Impulsaremos una herramienta personalizada para que cada español sepa exactamente a qué se destinan los impuestos que paga, y así la ciudadanía pueda juzgar por sí misma la importancia de los impuestos para sostener el estado de bienestar.
La propuesta es la última del capítulo 8, el dedicado a "Una Fiscalidad justa y adaptada a los retos del presente". Un bloque que comienza con una frase de veracidad más que discutible, cuando dicen que su reforma fiscal buscará que "contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente)" y que termina con esta promesa de transparencia.
Porque PSOE y Sumar, en el acuerdo de investidura que han presentado este martes, aseguran que su objetivo es aumentar sustancialmente los ingresos públicos, hasta el 46% del PIB (la "media europea", aseguran): lo que supondría unos 3 puntos más que el 43% con el que se cerró 2022. Tres puntos de PIB (más de 40.000 millones de euros) que afirman que saldrán de los bolsillos de los ricos y las grandes empresas. Y claro, si uno promete esto, lo normal es que el contribuyente precavido piense en cuánto le puede costar.
Por eso, quizás para amortiguar el golpe, han decidido explicarnos a dónde van a parar nuestros impuestos, con esa idea de que podamos "juzgar" por nosotros mismos. Es como esa factura en la sombra que algunos servicios públicos ofrecen, para que el usuario sepa cuánto cuesta el tratamiento que le aplican. Hasta ahí, nada raro. Habrá que ver cómo "impulsan" (curioso verbo) la herramienta-app. Pero es la clásica medida socialdemócrata para que el ciudadano sepa lo mucho que debe a su Gobierno.
Lo extraño viene con la otra parte. La que, como diría Sherlock Holmes, no se produjo. El ladrido del perro que nadie escuchó, porque conocía al ladrón. En este caso, por supuesto, hablamos del que paga y cómo lo hace. Porque si PSOE y Sumar quieren ser transparentes con los impuestos lo tienen muy fácil: no sólo explicar a dónde va ese gasto. Es todavía más sencillo explicar de dónde vienen los ingresos.
El primer paso sería incluir las cotizaciones de la Seguridad Social a cargo de la empresa en el sueldo bruto. De esta manera, cada trabajador podría saber cuál es su coste laboral total y desglosar en el mismo: cuánto paga mi empleador; cuánto recibo yo en neto; cuántas cotizaciones abono y me generan derecho a una pensión en el futuro; qué parte es sólo un impuesto sin nada contributivo.
Luego, algo más complicado pero también al alcance del Ministerio de Hacienda, sería que a cada contribuyente le llegara a casa el acumulado de impuestos que ha abonado: en lo que tiene que ver con el IRPF y las cotizaciones, la tarea es sencilla, no habría más que agrupar la información planteada en el anterior párrafo. En el resto de impuestos (desde el IBI al ITPyAJ pasando por todas las demás figuras tributarias similares) habría que asociar cada tributo al pagador por el NIF del ciudadano: nada que el big data de Hacienda no pueda hacer.
Por último, tendríamos los impuestos al consumo (IVA, Impuestos Especiales...). Aquí sólo se podría hacer una estimación, pero tampoco sería imposible contabilizar cuánto paga un hogar de cada región por el acumulado de este tipo de figuras y que el contribuyente, con esa información, aproxime cuánto le toca a él.
¿Va a seguir este camino el Gobierno "de progreso"? No lo parece. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Seguridad Social, el ente más oscuro a efectos de que el ciudadano sepa cuánto aporta y en concepto de qué, los planes del ministro José Luis Escrivá son:
- Mantener al margen la cotización a cargo del empleador (lo que provoca que la mayoría de españoles no conozcan su sueldo real total);
- Seguir subiendo la base máxima de cotización por encima de la pensión máxima: con lo que una parte de lo que se supone que es "cotización" en realidad es un impuesto puro y duro, porque no genera ningún derecho a futuro (lo explicábamos hace unas semanas, es el impuesto oculto de las pensiones)
- Implantar dos nuevos impuestos, pero con nombres que suenan como si fueran cotización (y pagados como tales): el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la Cuota de Solidaridad.
La realidad es que el mismo Gobierno que promete tanta transparencia en lo que tiene que ver con el destino de nuestros impuestos complica mucho que sepamos la procedencia y la cuantía de los mismos. Se antoja un proceder algo desequilibrado. Según el propio texto el acuerdo, los españoles deben saber "exactamente" a qué se destina el dinero que les cobran para ser una ciudadanía bien informada y que pueda valorar a sus políticos. Pero no cuánto dinero es ni cómo se les cobra y en concepto de qué: esto debe ser menos relevante.