A la tradicional cuesta de septiembre, como consecuencia del inicio escolar, se le puede sumar una aún más empinada cuesta de enero debido al repunte de las presiones inflacionistas y el fin de las rebajas fiscales en materia energética.
El aumento del 2,6% interanual que registró la inflación el pasado mes de agosto es un espejismo que desvirtúa la complicada situación económica que atraviesan muchas familias, cuyos sueldos no alcanzan para afrontar el encarecimiento de las facturas.
Para empezar, la fuerte subida que está registrando el petróleo y los costes laborales en los últimos meses hacen prever un nuevo repunte de la inflación a corto y medio plazo. Esta es la razón por la que el Banco de España estima ahora que el IPC cerrará este año en el 3,6% y subirá al 4,3% el próximo.
Una subida general de precios que, además, se manifiesta especialmente en la alimentación. Las familias españolas destinaron el pasado agosto un 12% más de gasto a la cesta de la compra, según NIQ, entidad especializada en inteligencia del consumidor. La alimentación supuso el mayor desembolso, con un incremento medio del 13,8% interanual. Y dentro de esta categoría destacan los aceites, con un alza media del 62%.
Pero la compra no es el único elemento de preocupación. Los combustibles también han subido con fuerza, oscilando entre los 1,67 y 1,75 euros por litro de gasolina y diésel, respectivamente, tras aumentar entre un 10% y un 16% desde el pasado mes de junio.
El encarecimiento del petróleo, que cotiza ya por encima de los 90 dólares por barril, explica parte de esta evolución, pero también la eliminación de las bonificaciones que decretó el Gobierno en el arranque del presente año. Desde entonces, tan sólo los transportistas profesionales se pueden beneficiar de un descuento que, además, ha pasado de 20 a 10 céntimos por litro y bajará a tan sólo 5 céntimo a partir de octubre.
Esto mismo es lo que puede suceder a partir de enero con los precios de la energía. El Gobierno, al igual que ya ha hecho en 2023 con los combustibles, pretende retirar en 2024 las bonificaciones fiscales que, hoy por hoy, disfrutan los particulares en sus facturas de luz y gas.
Dichas rebajas, aprobadas como consecuencia de la invasión de Ucrania por pare de Rusia para hacer frente a las presiones inflacionistas, podrían tener los días contados, ya que el Ejecutivo en funciones quiere eliminarlas el próximo 1 de enero, según refleja el plan presupuestario de 2024 que tiene que remitir a Bruselas en octubre.
La consultora de energía Ingebau detalla para Libre Mercado el impacto concreto que supondrá para las familias esta nueva subida fiscal: la factura media de luz y gas podría aumentar entre un 20% y un 15% a partir de enero, respectivamente.
Ahora mismo, el impuesto eléctrico, que afecta a casi todos los componentes de la factura, se paga al 0,5% frente al 5,11% previo, mientras que el IVA, que afecta a toda la factura, es del 5% frente al 21% general. El fin de las rebajas se traducirá en subidas de hasta el 20%.
Llevado al ejemplo concreto de una familia media, con un consumo de 50 euros al mes y potencia contratada de 20 euros, la factura subirá casi 30 euros, pasando de 149 a un total de 176 euros.