Los dirigentes de Junts quieren que Cataluña goce de un trato preferencial respecto al resto de España. Y no hablamos sólo de amnistías o referéndums, sino también de su financiación. En el pacto firmado de legislatura con el PSOE y escenificado este jueves en Bruselas, Carles Puigdemont y los suyos reclaman que se "facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña". Según denuncia el ex director general de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo este cambio "es anticonstitucional" porque supondría sacar a Cataluña del régimen fiscal común que tienen todas las CCAA excepto Navarra y País Vasco.
Y es que, PSOE y Junts se han abierto a negociar la posibilidad de que Cataluña se convierta en el tercer fuero de España, al igual que País Vasco y Navarra. Esto implicaría que si Cataluña, que ahora también es contribuyente neto del sistema de financiación, se convierte en un fuero, los madrileños tendrían que aportar mucho mas dinero vía impuestos para compensar la salida de los catalanes
Las dos comunidades forales tienen reconocido su régimen específico en la Constitución pero no es el caso de Cataluña, comunidad que aunque recauda algunos impuestos propios y tasas, además de impuestos cedidos por el Estado como Sucesiones y Donaciones , así como Transmisiones Patrimoniales, quiere más. Mientras tanto el Estado recauda otros impuestos como el IVA, Sociedades y el IRPF. Y es más tarde cuando reparte un porcentaje de esa recaudación a cada comunidad autónoma. Ahora Junts per Cataluña quiere quedarse con la gestión de todos los impuestos.
Como vienen advirtiendo los inspectores de Hacienda desde hace días, ceder a Cataluña la legislación, la recaudación y la inspección de todos los impuestos existentes en España pondría en peligro todo el sistema tributario nacional. Tras el acuerdo, "se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual, en varias materias, entre las cuales se encuentra la materia financiera. La exigencia de la cesión del rendimiento podría implicar la cesión de todas las competencias, incluidas las que hoy ejerce la AEAT en Cataluña, por lo que nuestro colectivo se vería grave y directamente afectado, como lo estarán otros colectivos pertenecientes a otros cuerpos de la AGE" ha señalado este jueves la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en un comunicado.
"Esta situación implica sin lugar a duda, la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Constitución, permitiendo la existencia, por la vía de hecho, de Comunidades Autónomas de primera y Comunidades de segunda, así como la vulneración de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrada en el artículo 9 de la Carta Magna" denuncian los inspectores.
"Lo anterior se produce en el marco de unos acuerdos que sirven de contrapartida a los votos que determinadas formaciones políticas le otorgarían al candidato con la finalidad de ser investido como presidente del Gobierno por lo que conllevan, implícitamente, el abuso de poder y de las instituciones del Estado que tienen como único fin servir a los intereses generales de todos los españoles, y derivan en un trato de favor, sin ningún amparo legal, hacia una parte de los españoles que residen en un territorio de la Nación" añaden.
Desigualdad entre comunidades autónomas
Esa mayor autonomía financiera supondría una evidente desigualdad entre Cataluña y el resto de CCAA del régimen común "porque la colocaría en un punto intermedio entre las dos comunidades con regímenes forales (País Vasco y Navarra) y el resto de las catorce comunidades autónomas que no gozarían de esa mayor autonomía financiera", explica Ignacio Ruiz Jarabo en la misma línea que los inspectores.
Jarabo no duda de que la Agencia Tributaria acabará desapareciendo de Cataluña con los riesgos de entraña. Y es que los funcionarios de la administración catalana serían los encargados de gestionar todos los impuestos y no es descartable que se haga a la carta. "Imagínense la vulnerabilidad de los inspectores de Hacienda de la Generalidad ante la posible recepción de órdenes para favorecer a las empresas que consideren proclives al independentismo y castigar a las que no lo sean", alerta.
Además en el acuerdo el PSOE se compromete a promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que se fueron.
"También se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ibicación a otrosterritorios en los últimos años".
Un "brindis al sol" para el ex director general de la Agencia Tributaria pero de la que podemos extraer una conclusión más: ahora sí reconocen la marcha de 7.000 empresas durante el PROCÉS, según los datos del Registro Mercantil.