Pedro Sánchez, en su enloquecida obsesión por mantenerse como presidente del Gobierno, está destrozando España, vendiéndola a trozos, socavando su prestigio y empobreciendo al conjunto de españoles que tienen que sufragar el precio que el aquelarre de sus socios le exige.
Les cede los Cercanías de RENFE a Cataluña, llamados allí Rodalies, se lo acompaña de financiación adicional, en más de 130 millones de euros, y les cede la infraestructura de ADIF, por donde circulan otros trenes además de esos cercanías, con lo que RENFE tendrá que pagar al gobierno catalán por la utilización de esas infraestructuras cuando circulen sus trenes. Adicionalmente, pacta con ellos una amnistía, que vuela por los aires el Estado de Derecho, al ser inconstitucional y pasar a considerar al Estado como represor, que es lo que significa la amnistía; también acuerda con ellos la celebración de un referéndum de independencia, que es lo que es, lo vistan como lo vistan; acepta la figura de un relator o intermediario, como si España fuese una dictadura que no ofrece garantías jurídicas; los reconoce como nación, contrario a la Constitución; y les perdona parte de la deuda catalana emitida a través del FLA.
Todo ello se lleva por delante a España, tal y como la hemos conocido hasta ahora, y no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que tenemos que denunciarlo una y otra vez. Todo es gravísimo. Quizás, ante tal ignominia general, el asunto de la condonación de la deuda no sea el peor de todos desde el punto de vista social y político, pero también debilita a España, al suponer una pérdida de credibilidad en la economía, en la fiabilidad de la misma, al levantar una barrera a los inversores, al introducir una inseguridad en quién va a asumir las futuras deudas que contraiga Cataluña. Inseguridad que se extiende y perjudica al conjunto de AAPP españolas, porque al dudar con una se duda de todas, por efecto contagio.
El perdonar la deuda, da igual que sea todo o parte, es una barbaridad legal y económica. Es una barbaridad legal, porque al realizarse al dictado de Cataluña y, específicamente, para Cataluña, se vuelve inconstitucional, porque atenta contra el artículo 138.2 de la Constitución Española:
"Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".
¿Y qué es esta medida, sino una medida que otorga privilegios a una región? Por otra parte, el artículo 157.3 de la Constitución establece que podrá regularse mediante ley orgánica las competencias financieras de las CCAA, que son enumeradas en el artículo 157.1 de la Constitución, entre ellas, las operaciones de crédito. Y ello está regulado en la LOFCA, en el artículo 14. Del mismo modo, en dicha ley orgánica, se contempla en la DA octava la posibilidad de detraer de los recursos del SFA las cantidades necesarias para atender los mecanismos adicionales de financiación, como el FLA, si no se atienden por parte de la comunidad autónoma.
Sánchez, en lugar de velar por dicho cumplimiento, lo vuela por los aires y les regala ese importe. Y aunque lo amplíen a todas las CCAA para tratar de salvar el incumplimiento del artículo 138.2 de la Constitución, antes citado, no dejará de ser un privilegio, pues se hace para beneficiar a Cataluña, porque en el propio acuerdo del PSOE con ERC se especifica que la operación supondrá la asunción del 20% de la deuda viva de Cataluña con la AGE. Por tanto, es una operación unilateral, que incumpliría la Constitución -aunque esto, a Sánchez, no le preocupará, porque más la incumplirá con la amnistía- por mucho que después pretenda extenderse al resto. Adicionalmente, se les garantiza que el FLA seguirá atendiendo el endeudamiento de Cataluña si lo precisa, quién sabe si para dentro de un tiempo condonar otra parte o la totalidad, dependiendo de lo que Sánchez necesite para seguir un tiempo más en la cabecera del banco azul.
Descrédito
Y también es una atrocidad económica y financiera, porque lanza una señal pésima como país: ¿qué inversor va a confiar en cualquier comunidad autónoma a la hora de financiarla, si pueden no hacerse responsables de la deuda que emitan con este sistema ideado por Sánchez para obtener los votos de los independentistas? Esto es gravísimo, porque debilita la credibilidad crediticia de todo el Reino de España, que dificultará el acceso a los mercados y el coste de financiación tanto del Tesoro como de todas las AAPP españolas.
Es cierto, como me dicen algunos amigos y conocidos, que eso no se va a notar en el corto plazo, sino que incluso los inversores, los bonistas, aprovecharán para hacer arbitraje, pero eso sucede porque ahora mismo toda la deuda está respaldada, de una u otra manera, por el BCE. Ahora bien, ¿qué sucederá si, en algún momento, el BCE deja de respaldar la deuda soberana y subsoberana? Que el riesgo aumentará, se colocará la deuda peor en los mercados y el coste será mayor. Ahora no se ve, pero eso, en un entorno adverso y si el BCE tiene que dejar de respaldarla, sucederá.
Cataluña no tiene un problema de financiación, pues el Sistema de Financiación Autonómica (SFA) se diseñó a su antojo, lo que sucede es que sólo pensaron en que la economía siempre iba a crecer, y los impuestos autonómicos son muy elásticos respecto a la actividad, y cuando esta última cae, la recaudación cae a plomo. También son los más beneficiados por la financiación que el FLA les procura, porque su mala gestión hizo que su deuda fuese considerada bono basura, siendo expulsados de los mercados tras aquellos bonos patrióticos que, en su momento, emitieron. Su problema ha sido siempre de desviación de gasto, de un gasto desmedido, que nunca corrigieron.
Con esta medida, se premia a quien lo hace mal, se castiga a quien lo hace bien y se incentiva que se haga mal, con el dinero de todos los españoles. Es una discriminación inconstitucional frente al resto de regiones (artículo 138.2 de la Constitución) y un error gravísimo desde el punto de vista económico y financiero. Y si a todas las CCAA les condonan una parte equivalente de la deuda sobre su PIB equivalente a lo que van a condonar a Cataluña para que no sea inconstitucional, puede que desaparezca la discriminación -aunque no de origen, porque la medida se toma y calcula para beneficiar a Cataluña, como queda claro al leer el texto del acuerdo entre PSOE y ERC-, pero no desaparece el error económico y financiero.
Y no desaparece ese error económico y financiero porque, en primer lugar, ¿qué credibilidad va a dar la economía de un país con administraciones de distinto nivel que, llegado el caso, pueden endosarle esa deuda a la administración superior? ¿Y si un día esa administración superior no lo cubre, porque no hay, a día de hoy, nada que obligue a la Administración General del Estado (AGE) a responder de la deuda autonómica y local? Genera una inseguridad tremenda en el mercado a largo plazo, por mucho que en el corto plazo, como diga, puedan beneficiarse los inversores con el arbitraje comentado, pero la vida y la economía, salvo para el fracasado planteamiento keynesiano, es mucho más que el corto plazo.
Adicionalmente, ese error se ve incrementado porque si a una región le regalan la deuda, ¿por qué va a cumplir, si le sale gratis endeudarse más? Con ello, se incentiva el gasto, el déficit y el endeudamiento, que crecerá, así, tanto en valores absolutos como sobre el PIB, perjudicando, de nuevo, la calidad crediticia del Reino de España. No se notará, insisto, mientras el BCE mantenga la respiración asistida de su respaldo, pero eso puede llegar a su fin -debe llegar, de hecho- en algún momento.
Y desde el punto de vista de los principios y valores, vuela por los aires la responsabilidad de hacer una buena gestión, de ser eficientes, de no malgastar, de aquilatar el presupuesto, porque da igual si se hace bien o mal, porque la irresponsabilidad se cubrirá.
La deshonra de acudir al FLA
Hubo un tiempo en el que los gestores se responsabilizaban de su actuación y trataban de hacerlo de la mejor manera posible. Lo viví en primera persona, en la anterior crisis, como Viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Entonces, no se nadaba en la abundancia de ingresos de ahora -aunque esta abundancia sea artificial y vaya a caer ahora- sino que los recursos eran muy limitados. Los mercados estaban cerrados y cumplir con la estabilidad presupuestaria manteniendo la excelente calidad de los servicios esenciales era muy difícil, pero lo conseguimos. Con pocos recursos, la tentación para reponer Patrimonio podría haber sido grande, porque el Ministerio de Hacienda modificó la ley en diciembre de 2013 para que ese ingreso pudiesen quedárselo las comunidades autónomas, pero renunciamos a algo que era malo para la economía. Pudimos haber ido al FLA, pero entonces era un desprestigio el acudir, era deshonroso, y preferimos no meternos en dicho mecanismo adicional de financiación y transmitir el mensaje de que no fallaba el Estado de las Autonomías, porque haciéndolo bien, como Madrid, se podía lograr financiación, sino que el problema era de gestión, como en Cataluña, expulsada de los mercados por ello. Igual que nosotros, lucharon, y mucho, Galicia y Castilla y León, que no entraron en el FLA. También lo hizo excelentemente Canarias, que aunque sí entró en el FLA -de lo que se arrepintió muchas veces- realizó una gran gestión y no se deslizó por el incumplimiento.
Para los que no estábamos en el FLA, lo fácil habría sido acogernos a él, cuando el Ministerio de Hacienda les concedió en diciembre de 2014 un año, ampliable después a alguno más, de intereses cero, que les otorgaba así, indirectamente, ingresos no financieros, al aliviarles el capítulo III del gasto no financiero de sus presupuestos, pero no quisimos y luchamos para financiarnos mejor, consiguiendo Madrid, por ejemplo, financiarnos en 890 millones de euros con intereses cero a tres años. Enrique Ossorio, que fue el consejero del ramo y, sobre todo, Ignacio González, como presidente, y yo mismo, sufrimos presiones de todo tipo para ir al FLA, pero preferimos no acudir porque, así, contribuíamos a mandar una buena señal, de que las cosas se podían hacer bien, aunque hubiese que trabajar sin descanso, con José Luis Moreno, por ejemplo, como Director General de Política Financiera, recorriéndose medio mundo para atraer inversores.
Igual hizo Galicia, con un Miguel Corgos, actual Consejero de Hacienda de Galicia y, entonces, Director General de Presupuestos, que ajustaba sus cuentas, trabajando mucho y con gran profesionalidad, para que Galicia pudiese cumplir y financiarse en los mercados. O Castilla y León, con Pilar del Olmo como Consejera de Hacienda y Fernando Vallelado como Director General de Política Financiera en dicha región, que también consiguieron, mediante el trabajo y la disciplina, cumplir y financiarse por ellos mismos. O Canarias, cuyo consejero y viceconsejero eran grandes profesionales, singularmente este último, Jesús Velayos, que hicieron que Canarias fuese una de las referencias en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad.
O muchas otras regiones, que habían heredado una pésima situación, pero que buscaban cumplir con sus obligaciones, como Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, La Rioja, Cantabria, Murcia o Valencia, entre otras. Y veíamos cómo Cataluña o Andalucía incumplían pese a darles más margen de objetivo de estabilidad, como con el déficit asimétrico aprobado en julio de 2013, pero no queríamos eso, sino cumplir con nuestra obligación.
Sin embargo, con esta medida, Sánchez, aparte de asegurarse los votos independentistas para su investidura, busca desincentivar el cumplimiento, lo cual es muy grave. Por eso, el resto de CCAA no debe caer en la tentación de pedir que les condonen a ellas también la deuda. Es algo muy humano, porque ven delante de sus ojos cómo se comete una injusticia, pero deben denunciarlo y combatirlo, defendiendo la ortodoxia. Deben enarbolar la bandera de la seriedad y decir "yo quiero pagar mis deudas y quiero que todo el mundo pague las suyas", porque si pasan a defender otra cosa, por muy humano y comprensible que sea ante tamaña injusticia, será una equivocación.
El problema no se arregla extendiendo la condonación de deuda a todas las CCAA, sino que se arregla impidiendo que se le condone la deuda a Cataluña (y a cualquier otra).
No se puede condonar ni un céntimo de euro de deuda, ni a Cataluña ni a nadie, pero eso es lo que Sánchez está dispuesto a comprar para ser investido: el incentivo al mal gestor y el ataque a la solidaridad interregional. Se acaba con la disciplina de hacer bien las cosas, convierte en inútil todo el esfuerzo que hicimos entonces por gestionar eficientemente -y entonces, aunque alguno no lo comprenda por mirarlo con los ojos despreocupados actuales, la situación presupuestaria y en los mercados era terrible-, como antes he mencionado, porque el manirroto tiene ahora premio con el perdón, que hace indiferente el hacerlo bien o mal, salvo por la profesionalidad de cada uno, que, obviamente, eso está por encima de todo.
Hay que recuperar aquel espíritu de sacrificio y de tratar de hacer las cosas bien. Las deudas hay que asumirlas y pagarlas, no se pueden condonar, porque la distorsión económica sería muy importante, empobreciendo al conjunto de españoles, también de los catalanes, no justificado porque haya regiones que han seguido la barra libre de gasto y un endeudamiento exponencial, en lugar de preocuparse por gestionar adecuadamente y ofrecer a sus ciudadanos los mejores servicios. Es algo aberrante, intolerable y que puede causar un gran daño a la credibilidad de la economía española y, por tanto, a la actividad y al empleo, en un paso más de Sánchez para perpetuarse en el poder volando por los aires el Estado de Derecho, que ya lo hará simplemente con la amnistía. Es una medida a la que hay que oponerse de manera enérgica y frontal, porque es dañina para el conjunto de la economía y el empleo. Las deudas hay que pagarlas.