conllevan "obstáculos de mantenimiento y peligrosidad" y un "componente económico importante". Según sus cálculos, de media, el coste de instalación se incrementaría entre un 10 y un 20%.
España, la más verde
Desde Asedas lamentan que desde el Ejecutivo de Sánchez hayan apoyado las propuestas europeas "o incluso vayan más allá porque quieren ser los más verdes y los primeros de la clase", señalan fuentes de la patronal.
Cabe recordar que el año pasado el Gobierno de PSOE y Podemos modificó el reglamento del Impuesto a los Gases Fluorados para también aumentar de la recaudación de Hacienda gracias a este producto justificándose en que contamina.
Su implantación ha conseguido incrementar los ingresos del fisco, tal y como se constata en el último informe de la Agencia Tributaria. Hacienda confirma que recaudó por ese tributo 49,6 millones de euros de enero a junio de 2023, un 36,8% más que los 36,3 millones de un año antes.
Esta no es la única norma bajo la bandera del ecologismo a la que se tendrán que enfrentar los supermercados en la actualidad. La obligación de reservar un espacio para la venta a granel en los establecimientos o las barreras al uso del plástico son algunas de ellas.