"Quieren la llave de Letamendi. El edificio, papeles, ordenadores, información... Lo quieren todo desde hace años" asegura el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José María Peláez, en declaraciones a Libre Mercado. En la Plaza Doctor Letamendi (en Barcelona) se encuentra ubicada la sede autonómica que tiene la AEAT en Cataluña. Estamos hablando de una parte fundamental de la joya de la corona de los impuestos nacionales. Y los independentistas pretenden hacerse con ella.
Encima de la mesa del pacto de investidura entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont está otorgar a la Agencia Tributaria de Cataluña el máximo poder. ERC también lo ha pedido anteriormente, aunque no figura en el pacto firmado ayer jueves por Félix Bolaños y Oriol Junqueras.
El culmen de las exigencias separatistas sería ceder a Cataluña la legislación, la recaudación y la inspección de todos los impuestos existentes en España. Es decir, regalarle a esta región un fuero propio similar al vasco y el navarro. Eso sí, también podría ocurrir que, finalmente, Sánchez y Puigdemont lleguen a un término medio en materia tributaria o que no haya cambios. Todas las posibilidades están abiertas.
Cabe recordar que, actualmente, las autonomías tienen plena libertad sobre los impuestos propios (por ejemplo, la Comunidad de Madrid no tiene ninguno y Cataluña es la que más ha creado), tienen cedidos impuestos como Patrimonio o Sucesiones y no disponen de capacidad normativa sobre Sociedades o el IVA.
Las nefastas consecuencias de trocear la AEAT
Mientras el líder del PSOE y el de Junts se deciden, en la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado cunde el pánico. La semana pasada, los inspectores llegaron a alertar de que trocear la Agencia Tributaria podría suponer la quiebra de todo el sistema tributario nacional. En un documento han puesto por escrito todas las nefastas consecuencias de esta cesión.
"Un sector político determinado demanda la creación de una Administración Tributaria independiente para una región concreta y una denominada cuota de solidaridad. Desde IHE advertimos que el fraccionamiento de la AEAT supondría un paso atrás de gigante en su función principal de aplicar el sistema tributario y la conculcación de los principios tributarios fundamentales sobre los cuales se asienta el actual sistema tributario español, fundamentalmente la generalidad, la capacidad económica, la igualdad, la justicia y la eficiencia tributarias" señalan.
Como ya hemos publicado en Libre Mercado, crear un fuero catalán (en el que la Generalidad se encargase de recaudar todos los impuestos y luego negociara con el Gobierno de Sánchez el cupo a pagar) generaría tal desventaja con el resto de CCAA, que podría llegar a restar de la financiación autonómica entre un 8% y un 12% (equivalente a 16.000 millones de euros) o bien obligaría a las regiones más ricas (como Madrid) a aportar esas astronómicas cifras. "No hay ninguna duda de que Cataluña acabaría pagando menos impuestos al Estado con el cambio" vaticina el portavoz de los inspectores.
Los Inspectores de Hacienda son "plenamente conscientes de las consecuencias" que implicaría la fragmentación de la AEAT en "la gestión y recaudación de los impuestos, en la lucha contra el fraude fiscal, y en su función de órgano vertebrador de determinadas ayudas sociales del Estado" aseguran. "El desafío de la creación de una Administración Tributaria fraccionada conlleva el traspaso de determinadas líneas rojas que ponen en un brete a la eficiencia en la gestión del sistema tributario, pudiendo generar desigualdades en su aplicación fruto de una ineficiente gestión".
Por ejemplo, "resultaría afectado el sistema de información tributaria, que ha de ser único para todo el territorio a fin de garantizar su aplicación, ya que la lucha contra el fraude fiscal se fundamenta en disponer de un sistema de información tributaria unificado lo más amplio posible, que permita analizar los riesgos fiscales en los que incurre un contribuyente y su ámbito de intereses". En este sentido, el portavoz de los inspectores señala a "los numerosos problemas con los que nos encontramos para obtener información fiscal del País Vasco y Navarra, por lo que poner más trabas en otro territorio no haría más que poner barreras a la AEAT y generar más opacidad en el sistema".
Además, la nueva Agencia Tributaria Catalana generaría un "gran riesgo en la gestión de las retenciones, que deben de realizarse de forma integrada por la AEAT, así como para el sistema de control de las actividades económicas, que debe ser de carácter integrado".
En el año 2017, a las puertas del 1-O, el propio Carles Puigdemont aseguró que la Agencia Tributaria de Cataluña ya estaba preparada para la ruptura con España y que tenía un potencial recaudador de 42.000 millones de euros. Estas declaraciones obligaron al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a amenazar a los contribuyentes de esa región con multas y embargos si se les ocurría pagar sus impuestos en Cataluña. Este intento de rebelión fiscal independentista terminó con algún negocio clausurado, como el de un restaurante de Tarragona que decidió "dejar de pagar el IVA y Sociedades al Estado español y pagárselo a la Generalitat para aplicar la voluntad del pueblo", contaba el dueño. Le intervinieron las cuentas bancarias y le dieron de baja el NIF.
Desde la asociación de inspectores "nos vemos en la obligación de denunciar los peligros que, desde un punto de vista objetivo, y examinando la necesidad de una adecuada organización en la gestión del sistema tributario, pueden conllevar decisiones políticas desacertadas que, por motivos diferentes al logro de una mejor y más eficiente Administración, pueden traer como consecuencia gravísima el fraccionamiento de la misma. Esta transformación sería de muy difícil reversión y provocaría situaciones de desigualdad, desintegradoras para la ciudadanía española, afectando al deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos" añaden.