Todo y más por la investidura, todo y más por permanecer otros cuatro años en Moncloa. Las cartas ya están encima de la mesa y se confirma que Pedro Sánchez está dispuesto a todo, incluso a romper de forma unilateral el actual modelo de financiación autonómica prometiendo lo imposible.
El acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts para lograr la investidura de Sánchez incluye un párrafo que supone una carga de profundidad a nivel presupuestario. El documento en cuestión recoge lo siguiente en materia económica:
[…] Y en el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya.
Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya.
En este ámbito, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años. […]
La clave está en los dos primeros puntos. Por un lado, PSOE y Junts se abren a negociar la posibilidad de que Cataluña se convierta en el tercer fuero de España, al igual que País Vasco y Navarra. Eso y no otra cosa es lo que significa "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya".
En España conviven dos modelos de financiación regional, el foral y el régimen común. En el primero, las diputaciones del País Vasco y Navarra se encargan de recaudar los impuestos que se pagan en sus territorios y luego, mediante la negociación bilateral de un cupo con el Gobierno central, abonan un determinado importe para sufragar los servicios que, en teoría, presta allí el Estado. Es decir, vascos y navarros recaudan casi todos los tributos que se generan en ambas regiones para cubrir todos sus servicios públicos y luego pagan una cantidad al Gobierno por las prestaciones estatales.
En el régimen común, por el contrario, el Estado recauda casi todos los impuestos y luego reparte ese dinero entre las comunidades autónomas para financiar los servicios públicos que tienen transferidos, como sanidad, educación, justicia y servicios sociales en base a los criterios que marca el sistema de financiación autonómica, cuyo contenido y diseño se debería negociar cada cinco años. El modelo vigente, aprobado en 2009, caducó en 2014 y, desde entonces, no se ha avanzado.
En este caso, las autonomías más ricas, como es el caso de Madrid, Cataluña y Baleares, aportan dinero extra al sistema para ayudar a financiar los servicios básicos del resto de regiones. La Comunidad de Madrid es la más rica y, por tanto, la que más aporta. Pero si Cataluña, que ahora también es contribuyente neto del sistema, se convierte en un fuero, los madrileños tendrían que aportar mucho mas dinero vía impuestos para compensar la salida de los catalanes. Un escenario que, sin duda, además de romper el actual modelo, supondría un enorme perjuicio para la economía y finanzas madrileñas. En caso de que no existiera compensación, la financiación del resto de CCAA caería más de un 10% de media.
Cataluña, por su parte, saldría ganando. En concreto, lo que recoge este acuerdo es el Pacto Fiscal que Artur Mas presentó a Mariano Rajoy en 2012, que consiste en crear una Hacienda propia, con plena capacidad normativa, para recaudar todos los impuestos y, posteriormente, negociar con el Gobierno central un cupo. Esto podría suponer cerca de 20.000 millones de euros adicionales para las arcas catalanas. Y esa factura se traduciría en menos financiación para el resto de regiones y/o un mayor castigo fiscal para Madrid y Baleares con el fin de compensar la "excepción" catalana.
Condonación del FLA
El segundo punto incluye la negociación de medidas concretas para mejorar la financiación de Cataluña. Esto hace referencia tanto la condonación inicial de la deuda catalana con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) como la posible inyección de nuevos recursos bajo todo tipo de argumentos, tal y como ya han exigido ERC y Junts.
En cuanto a la condonación del FLA, ya se ha acordado el 20% de la deuda acumulada, unos 15.000 millones. Pero esto sólo es el principio. Hace escasos días, los separatistas solicitaron en el Parlamento catalán la condonación total de la deuda autonómica con el FLA, lo que supondría unos 73.000 millones de euros en total.
Y deuda histórica
No acaba ahí la factura de la investidura de Sánchez. ERC y Junts también coinciden en reclamar al Estado una ingente compensación económica por lo que ellos denominan "deuda histórica" con Cataluña.
En total, unos 465.000 millones de euros: 50.900 millones de déficit en materia de infraestructuras; otros 375.000 millones en partidas sociales; y 30.000 millones en pensiones. Esa sería la deuda que el Estado acumula con Cataluña entre 1982 y 2022, según las estimaciones de los socios independentistas del PSOE. Y ese resarcimiento es lo que se abre también a negociar Sánchez, según el acuerdo alcanzado con Junts.
Así pues, a grosso modo, si a esta deuda histórica (465.000 millones) se suma la condonación total de la deuda de Cataluña con el FLA (73.000 millones) y los 20.000 millones del cupo, el coste de la investidura de Sánchez con Junts ascendería a un máximo de 560.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, unos 38.000 euros por cada familia, excluyendo los hogares catalanes, vascos y navarros. Y todo ello sin contar el coste de la transferencia de Cercanías y el resto de cesiones al resto de grupos políticos para que Sánchez, finalmente, revalide su mandato.