El Gobierno de Pedro Sánchez ha emitido una declaración de impacto ambiental positiva para una macroplanta fotovoltaica que se pretende instalar en la Plana Baja (Castellón) a pesar de que supondrá la pérdida de campos de regadío y a pesar también de la oposición de numerosos municipios al proyecto.
El proyecto, promovido por Arada Solar, filial de la multinacional noruega de renovables Statkraft, pretende ocupar más de 352 hectáreas de suelo con casi 339.000 módulos fotovoltaicos en los términos municipales de Vall de Uxó, Chilches y Moncófar. También se contempla la construcción de una nueva subestación eléctrica donde evacuará la planta mediante una línea de media tensión de casi 18 kilómetros de longitud.
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha mostrado su oposición al proyecto porque supondrá "la pérdida de una importante superficie agraria en plena producción", según ha denunciado en un comunicado. También insiste en "el daño que se le provoca a unos agricultores que han hecho, junto a las Administraciones, una importante inversión en sus campos para la modernización de regadíos y que ahora verán como ese esfuerzo queda en entredicho".
El Ejecutivo autonómico ha emitido varios informes negativos argumentando que la macroplanta "afecta a suelos de muy elevada capacidad agrológica". También diversos municipios afectados han suspendido la concesión de licencias para su construcción. A pesar de ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha emitido recientemente una declaración de impacto ambiental favorable, incluso aunque reconoce el impacto de esta y le impone 54 condicionantes para permitir el desarrollo del proyecto.
Autoconsumo energético
La asociación rural ha denunciado que "la concentración de instalaciones fotovoltaicas en grandes plantas concentradas en suelo agrícola o forestal es una clara agresión al mundo rural".
"Nos quieren imponer grandes proyectos fotovoltaicos sin ningún tipo de racionalidad cuando habría que acercar la producción energética a las grandes áreas urbanas e industriales de consumo, con el objetivo de evitar las pérdidas y el impacto del transporte de la energía a grandes distancias a través de las vías de evacuación que también afectan durante kilómetros a zonas de actividades rurales de interés", ha asegurado el secretario general de la Unión en la Comunidad Valenciana, Carles Peris.
Por ese motivo, propone que "se priorice el autoconsumo energético en vez de grandes plantas fotovoltaicas que destrozan el territorio rural y que ponen en peligro una importante superficie de terrenos agrícolas en plena producción, además de aniquilar la forma de vida de las personas que tienen su proyecto vital en estas zonas".
La organización también ha anunciado que se reunirá a lo largo de las próximas semanas con agricultores, Ayuntamientos, partidos políticos y asociaciones afectadas con objeto de consensuar una posición común de rechazo y no descarta tampoco convocar alguna acción de protesta.
Además, Peris insiste en que "en el contexto actual de producción de alimentos que no garantiza la suficiencia alimentaria y donde el IPC de los alimentos está bastante descontrolado, no nos podemos permitir que se pierda más superficie agraria útil cuando además tenemos zonas degradadas en las que se podrían instalar esas plantas fotovoltaicas".