En medio del escándalo provocado por la Ley de Amnistía que ha propiciado la reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, el Financial Times ha publicado un artículo opinión en el que alerta de la "amenaza al imperio de la ley" que encierra el acuerdo suscrito por el Partido Socialista con las formaciones separatistas catalanas.
La columna, que lleva la firma de Míriam González, denuncia que "la mayoría de los artículos publicados en la prensa internacional destacan que la extrema derecha no tocará poder en España pero no caen en la cuenta de que el acuerdo de investidura rompe principios esenciales del Estado de Derecho que jamás deberían verse comprometidos en una democracia madura". "Las consecuencias de largo plazo derivadas de este acuerdo de corto plazo pueden ser muy serias, tanto para España como para la defensa de la democracia en toda Europa", advierte el texto.
"El país ibérico se ha consolidado como una democracia de éxito desde 1978, habiendo completado una transición que a menudo se cita como modelo a seguir. Sin embargo, la prensa internacional sigue hablando de España como si Franco pudiese salir de la tumba en cualquier momento. Al centrarse continuamente en el conflicto histórico, la guerra civil y la extrema derecha, Pedro Sánchez ha encontrado la coartada perfecta para socavar la independencia judicial y el imperio de la ley", lamenta la autora del texto.
González, fundadora de la organización España Mejor y profesional dedicada al ámbito del derecho, critica en las páginas del diario londinense que "la reacción internacional a la declaración inconstitucional de independencia perpetrada por los separatistas catalanes en 2017 ilustró el trato diferencial que se le sigue dando a los asuntos referidos a nuestra democracia. Los formadores de opinión globales se mostraron reacios a condenar aquel acto, a pesar de que se trataba de un claro asalto a la constitución. Esas mismas voces no dudaron en condenar lo sucedido en Estados Unidos unos pocos años después, cuando las autoridades emplearon la fuerza y los tribunales aplicaron la ley para sofocar el intento de toma del Capitolio".
Así, el artículo del FT considera que, "mientras la opinión pública internacional habla de la Constitución como si fuese un documento casi sacro-santo, a la Carta Magna española no se le reconoce el mismo estatus cuando se analiza la actualidad de nuestro país, a pesar de ser nuestro contrato social más básico y el pilar fundacional de una democracia que dejó atrás la guerra civil, la represión y la conflictividad. En este sentido, el orden constitucional español no es menos que el de Estados Unidos o el de cualquier otra democracia".
El salmón recuerda que "la amnistía es una herramienta que solamente tiene sentido cuando un país está intentando abandonar una situación crítica y busca asentar la paz después de un conflicto grave, motivo por el cual se debe aplicar solamente de forma excepcional y con todo el cuidado debido, ya que hablamos de una ruptura consciente del principio de igualdad ante la ley. Una amnistía debe llegar de la mano de un acuerdo prudente, transparente y amplio, con un consenso social generalizado y un debate previo transparente y somero. En este caso, lo que hemos visto ha sido una amnistía apresurada, negociada a puerta cerrada y motivada solamente por el puro interés político de sus promotores".
El acuerdo de Sánchez con los separatistas "incluía una mención explícita a la posibilidad de que el poder judicial mine el alcance de la amnistía y propone el establecimiento de comisiones parlamentarias que evalúen el proceder de los magistrados". Este compromiso "ha sido denunciado de forma unánime por todas las asociaciones judiciales, que entienden tal cláusula como un asalto directo a la separación de poderes".
La columna señala que, "al contrario de lo ocurrido con otros países europeos, con lo que está pasando en España no hay una condena inequívoca. El hecho de que el acuerdo de gobierno facilite la investidura de un Ejecutivo socialdemócrata no convierte en tolerable lo inaceptable". Así, "en un sistema democrático, no es de recibo quebrar el imperio de la ley y justificarse por el miedo a la extrema derecha. La única forma legítima de mantener a un rival político fuera del gobierno es cumpliendo la ley y ganando las elecciones. Sin embargo, si lo que se hace es acabar con el imperio de la ley y provocar una brecha en la separación de poderes, lo único que sucede es que la democracia se ve debilitada y sus enemigos salen ganando".