Las regulaciones europeas que afectan a la agricultura y la ganadería están llevando al campo a la ruina mientras se siguen importando productos de terceros países que no están sometidos a esas mismas normas. Por ese motivo, el sector rural europeo está harto de que se les obligue a reducir la densidad de animales en las granjas, eliminar las jaulas o restringir el uso de fertilizantes y plaguicidas, mientras productos como las naranjas y los pomelos sudafricanos o el arroz indio, siguen llegando a la UE cargados de pesticidas prohibidos.
El Pacto Verde es la clave para entender este agravio comparativo que sufren los agricultores y ganaderos. En palabras de la UE, el Green Deal es "una hoja de ruta" que da respuesta a la "emergencia climática" declarada en noviembre de 2019 por el Parlamento Europeo. El problema es que la UE no tiene competencias sobre los Estados miembros en materia medioambiental, pero sí las tiene en pesca, agricultura y ganadería, así que el sector agrario se ha convertido en el objetivo de las políticas para "frenar el cambio climático" con imposiciones "sin rigor científico" que, además de arruinarles y culpabilizarles, están poniendo en grave riesgo la soberanía alimentaria europea, tal y como denuncian los propios agricultores y ganaderos.
El responsable de Asaja en Bruselas, José María Castilla, pone como ejemplo la ley de Restauración de la Naturaleza, en fase de aprobación en la UE: "Establecerá una nueva guerra de estándares entre los agricultores europeos y los agricultores de terceros países. Si la ley se aprueba tal y como está ahora mismo, los europeos tendremos que dejar una superficie importante sin tocar, donde no podremos practicar la agricultura, la pesca o la ganadería, mientras que otros países no tienen que cumplir esa norma y pueden utilizar más espacios productivos".
Otro ejemplo que pone Castilla es la estrategia europea denominada ‘Del campo a la mesa’, que, entre varios aspectos, pretende reducir en un 50% el uso de plaguicidas: "No hay ningún tercer país que haya puesto una cifra de reducción tan alta y de forma arbitraria, porque la propia Comisión Europea ha reconocido que no existe ninguna evidencia científica detrás de esa cifra. De este modo, nuestros competidores de terceros países podrán luchar contra las plagas con más recursos que nosotros y sus productos seguirán llegando a nuestros supermercados, porque la normativa que hay actualmente sólo impone unos límites. Es decir, les permite utilizar fitosanitarios que aquí están prohibidos siempre y cuando no superen ciertos márgenes".
Prohibición de exportar animales vivos
Otro de los aspectos que reduce la rentabilidad y la competitividad de la ganadería europea es la regulación sobre bienestar animal, "uno de los conjuntos de normas más extensos del mundo", en palabras de la propia UE. Incluye obligaciones como la reducción de la densidad de animales por metro cuadrado de explotación, la eliminación progresiva de las jaulas, la obligación de que los cerdos dispongan de juguetes antiestrés o sistemas de videovigilancia en los mataderos. Pero esa "extensa" normativa sigue avanzando, la mayor parte de las veces impulsada por los lobbies animalistas.
"Ahora se va a debatir otra norma que nos dejará atrás en competitividad. Quieren prohibir la exportación de animales vivos a terceros países. España es un gran productor para países como Marruecos, Argelia, Egipto y en general toda la cuenca mediterránea. Pero con la prohibición de exportar animales vivos, esos países buscarán otros proveedores. Y de hecho, ya tenemos conocimiento de que países como Argentina y Uruguay ya han establecido contactos con estos países africanos para satisfacer la demanda que España dejará de cubrir si finalmente se aprueba esa regulación".
Todo este conjunto de leyes europeas generan una situación de evidente desigualdad con respecto a los terceros países, sin olvidar la normativa en materia de derechos humanos, salud laboral y derechos sociales. "Obviamente es necesario proteger al trabajador y queremos que así sea, pero es hipócrita permitir las importaciones de países donde se vulneran los derechos de la infancia o de las mujeres", señala Castilla. Uno de los ejemplos más evidentes es Sudáfrica, de donde Europa importa naranjas y pomelos y donde se estima que hay más de un millón de niños que trabajan, según Unicef.
Manifestación del campo ante los ministros de la UE
Hartos de la desigualdad que padecen y que amenaza con llevarles a la quiebra, los agricultores y ganaderos de España y Portugal, y con el apoyo de los colectivos europeos, han anunciado que se concentrarán este martes, 5 de septiembre, ante los ministros de la Unión Europea que se reunirán ese día en Córdoba, para protestar "contra los continuos ataques que recibe el sector" y reclamar "el mismo trato que reciben terceros países".
La movilización tendrá lugar a las 11.00 horas en la Puerta del Puente (Plaza del Triunfo), en Córdoba, y está convocada por ASAJA, COAG, UPA, SOS Rural y Cooperativas Agroalimentarias. Protestarán por "la situación de indefensión que padecen los agricultores y ganaderos ante las políticas que se están llevado a cabo desde Bruselas, junto a la desidia y entrega a ciertos lobbies que actúan contra el mundo rural".
El sector rural considera fundamental que se "exija a las producciones que vengan de terceros países los mismos requisitos a los que se obliga dentro de la UE, igualdad de condiciones laborales, de uso de productos fitosanitarios y controles rigurosos en las fronteras", señala el comunicado enviado por las asociaciones convocantes de la protesta.