El Gobierno no tiene ninguna intención de retirar el impuestazo que aplicó a bancos y energéticas. Un impuestazo que puso en marcha con la excusa de que sería temporal y argumentado como una especie de castigo por tener "beneficios caídos del cielo", decía el Ejecutivo, sin definir a qué se refería. Tampoco se ocupó de la legalidad o no de un impuesto que discriminaba por motivo de actividad (banca o energéticas) a empresas españolas frente a sus competidores internacionales.
Todo en un entorno de subidas de precios, encarecimiento de costes de producción y ante la sonora oposición de los distintos sectores a la puesta en marcha de ese impuesto. Como estas empresas recordaron en su momento, el único que estaba recibiendo beneficios caídos del cielo (o más bien del bolsillo de los contribuyentes y empresas) es el Ministerio de Hacienda, que sigue cosechando récords de recaudación a medida que las empresas se quedan sin márgenes y los contribuyentes de a pie, sin capacidad de compra para hacer frente a gastos básicos.
Ahora, incluso dando por bueno el falaz argumento de los "beneficios caídos del cielo" o "beneficios extraordinarios", la Comisión Europea los ha segado por completo. En el balance inicial de la Comisión Europea del Gravamen Temporal Energético que impuso el Gobierno a las energéticas, concluye:
"Un vistazo a la evolución de los mercados de las energías fósiles muestra que la situación es muy diferente de la que existía cuando el Reglamento del Consejo entró en vigor en octubre de 2022. El descenso de los precios de la energía a lo largo de 2023 y un entorno económico más incierto, así como el aumento de los costes de capital, han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a registrar una disminución de sus beneficios en comparación con los beneficios extraordinarios excedentarios de 2022".
Es decir, que los supuestos beneficios extraordinarios a los que aludió el Ejecutivo español para castigar a sus empresas frente a sus competidores europeos, ya no se dan. ¿Por qué sigue? Porque los compromisos de gasto del Ejecutivo siguen vigentes y los sucesivos récords de recaudación no le valen. Desde que entró en vigor en diciembre de 2022 hasta octubre de este año, el impuestazo extraordinario a bancos y energéticas detrajo de estas empresas casi 3.000 millones de euros (2.908) extra.
En el caso de grandes energéticas como Repsol, se trata de compañías especialmente castigadas ya por la voracidad impositiva del Gobierno de Sánchez. Recordemos que de enero a septiembre (últimos datos disponibles) Repsol mantuvo un elevado nivel de aportación fiscal, con 10.890 millones de euros aportados a las arcas públicas.
De esa cantidad, el 70% (7.441 millones) corresponden al pago de impuestos en España. Y de ellos, los tributos propios devengados ascendieron a 3.206 millones de euros y representaron más de la mitad de los beneficios (52%). Además, la compañía contribuyó durante el período con una tasa del Impuesto sobre Sociedades del 37%, muy por encima del tipo nominal aplicable en España −del 25%− y de la media de los países de la OCDE. Todo esto sitúa a Repsol como la empresa del Ibex 35 que más impuestos pagó en el país.