Los ayuntamientos no tienen dinero ni recursos para implantar la ley de Bienestar Animal impulsada por el Ministerio de Ione Belarra. El servicio de urgencias veterinarias 24 horas, la gestión de las colonias felinas, las instalaciones y el personal cualificado para cuidar de cualquier tipo de animal abandonado... son muchos gastos para consistorios que en la mayoría de los casos ni siquiera pueden destinar esos recursos para los propios vecinos. Así se lo han transmitido al director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, que ya ha pedido que se abra el grifo de dinero público para que su ley no quede en papel mojado.
"Nos las estamos viendo y deseando para atender adecuadamente nuestras necesidades en general", ha señalado Pablo Laguna, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de La Zubia (Granada). "De repente se van a ver incrementados los gastos", ha señalado, "y vamos a necesitar ayuda". Durante su intervención en el III Congreso de Bienestar Animal, Laguna también ha explicado que actualmente están recogiendo entre 30 y 60 perros abandonados al año en la zona: "¿Y qué vamos a hacer con ellos? Porque en la perrera nos cobran seis euros por perro y día y allí no están en las mejores condiciones".
La ley animalista impide el sacrificio de animales, excepto por motivos de salud no tratables que aboquen al animal a un sufrimiento prolongado. La política sacrificio cero obliga a los ayuntamientos a pagar a las perreras para acoger a los animales abandonados. Pero esas protectoras o refugios ya están sobresaturados y no disponen de los recursos suficientes para atender a todos los animales recogidos, que en su mayoría son perros y gatos, aunque no siempre es así.
Preparados para atender a cualquier animal
La ley obliga a los ayuntamientos a estar preparados para atender a cualquier animal. Deben contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria disponible las veinticuatro horas del día, es decir, todo un sistema sanitario de transporte, veterinarios y clínicas preparado para atender a cualquier animal abandonado. Y esta es una de las grandes preocupaciones del Ayuntamiento de Mataró, según ha relatado Laia de Balanzo, jefa de sección de Ciudadanía y Convivencia: "Estamos preparados para perros, gatos y hurones. ¿Pero qué pasa con los centros de acogida de otros tipos de animales?"
También ha denunciado que en Mataró han aumentado los abandonos de conejos, cobayas, hámsteres y otras especies que todavía no se sabe si entrarán en el listado positivo de mascotas permitidas. "Necesitamos estar preparados para animales de este tipo, porque en Mataró ya tenemos convenios para la gestión de colonias felinas y animales exóticos, pero ¿dónde van a ir el resto de animales?", ha preguntado.
Incluso un ayuntamiento grande como el de Madrid, está teniendo problemas para poder implantar la ley: "Son demasiados artículos y son demasiados desarrollos reglamentarios que llevan aparejado un gasto importantísimo", ha señalado Ana Pérez, subdirectora general de Madrid Salud. "Los recursos que se están destinando son importantísimos y aun así faltan recurso técnicos".
Gestión de colonias felinas
Precisamente la gestión de las colonias felinas es otra de las principales preocupaciones que tienen los responsables locales de implantar la ley animalista. Desde el pasado 29 de septiembre, los ayuntamientos están obligados a gestionar las colonias felinas, lo que significa elaborar un plan de gestión y contar con voluntarios o trabajadores formados que se encarguen del control y vigilancia de los gatos callejeros. Además, tienen que capturar a todos esos gatos ahora denominados "comunitarios", vacunarlos, desparasitarlos, esterilizarlos y retornarlos a las colonias.
El propio director de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, ha admitido que los dos millones de euros de subvenciónes que van a salir directamente de su oficina son insignificantes: "Un 10% de los ayuntamientos ha solicitado las subvenciones a colonias felinas y apenas el 15% podrán acceder a los recursos. Es hora que la Administración del Estado despliegue recursos y mecanismos para poder desarrollar todo esto".
Belarra prometió una ley sin incremento del gasto público
Curiosamente, cuando el departamento de Sergio García Torres redactó la ley de Bienestar Animal, aseguró que no implicaría un aumento del gasto público. De hecho, el texto inicial incluía una disposición final que decía literalmente: "Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal".
Esa disposición desapareció gracias a los senadores de ERC que, durante el trámite de enmiendas previa a la votación en el Senado, eliminaron esa disposición argumentando que era algo "inasumible y poco realista".
Muchos expertos, entre ellos los veterinarios municipales, también alertaron desde un principio que la ley animalista era una "utopía" ya que "sólo un 20% de los municipios de más de 20.000 habitantes tienen veterinario municipal" y resulta sumamente caro y descabellado disponer en cada pueblo de un quirófano veterinario y el personal necesario para atender las necesidades de los animales, cuando muchos de esos pueblos ni siquiera cuentan con un ambulatorio para los vecinos.