La pasada primavera, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió a propios y extraños con un aparente cambio de discurso en materia de vivienda. El mandatario socialista, que llevaba años prometiendo revertir el incremento de los precios a base de políticas de demanda, anunció por sorpresa que apostaría por sacar al mercado miles de viviendas para así lograr un shock de oferta capaz de frenar la escalada de costes.
Aquel anuncio, formulado a mediados del mes de abril, fue solamente el comienzo. En los días que siguieron, Sánchez llegó a anunciar una serie de medidas orientadas a sacar 50.000 pisos al mercado e incluso continuó inflando la cifra hasta llegar al número de 91.000 viviendas. Sin embargo, conforme el Ejecutivo desveló la "letra pequeña" de su estrategia, resultó cada vez más evidente que las soluciones propuestas tenían mucho de propaganda y poco contenido real.
Las viviendas que Sánchez pretende movilizar para favorecer el "alquiler social" forman parte de la Sareb, también conocida como el "banco malo". Y, como es lógico, el grueso de la cartera de inmuebles que siguen en manos de dicho vehículo son pisos y casas desarrolladas en plena "burbuja" inmobiliaria en zonas donde hoy por hoy apenas existe demanda. Un ejemplo claro lo tenemos en Madrid, donde los pisos que controla la Sareb apenas suponen el 0,08% del parque de vivienda de la capital. Es más: si ampliamos el foco y evaluamos la situación a nivel nacional, encontramos que solamente un tercio de los pisos del "banco malo" están ubicados en municipios donde hay demanda de alquiler.
El paso del tiempo reveló, además, que parte importante de los activos de la Sareb movilizados por el plan del gobierno son solares sin desarrollar o inmuebles que presentan daños y necesitan trabajos de rehabilitación y adecuación. Este último epígrafe alcanza los 12.000 activos, de modo que más de la mitad de los 21.000 pisos que prometió Sánchez en primera instancia no están siquiera en condiciones de habitabilidad.
Además, la cartera del "banco malo" también está llena de pisos que sí están completados, pero se encuentran "okupados". De hecho, según ha trascendido, hay al menos 2.300 casas que están en esta circunstancia y que han terminado en manos de personas a los que no se puede considerar como familias vulnerables. En definitiva, una vez se toman en cuenta las circunstancias reales de la cartera inmobiliaria, resulta evidente que el plan de Sánchez no era más que mucho ruido y pocas nueces.
Pero la cosa no acaba ahí. De los 21.000 pisos que puso encima de la mesa originalmente el gobierno, apenas 1.000 han entrado finalmente en el proceso de tramitación que deben completar las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales o los ayuntamientos si quieren sacar dichos inmuebles al mercado dentro de distintos programas de "alquiler social". Además, una cosa es que se hayan iniciado estas conversaciones y otra que finalmente se produzcan acuerdos finales. De modo que la cifra final puede quedarse por debajo del 5%, según fuentes de la Sareb.