Los independentistas catalanes, en su delirio secesionista convertido en octubre de 2017 en un auténtico intento de golpe de Estado, por el que muchos de sus dirigentes fueron condenados por el delito de sedición -luego, indultados por Sánchez-, lanzan todo tipo de acusaciones contra el conjunto de España, culpando a la Nación a la que pertenecen de robarles los fondos que les corresponden por la actividad económica que generan. Todo eso es falso. El problema de Cataluña no es su financiación, que es una de las mejores, ni los objetivos que durante estos años, antes de suspenderse las reglas fiscales por la pandemia, le marcaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para cumplir el déficit, que fueron de los más laxos, ni que el conjunto de España no la ayude, pues su deuda es colocada gracias al Tesoro. No, su problema es de mala gestión: gasto público desmedido e impuestos altos, con creciente inseguridad jurídica que les hace perder empresas, actividad económica y empleo.
Los independentistas pueden gritar contra el conjunto de España y pueden decir que el resto de españoles les roban recursos, pero todo ello no es más que una cortina de humo para tapar la nefasta gestión de sus gobiernos. Y ahora quieren que les condonen la deuda del FLA, que es suya y que, simplemente, el Tesoro les hizo el favor de colocársela en los mercados porque ellos no podían debido a su pésima calificación crediticia. A esto es a una de las cosas a las que Sánchez puede plegarse para conseguir la investidura -además de cosas todavía mucho más graves, si cabe, como la amnistía y el referéndum-.
Cataluña es una de las regiones mejor financiadas. De hecho, el Sistema de Financiación Autonómica (SFA) fue diseñado de manera bilateral entre el tripartito catalán liderado por Pascual Maragall y el Gobierno de España. Es más, los propios independentistas dieron el visto bueno al borrador de acuerdo antes de que el Gobierno de España lo propusiese al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo plagaron de retorcimientos estadísticos para beneficiar a Cataluña –también a Andalucía, gobernada entonces por los socialistas- de manera que al hablar de población ajustada, que es la que se emplea para distribuir los distintos fondos, emplearon unos ajustes, unos grupos de edad y unos intervalos que aproximaban la población ajustada de Cataluña a su población real mientras que a Madrid le hacían perder muchos habitantes a considerar a la hora de repartir los ingresos.
Así, mientras que a Cataluña entonces sólo le disminuían la población en 86.000 personas, un 1,15%, a Madrid le disminuían la población casi 3,5 veces más que a Cataluña, cuando la estructura poblacional de ambas regiones era similar. Así, Madrid perdía 290.000 personas, un 4,5% de su población real. En materia de población sanitaria el escándalo llegaba al extremo en el que Cataluña prácticamente no perdía población mientras que Madrid perdía 600.000 habitantes. Por tanto, Cataluña se vio ampliamente favorecida al poder contar con una población ajustada muy cercana a la real y recibir, así, unos mayores ingresos a la hora de establecer el reparto de los distintos recursos del sistema, como podemos comprobar con los datos del año en el que se inició el sistema:
Eso ha hecho que Cataluña sea la que más fondos ha recibido del actual SFA desde su puesta en marcha en 2009 hasta el presente año. Esta mejor financiación de Cataluña también se refleja en la financiación per cápita media entre 2009 y la actualidad
Al mismo tiempo, tanto que los separatistas claman por su independencia, debido a lo que consideran el maltrato de Madrid, y, sin embargo, no dudaron en renunciar a su autonomía financiera para alargar la mano y que su endeudamiento lo cubriese el Tesoro a través del FLA, pues la pésima gestión de sus gobiernos la había convertido en insolvente, con su calificación crediticia a nivel de bono basura.
De esta forma, Cataluña es quien más recursos ha recibido del FLA, ni más ni menos que 98.730,1 millones de euros entre 2012 y 2023, más otros 19.765,8 millones del Fondo de Facilidad Financiera (FFF), el conocido como "FLA bueno". Es decir, a Cataluña el Tesoro le ha colocado deuda en el mercado entre 2012 y la actualidad por valor de 118.495,9 millones, como se puede comprobar en los datos que ofrece el ministerio de Hacienda.
De la misma forma, también Cataluña fue la segunda región que más tuvo que recurrir a la financiación del Gobierno español para pagar a sus proveedores en 2012 y 2013, ante los atrasos que acumulaba en su caso por no poder colocar su deuda, debido a su insolvencia. De esta manera, el ministerio de Hacienda financió la deuda pendiente a proveedores de Cataluña con 6.465,60 millones de euros, un 21,40% de todos los recursos del plan de pago a proveedores.
¿Eso qué supone? Que además de haber sido la que más ha recibido del SFA, su deuda ha sido permanentemente financiada por la Administración General del Estado. Después de tantos años y de 118.000 millones financiados por los mecanismos extraordinarios de financiación (FLA, principalmente, y, en menor medida, FFF) la práctica totalidad de la deuda viva de Cataluña, 85.456 millones al ITR-2023, según el Banco de España, ha tenido que ser financiada por el FLA, salvo que tuviese alguna operación antigua a largo vencimiento, poco probable, y el corto plazo financiado con líneas de crédito.
Por tanto, cuando se habla de condonar la deuda del FLA, se está hablando de inyectar directamente todo ese dinero que se debe a la región o regiones a las que se le perdone. En el caso de Cataluña, la práctica totalidad de su deuda. Por tanto, el victimismo independentista catalán queda al descubierto, ya que no sólo el resto de España no roba a Cataluña, como dicen ellos, sino que Cataluña es la que más recibe del SFA, la que más ha sido sostenida en su endeudamiento por el Tesoro, una de las que más ha recibido del Plan de Pago a Proveedores, y un SFA diseñado para beneficiarla, con una financiación per cápita superior a la media y mayor que Madrid. Los problemas de Cataluña no son debidos a una mala financiación, puesto que como hemos visto recibe una de las mejores posibles en comparación con el resto de regiones, sino a una pésima gestión, con gastos innecesarios, que hacen que sea insolvente, no pueda financiarse por ella misma, al tener la calificación de bono basura y tener la mayor deuda pública de España, con uno de los mayores crecimientos de deuda sobre el PIB entre 2008 y la actualidad. Y ahora quiere condonación de sus deudas y un sistema de financiación exclusivo, imposible de sufragar por el resto.
Eso es lo que Sánchez está dispuesto a comprar para ser investido: el incentivo al mal gestor y el ataque a la solidaridad interregional.
Las deudas hay que asumirlas y pagarlas, no se pueden condonar, porque la distorsión económica sería muy importante, empobreciendo al conjunto de españoles, también de los catalanes, no justificado porque haya regiones que han seguido la barra libre de gasto y un endeudamiento exponencial, en lugar de preocuparse por gestionar adecuadamente y ofrecer a sus ciudadanos los mejores servicios. Es algo aberrante, intolerable y que puede causar un gran daño a la credibilidad de la economía española y, por tanto, a la actividad y al empleo. Es una medida a la que hay que oponerse de manera frontal, porque es dañina para el conjunto de la economía y el empleo.