Tras "el que la hace, la paga", llega "el que corta, no cobra". Una de las preocupaciones del Gobierno que preside Javier Milei es la fuerte sindicalización que sufre Argentina desde hace décadas y la intensa violencia callejera que protagonizan los grupos organizados de piquetes para tratar de dificultar cualquier política que perjudique sus intereses.
Milei y su equipo son conscientes de ello y, precisamente por eso, han puesto en marcha nuevas medidas para acabar con la mafia sindical. En primer lugar, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la semana pasada un nuevo protocolo de actuación policial para hacer frente a la violencia de los piquetes y el corte de calles y carreteras ante las protestas y manifestaciones que ya están empezando a preparar los sindicatos peronistas en protesta por las necesarias políticas de ajuste de Milei.
Entre otras medidas, dicho protocolo prohíbe el corte de carreteras y la quema de neumáticos, permite la detención inmediata de piquetes violentos, carga a los responsables de los disturbios los costes vinculados a los operativos de seguridad, ordena la identificación de extranjeros en las protestas y su puesta a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones y sanciona a quienes lleven niños a las marchas.
Pero es que, además, el Gobierno de Argentina anuncia que todos aquellos que corten las vías de comunicación serán sancionados mediante la suspensión de los subsidios (llamados "planes" en Argentina) que estén cobrando. "El que corta, no cobra", según anunció la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el pasado lunes. Las claves de su comunicado son las siguientes:
- "Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo".
- "Los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano".
- "Auditaremos a todas las organizaciones que entreguen planes sociales eliminando la intermediación".
- "A los beneficiarios de planes sociales: sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan. Vamos a eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales".
- "Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle: el que corta no cobra".
- "Vamos a acompañar a los más vulnerables en esta difícil situación que dejó el gobierno que se acaba de ir, por eso duplicaremos la Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50% la Tarjeta Alimentar".
- "Estamos trabajando para que todos los ciudadanos puedan recuperar el trabajo, la autonomía y por ende la libertad".
- "Los beneficiarios de planes sociales pueden denunciar al 134 si le cortan el plan por no asistir a una marcha".
Clientelismo peronista
El peronismo ha instaurado desde hace décadas un particular sistema de clientelismo político a base de subsidios masivos ("planes"), enchufismo en el sector público (ñoquis, funcionaros que no trabajan, pero cobran) y mafia sindical (piquetes violentos), por el cual el Gobierno de turno tiene en nómina a millones de argentinos cuya forma de vida depende, directamente, del reparto de paguitas públicas a cambio, eso sí, de obediencia y sumisión.
De este modo, el peronismo no sólo compra millones de votos, una de las claves que explica su permanencia en el poder en Argentina durante tanto tiempo, sino que moviliza las calles en función de su interés particular. Aunque no existen cifras precisas, se estima que existen entre 1 y 1,5 millones de ñoquis colocados a dedo en el sector público, del total de 3,5 millones de empleados públicos que registra Argentina.
Además, otros muchos argentinos cobran "planes" sin necesidad de trabajar y han hecho de ello su modo de vida. Y los sindicatos ejercen de "intermediarios" del Estado a la hora de conceder o suspender el cobro de dichos planes, exigiendo así la asistencia a sus protestas y manifestaciones bajo la amenaza de retirar la prestación. Es justo aquí donde radica una de las principales bazas del poder sindical en Argentina.
El Gobierno de Milei pretende atacar la raíz de este particular sistema clientelar. Por esta razón, además de exigir la presencialidad del 100% de los funcionarios del sector público, también ha anunciado auditorías internas para reducir las plantillas públicas a fin de eliminar los ñoquis. También ha aprobado un protocolo de actuación para castigar la violencia sindical, prohibiendo de forma expresa el corte de carreteras.
Y ahora decreta el fin de los subsidios para quien incumpla esta prohibición, al tiempo que elimina la "intermediación" sindical en la concesión de subsidios, que es una de las principales herramientas de movilización que emplean los piquetes violentos, ya que los sindicatos expiden "certificados de presencialidad" a sus marchas para verificar asistencia.
Primera gran marcha y presencia de Cuba y Venezuela
Los sindicatos peronistas han convocado para este miércoles su primera gran marcha contra las políticas de Milei. Al menos 50.000 personas, articuladas en unas 100 organizaciones, esperan marchar desde el Congreso argentino hasta la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, para protestar contra las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y las disposiciones presentadas por Bullrich, que impedirán el corte de calles y carreteras.
El Gobierno de Milei teme que detrás de estas movilizaciones haya presencia de agentes cubanos y venezolanos dispuestos a alimentar el vandalismo, a imagen y semejanza de las revueltas callejeras experimentadas en Chile en 2019 y que terminaron incendiando el país y provocando una profunda crisis política que, en última instancia, llevó a un cambio de gobierno.