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José María Rotellar

Libertad de expresión frente a coacciones

Somos economistas que aplicamos nuestros conocimientos y nuestras preferencias por la escuela liberal clásica o liberal europea y analizamos, desde esa óptica y con nuestra formación, la política económica.

Somos economistas que aplicamos nuestros conocimientos y nuestras preferencias por la escuela liberal clásica o liberal europea y analizamos, desde esa óptica y con nuestra formación, la política económica.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. | EFE

A cuatro economistas -entre los que me encuentro- que colaboramos en los medios de comunicación con nuestros análisis económicos y políticos, nos ha llegado, a través de una tercera persona que no tiene nada que ver con el Gobierno pero que cuenta con gran prestigio, relevancia y responsabilidades a nivel internacional, un recado, en forma de advertencia, según nos dicen, procedente de los entornos gubernamentales, donde afirmarían, de ser cierto, que, "si siguen así, vamos a por ellos".

Es obvio que entendemos que esto no puede ser cierto, que tiene que ser algo que alguna persona se ha inventado al contárselo a esa otra tercera persona, porque no podemos entender, ni por un momento, que esa afirmación pueda ser cierta, no nos cabe en la cabeza que eso pudiese pasar en una democracia, como es España, en el seno, además, de la Unión Europea. Es cierto que, en ocasiones, hemos recibido llamadas o mensajes mostrando malestar por opiniones, artículos o intervenciones, pero sin ir más allá, obviamente. Esta afirmación recibida a través de un tercero sería, de ser cierta, algo gravísimo, que nos lleva a pensar que no puede ser verdad.

Y no podemos darle credibilidad porque si fuese cierto serían prácticas mafiosas, de regímenes dictatoriales, no sólo no tolerables en una democracia, sino que ni siquiera pueden ser contemplables o imaginables en ella, de ahí nuestra perplejidad y nuestra incredulidad. Ni por un momento podemos pensar que un gobierno pueda hacer algo así en un país democrático. Eso es propio de dictaduras o de dictaduras revestidas de democracia, como sucede en Cuba o Venezuela, donde hay persecución política contra el que no piensa como el gobierno, pero aquí no puede ser verdad.

Nosotros somos economistas que aplicamos nuestros conocimientos y nuestras preferencias por la escuela liberal clásica o liberal europea y analizamos, desde esa óptica y con nuestra formación, la política económica y la política en general. Es obvio que se puede discrepar de nosotros, faltaría más, al igual que nosotros podemos discrepar de otros, incluido todo el espectro político. Es la libertad de expresión la que ejercemos y ejerce cada persona que emite una opinión, siempre respetuosa, aunque sea discrepante, al menos en las que nosotros emitimos. Vivimos en libertad y empleamos dicha libertad para expresar nuestra opinión como consideramos oportuno. Podemos estar acertados o equivocados en nuestros análisis, sin duda; se puede estar de acuerdo con ellos o no; pueden gustar más o menos, pero lo que en ningún caso se entendería es que eso provocase una persecución política. Es algo tan grave, tan imposible en una democracia, que, como digo, no damos credibilidad a esa afirmación consistente en que si no nos callamos, vienen a por nosotros.

Seguiremos, como hacemos, analizando la política económica y la política en general, dando nuestra opinión, expresando nuestras consideraciones y exponiendo nuestros argumentos, desde la libertad de expresión que nos ampara a todos los ciudadanos y nuestro convencimiento firme en la democracia, que, insisto, hace que no podamos dar credibilidad alguna a la afirmación antes referida.

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