Los incendios vuelven a campar a sus anchas por España. Los embalses no sólo tienen funciones de aprovisionamiento de agua para el consumo humano, sino también, como depósitos antiincendios. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a ello, acelera el programa de cierre de embalses con una larga lista de 85 eliminaciones de pantanos.
Unos de los que se enfrentan estos días a los cierres de embalses son los vecinos de Moraleja de Coca y Nava de la Asunción, que, pese a su presión, no han logrado frenar el derribo de la presa Grande o de Mesa del río Voltoya. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ya ha iniciado las obras para acabar con esta presa. Desde la Confederación se señala que la presa es una infraestructura hidráulica sin responsable de mantenimiento y que, fruto de ello, el embalse se ha convertido en peligro. Pero, en medio de esta argumentación, se ha obviado la petición del Ayuntamiento de Moraleja de Coca de encargarse del mencionado mantenimiento.
Y no es el único derribo que avanza. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ordenó el pasado mes de diciembre de 2022 la demolición de la presa del embalse de Peñascales. Un procedimiento ante el cual el anterior equipo de gobierno municipal (Vecinos por Torrelodones), como figura en la resolución emitida el 2 de diciembre de 2022 ni presentó alegaciones ni concurrió al trámite de audiencia, no presentando tampoco, al ser notificada la resolución el 15 de diciembre de 2022, recurso de alzada, para el cual tenía el plazo de un mes.
El anterior equipo de gobierno, además, ocultó esta situación a vecinos, oposición y asociaciones, hurtándoles así el derecho a presentar alegaciones durante el trámite de audiencia pública. La resolución del Ministerio es firme desde principios de 2023. La resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo se basa, entre otras cuestiones, en los años 2018 a 2021 en que no se hizo uso del aprovechamiento de agua para riego. Pero sí se ha usado el embalse como depósito antiincendio.
La presa, en cumplimiento de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, tiene que ser demolida antes de enero de 2025, y, encima, con los costes de las obras a cargo del Ayuntamiento. Una obra que no solo supondría un desembolso brutal de las arcas municipales, sino que provocaría, también, la pérdida de gran parte del valor medioambiental de Torrelodones. Para la nueva alcaldesa, Almudena Negro (PP), estamos ante "una dejación de funciones gravísima del anterior equipo de gobierno, que debe de responder por ello. Están inhabilitados para seguir representando a nuestros vecinos".
Pero lo cierto es que esa situación ha sido utilizada por el Gobierno para acelerar los trámites y considerar firme y cerrada la decisión de acabar con otro embalse más, el de Peñascales.