El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a bombo y platillo que pretende movilizar hasta 50.000 inmuebles de la SAREB (comúnmente conocida el banco malo) para contribuir al abaratamiento del alquiler. Su propuesta resulta muy interesante no tanto por lo que dice, sino por lo que supone. No en vano, Sánchez está reconociendo implícitamente que podría haber hecho algo así hace cinco años, cuando llegó a la presidencia del gobierno, pero sólo ha optado por aplicar una medida de este calado a las puertas de las elecciones autonómicas y regionales de mayo y de los comicios generales de diciembre.
Al mismo tiempo, el presidente está admitiendo, aunque sea sin quererlo, que su gobierno ha sido incapaz de abaratar la vivienda. De hecho, la subida anual de los precios recogida por el INE ha sido del 6,6% en 2018, del 3,6% en 2019, del 1,5% en 2020, del 6,4% en 2021 y del 5,5% en 2022, según datos oficiales. Por lo tanto, aunque no haya una disculpa ni un reconocimiento de tal fracaso, Sánchez está admitiendo que su política ha arrojado pésimos resultados, motivo por el cual anuncia este nuevo volantazo.
De igual modo, el cambio de discurso del mandatario socialista también parece dar argumentos a quienes defienden desde hace años que el problema de fondo está en la escasez de oferta, un problema que sólo se puede resolver desbloqueando la burocracia y los cuellos de botella que son propios del viejo modelo de planificación urbanística que tanto ha defendido la izquierda ante las propuestas de liberalización.
El problema, en cualquier caso, está en la naturaleza de los activos inmobiliarios que controla la SAREB. Muchos de los inmuebles controlados por el banco malo corresponden con promociones propias del boom del ladrillo que no tienen salida en el mercado por factores varios, como por ejemplo estar ubicadas en zonas de baja demanda. Así, si nos fijamos en la cartera de inmuebles de la SAREB, podemos ver que apenas cuenta con 1.200 viviendas en la ciudad de Madrid.
Para poner en perspectiva esta cifra, podemos fijarnos en el ceso de edificios y viviendas que elabora el Ayuntamiento de Madrid. De acuerdo con dicha serie estadística, la capital cuenta con 1,5 millones de pisos, casas y demás activos inmobiliarios dedicados a fines residenciales. Por lo tanto, las 1.200 viviendas que podría movilizar el plan Sánchez suponen un aumento de apenas un 0,08% en el total de inmuebles disponibles en el mercado.
Por comparación, las grandes operaciones urbanísticas desbloqueadas a nivel municipal por el gobierno de José Luis Martínez Almeida ascienden a 163.000 viviendas. Dicho de otro modo: por cada 1 piso que puede sacar al mercado la propuesta de Sánchez, el consistorio ha permitido el desarrollo de 135 viviendas. Y, no lo olvidemos, muchos de estos desarrollos quedaron han contado con la oposición activa del PSOE, que apoyó firmemente la política urbanística del anterior equipo municipal de Manuela Carmena y Ahora Madrid. Además, incluso aquellos inmuebles que sí saldrán al mercado lo hacen con una dotación residencial muy mermada por obra y gracia de la izquierda, caso de la Operación Chamartín, donde la cifra final de viviendas autorizadas será mucho menor de la proyectada originalmente, a raíz de la insistencia de la izquierda en limitar el número de pisos construidos en dicho espacio.