Tras el pacto cerrado por Sánchez con el PNV, la comunidad vasca, región ya beneficiada de por sí, va a ver aumentar su volumen de privilegios, que va desde el sistema foral que tiene hasta la gestión de las pensiones que quiere quedarse, pasando por el mal cálculo del cupo y su no liquidación en muchas ocasiones.
Comencemos por la insolidaridad del régimen foral. Para empezar, aceptando, porque así viene recogido en la Constitución, el régimen foral vasco, lo grave, realmente, es que incumple otro precepto, que es también constitucional, tanto como su régimen foral, que es la solidaridad con el resto de CCAA. Y lo incumple porque las comunidades forales no participan en los mecanismos de solidaridad interterritorial, ya que no están incluidas en el Sistema de régimen común y al mismo tiempo las aportaciones estatales a la nivelación interterritorial no se incluyen en la base de cálculo del cupo vasco ni de la aportación navarra, todo ello a pesar de la muy elevada capacidad fiscal de ambas regiones, con una riqueza desproporcionadamente superior a la media.
Para hacer una estimación de la capacidad fiscal del País Vasco y Navarra que pueda ser comparable a la de las comunidades de régimen común, en el caso del País Vasco, se puede partir de la recaudación territorial de los tributos concertados recaudados por las tres diputaciones forales y se le ajustan los recursos transferidos a la Comunidad Autónoma. A éstos se le descuenta el cupo líquido neto, para determinar la capacidad fiscal de la administración regional. Los resultados son claros, con unos recursos recaudados por las regiones forales que se quedan en su práctica totalidad, ya que sus aportaciones a los servicios que presta el Estado en dichas regiones son mínimos, sin llegar en muchas ocasiones al 5%.
Queda así puesta de manifiesto la desproporcionada riqueza relativa del País Vasco -también de Navarra-, que justifica sobradamente la propuesta de hacerlas participar en los mecanismos de nivelación y solidaridad interterritorial, que engarza así los principios constitucionales de la solidaridad entre regiones y del régimen especial de las regiones forales, respetando su régimen foral constitucionalmente reconocido, pero haciendo que también aporte a la solidaridad interregional, que incumple. Debido a ello, se ahorra entre 2.000 y 2.300 millones de euros, si consideramos que sólo aportase al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) el 75% de su capacidad tributaria o que también contribuyera a la aportación del Estado al FGSPF y al fondo de suficiencia (aunque, en este último caso, tendría que recibir una compensación del fondo de competitividad).
Esta alternativa se limita a contemplar unas aportaciones forales que se añadirían a las aportaciones estatales a la dotación de los fondos de Garantía, Suficiencia y Convergencia, que no están incluidos en las competencias cubiertas por los actuales Cupo vasco y Aportación navarra y que se calcularían atendiendo a los respectivos índices de imputación.
Y en cuanto a las pensiones, la Seguridad Social es muy deficitaria en el País Vasco. Si observamos los datos, las cotizaciones correspondientes al País Vasco fueron de 6.787,3 millones de euros en 2022, mientras que sus gastos ascendieron a 10.789,4 millones.
Es decir, la Seguridad Social en el País Vasco tiene un déficit de 4.002,1 millones de euros, que equivale a un déficit de 7.016,4 euros por pensión.
Por eso, en el acuerdo entre el PSOE y el PNV, los nacionalistas vascos no solicitan el traspaso de la Seguridad Social, sino de su gestión. Con independencia de que no se les puede traspasar en ninguna de las dos opciones, ellos saben que si se les traspasa por completo, tienen que asumir ese importante déficit que tienen en las pensiones, mientras que si sólo reciben la gestión, se quedan con la parte amable, que es realizar el pago a los pensionistas, pero teniendo garantizada la financiación por parte del resto de España.
Esto es una muestra más de las ventajas en trato económico que ha recibido tradicionalmente el País Vasco, que Sánchez agudiza más con su pacto, consolidando el establecimiento de ciudadanos de primera y de segunda al comparar con el resto de España que no es independentista.
Una vez más, este tipo de partidos, como el PNV, no quiere la independencia, sino ser españoles que cuentan con más privilegios que el resto, marcando la diferencia por su pretendido deseo de ser reconocidos como nación, mientras ni contribuyen a la solidaridad interregional y se garantizan la financiación de sus deficitarias pensiones. No sólo no son solidarios, no sólo tienen privilegios, sino que, además, el resto de España es solidario con ellos a la hora de financiar sus pensiones. Ésa desigualdad es la que Sánchez está acrecentando.