El primer ministro socialista de Portugal, António Costa, ha dimitido de su cargo después de que haya trascendido una investigación judicial que le afecta directamente e investiga su posible participación en una presunta trama corrupta ligada a la adjudicación de miles de millones de euros en contratos vinculados al desarrollo de energía renovable, la exploración de litio o centros de datos.
La instrucción que ha tumbado el gobierno luso también afecta al jefe de gabinete del primer ministro, Vitor Escaria, así como el alcalde socialista de la localidad de Sines, Nuno Mascarenhas, y un empresario muy cercano a Costa a quien el gobierno confió la privatización de la aerolínea TAP. Según ha trascendido, la lupa está en dos concesiones para la posible exploración de litio en el norte del país, así como una planta de "hidrógeno verde" y un gran centro de datos que debían desarrollarse al sur de Lisboa.
Portugal es el mayor productor de Europa de litio y sus reservas probadas de dicho material rondan las 60.000 toneladas métricas. El gobierno de Costa licitó la exploración de nuevos yacimientos de litio en el norte del país con un contrato del que resultaron adjudicatarias una compañía local y una firma londinense. La primera, Lusorecursos, declaró que tenía previsto invertir más de 400 millones de euros en el proyecto; la segunda, Savannah Resources, confiaba en abrir cuatro plantas de producción de litio capaces de generar cada año en torno a medio millón de baterías de coche eléctrico. De acuerdo con las primeras informaciones disponibles, la justicia sospecha que el primer ministro y sus allegados habrían interferido en la licitación, incurriendo en delitos de corrupción, prevaricación y tráfico de influencias que ahora deberán ser sustentados en el proceso que acaba de salir a la luz.
Otro de los acuerdos que están revisando las autoridades consiste en la creación de un hub de producción de "hidrógeno verde" que tenía su sede en Sines, un municipio costero ubicado al sur de la capital de nuestro país vecino. El consorcio que desarrolla esta actuación fue presentado por vez primera en 2020 y aglutina a inversores como las empresas cotizadas EDP, Galp, Engie y Vestas, así como otras empresas como Bondalti y Martifer. EDP y Galp se desligaron del consorcio en 2021. Ahora, la justicia pretende esclarecer de qué forma se licitaron los contratos que dieron pie a este proyecto.
La investigación también está revisando la documentación de un contrato para desarrollar un enorme centro de datos. De nuevo, esta actuación estaba prevista en la localidad de Sines. La idea partió de dos compañías extranjeras: el fondo estadounidense Davidson Kempner y la firma de inversión británica Pionera Point. Ambas compañías se han comprometido a inyectar 3.500 millones de euros antes de 2025, consolidando un parque de cinco edificios con capacidad de generar 450 megavatios de energía barata lista para su suministro a empresas de raíz tecnológica ubicadas en la zona.
La Fiscalía ha actuado de forma contundente, con más de 40 registros. Especialmente activas han sido las pesquisas realizadas en el Ministerio de Medio Ambiente de Acción Climática y en el de Infraestructuras. La figura del primer ministro no formará parte de la causa principal, sino que se investigará en paralelo, con un procedimiento separado que se dirimirá en el Tribunal Supremo de Portugal.
Costa ha defendido su inocencia tras conocer los cargos por los que está siendo investigado, pero ha señalado que no considera compatible su situación legal con la permanencia en el cargo político de mayor responsabilidad de su país. El presidente de la República, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, estudia ahora la posibilidad de confiar la tarea de formar gobierno a otro dirigente socialista o apostar por unas elecciones generales que tendrían lugar a comienzos de 2024.
El adiós de un moderado
Por muchos años, António Costa fue un hombre de confianza del ex primer ministro socialista José Sócrates, que fue detenido en 2014 y terminó encarcelado por un escándalo de corrupción y evasión fiscal que pasó factura a su partido y facilitó la llegada al poder del conservador Pedro Passos Coelho. Costa completó dos mandatos al frente de la alcaldía de Lisboa (2007-2011 y 2011-2015) y dio el salto a la política nacional en 2015, tras la caída de Sócrates.
Aunque su popularidad ha ido en declive, Costa ha sido aplaudido por la comunidad inversora internacional por haber sido capaz de combinar sus acuerdos parlamentarios con la extrema izquierda con un enfoque de política económica que ha mantenido en pie el grueso de los compromisos de ortodoxia fiscal y libertad de empresa introducidos por su antecesor, Passos Coelho.
Bajo su gobierno no ha habido grandes políticas de liberalización económica; de hecho, se han aprobado medidas intervencionistas en campos como el salario mínimo, la vivienda o el régimen aplicado a los trabajadores extranjeros. Sin embargo, Costa tiene buena prensa entre los inversores internacionales porque se considera que estas intervenciones han sido menos intensas que las observadas en otros países donde gobierna la izquierda, caso de España. Además, su gestión en materia presupuestaria ha sido continuista y ha cumplido las metas que heredó de Passos Coelho. Así, aunque el déficit de Portugal llegaba al 4,4% del PIB en 2015, Costa lo llevó al 0% en 2018 y ha mantenido las cuentas públicas bajo control durante la pandemia, recortando el peso de la deuda pública del 132 al 112% del PIB.