El Gobierno sigue empeñado en repetir que la economía cuenta con un crecimiento sólido, que lideramos el crecimiento europeo y que eso hace que seamos el ejemplo a seguir. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Cada vez se ve más claramente, aunque todavía no haya cobrado forma de manera completa, cosa que, desgraciadamente, sucederá en los próximos meses.
La economía española vive anestesiada por ingentes cantidades de dinero público, que la sostienen artificialmente, pero que cuando se retiren dichos estímulos se resentirá, porque no se ha generado el marco económico adecuado para lograr que la economía, por sí misma, impulse el crecimiento. Esa retirada habrá de comenzar en enero de 2024, con el restablecimiento de las reglas fiscales. Debería haber comenzado mucho antes, pero, al menos, la obligación de cumplir con el pacto de estabilidad hará que así sea.
Ya se puede comprobar, en los informes mensuales de la AEAT, cómo los ingresos tributarios van desacelerándose y muchos de ellos incluso cayendo, especialmente en la parte de la Administración General del Estado, como contaba en Libertad Digital hace unas semanas, mientras el gasto sube, consolidándose, además, de manera estructural, que ahondará en los profundos desequilibrios de la economía española en estabilidad presupuestaria, al incrementar déficit y deuda.
Mientras, los españoles sufren una pérdida de poder adquisitivo enorme, al menos por tres vías: la subida de los precios, con el de muchos alimentos a doble dígito, que hace que cada vez puedan comprar menos y que tengan que pagar mucho más por ello; el incremento de sus costes financieros, especialmente las familias con hipotecas a tipo variable y las empresas, que se asfixian con la financiación; y el incremento de impuestos, insaciable, tanto directos, como indirectos, como el impuesto al trabajo que, en la práctica, constituyen las cotizaciones a la Seguridad Social. Junto a ello, la desaceleración económica, que se intensifica debido, precisamente, a ese empeoramiento del poder adquisitivo, de las expectativas y de la merma de la aportación del sector exterior.
Eso hace que la tendencia no sólo siga sin ser buena, sino que empeora, como están haciendo con las previsiones de la economía española para 2024 todas las instituciones, con múltiples problemas estructurales en la economía nacional, como el déficit, la deuda o la inflación, que empobrece a los ciudadanos, además del endurecimiento del coste de financiación, que limita el acceso al crédito a las empresas y encarece los préstamos hipotecarios, por ejemplo, en los que las familias tienen que soportar un importante incremento, como antes he señalado.
Todo ello, está empobreciendo a la población: así, la inflación anual estimada del IPC en octubre de 2023 (cogiendo el último dato definitivo, no el indicador adelantado) fue del 3,5%. Supuso la misma tasa que en septiembre, pero viniendo de tasas muy altas. No baja la inflación, sino que frena su crecimiento por el efecto base. De hecho, en el mes se incrementa un 0,3%, mientras que la subyacente se incrementa un 0,4% mensual.
Eso hace que durante muchos meses los alimentos estén aumentando a doble dígito interanual y a que el crecimiento acumulado de la inflación sea tremendamente alto. Así, el IPC ha aumentado alrededor de un 17,17% desde que gobierna Sánchez, mientras que la subyacente, en ese período, ha aumentado un 14,74%.
Esto se traduce en una asfixia importante de los ciudadanos en su compra cotidiana, con una subida relevante de productos básicos. Así, El precio de los alimentos aumenta un 9,5% interanual; la carne de cerdo, un 13,8%; los aceites, un 48,1%; la leche, un 10,4%; las legumbres, un 10,9%; las patatas, un 12%; e pescado, un 6,9%; el azúcar, un 12,3%.
Por tanto, la inflación sigue siendo un grave problema, con fuerte resistencia a la baja en la subyacente en tasa interanual y con mantenimiento de una alta inflación en el IPC general en dicha comparación anual, pese a venir de niveles muy elevados.
Junto a ello, la subida de cuotas hipotecarias, que supone incrementos mensuales importantes, por encima de los 300 euros al mes en el mejor de los casos (que puede superar los 500 con facilidad).
Todo ello, merma renta disponible a los agentes económicos, que se empobrecen, especialmente las familias. Eso nos lleva a que el empobrecimiento es tal que España empeora, comparada con el conjunto de la UE:
Eurostat publicó en junio su estadística de población en riesgo de pobreza y exclusión social en la UE en 2022.
España es el cuarto país con más porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social de toda la UE, sólo superada por Bulgaria, Rumania y Grecia (empatado con España en el 26%).
La media de la UE se sitúa en el 21,6%, equivalente a 95,3 millones de personas.
España empeora dos puestos desde que llegó Sánchez (2018), superando en tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión a Letonia y Lituania.
Según el informe AROPE, el 20,4% de la población española, aproximadamente 9,6 millones de personas están en riesgo de pobreza.
Aunque eso supone una reducción de medio millón de personas respecto al año anterior, sin embargo se produce un incremento de personas en hogares que no pueden utilizar adecuadamente la calefacción (pasa de 14,3% en 2021 a 17,1% en 2022) y tampoco de comer carne o pescado dos días a la semana (del 4,7% en 2021 al 5,4% en 2022).
Igualmente, se ha incrementado la cifra de españoles que tienen dificultades para llegar a fin de mes, de un 44,9% en 2021 al 47,8% en 2022.
En cuanto a la tasa AROPE comparada con la UE, España es el quinto país con peor resultado, 4,4 puntos peor que la media de la UE y peor en la práctica totalidad de indicadores.
Por tanto, la política del gasto público desmedido, el déficit estructural, la deuda exponencial, la subida de impuestos, la política del subsidio que merma la capacidad de las personas para desarrollarse y valerse por sí mismas, el intervencionismo en el mundo empresarial y la inseguridad jurídica sólo atraen a la pobreza, no a la riqueza, que hace que con Sánchez seamos más pobres que antes, como refleja la estadística de Eurostat, en una especie de política antisocial que practica.