El Senado aprobó ayer miércoles de manera definitiva el impuestazo a las empresas energéticas del Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende golpear a eléctricas y petroleras con un nuevo tributo supuestamente "temporal" y con el que pretende recaudar casi 4.000 millones de euros en dos años.
El plan fiscal de Hacienda es aplicar un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios de las grandes compañías que en 2019 tuvieran una cifra de negocios de al menos 1.000 millones de euros.
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), de la que forman parte Repsol o Cepsa denuncia en un comunicado que la puesta en marca de este gravamen "penaliza al sector del refino y es incongruente con su política, al no favorecer la transición energética".
El sector del refino, en juego
A juicio de la AOP, el nuevo impuesto "penaliza y desincentiva la inversión de las compañías en España, así como el empleo en el sector". La patronal petrolera recuerda que "el sector del refino ha sido crítico para garantizar la seguridad de suministro en España y para contribuir a paliar el incremento de los precios de la energía tras la invasión de Ucrania" recuerdan.
Sin embargo, como ya publicó Libre Mercado, en la última década, se han cerrado más de una decena de refinerías en Europa, lo que encarece la capacidad de la UE a la hora de convertir el petróleo en combustible, le obliga a importar y a depender del exterior.
Sin embargo, en el caso de España, nuestro país sí ha incrementado su capacidad de refino desde 2009. "Como sostiene el Gobierno en su Plan +Seguridad Energética el sistema de refino español es único en Europa, por sus características y complejidad en número de refinerías, localización de estas y conexión a la red de oleoductos, dispone de una gran flexibilidad. Este activo estratégico, a diferencia del resto de países europeos, es fruto de las inversiones hechas a riesgo y sin ayuda gubernamental que hoy permiten a España tener garantía de suministro" señala la AOPE.
20.500 millones de euros en impuestos
Se trata, además, de un sector que contribuye a la balanza comercial española con más de 19.500 millones de euros en exportaciones, que aporta el 54% de la energía final total del país y con el que Gobierno recauda más de 20.500 millones de euros en impuestos, mientras sostiene más de 200.000 empleos, según la AOP, que recuerda que "el Gobierno ha solicitado la ayuda del sector en los dos últimos años para hacer frente a momentos críticos".
En el primer caso, "en 2020, nuestras compañías mantuvieron en funcionamiento las refinerías y abiertas las estaciones de servicio, sosteniendo las pérdidas extraordinarias derivadas del cese casi total de la movilidad. Unas pérdidas que aún no se han recuperado, pese a ser acusados de obtener beneficios extraordinarios" critica la patronal. "Lo que, además, demuestra una preocupante indiferencia sobre el funcionamiento del sector y sus ciclos" añaden.
En el segundo caso, "en 2022, el Gobierno solicitó a las compañías asociadas su colaboración en la mitigación de las consecuencias de la invasión de Ucrania. El resultado fue la implantación de una bonificación de 20 céntimos por litro en los combustibles, y la aportación adicional de al menos 5 céntimos por litro de producto a cargo de las compañías con capacidad de refino. De nuevo, nuestras compañías asociadas demostraron estar a la altura añadiendo, por su cuenta, significativos descuentos adicionales".
El Gobierno está estudiando eliminar el bono a la gasolina, aunque hay que recordar que ha recaudado el doble del coste de esta subvención en impuestos a la gasolina y el diésel.
A pesar de todos estos inconvenientes, "no han cesado las inversiones en el desarrollo de nuevas tecnologías, como el hidrógeno verde o las de los os ecocombustibles, con el empleo que estas conllevan. Se han realizado gracias a inversiones realizadas a riesgo por nuestras asociadas, ya que desde la administración ni tan siquiera se ha brindado una senda clara del papel de nuestro sector en la transición energética".
La patronal petrolera considera "cuanto menos desconcertante esta forma de castigar a un sector que es estratégicamente clave y que ha prestado su ayuda siempre que se le ha requerido y en momentos tan duros como la crisis sanitaria o la invasión de Ucrania. El sector ha estado a la altura de las circunstancias ayudando a su país cuando la situación lo ha requerido. Lleva años instando a que se le permita tener un papel activo en la transición energética. Nuestra voluntad es ser parte de la solución, pero no se dan las señales regulatorias que pueden permitir al sector afrontar con seguridad las inversiones ya iniciadas. Sin estas inversiones, se va a dejar a mucha población atrás con una transición energética inasumible en términos de costes y lastrando la industria nacional y, con ella, la economía en su conjunto".