El Gobierno ya tiene preparada su argumentación para el asalto a la capacidad normativa de Madrid en materia tributaria. Quiere quitar a Isabel Díaz Ayuso su capacidad para rebajar impuestos porque, dice, contraviene la "cohesión social". Pedro Sánchez, de hecho, está dispuesto a defender incluso en la UE esta idea como muestra de que es su mandato va a ser un periodo muy social.
Lo más llamativo, sin embargo, son dos cuestiones. La primera, que gracias precisamente a esas rebajas, Madrid ha generado tal dinamismo económico que ha conseguido recaudar y aportar más que nadie al sistema de solidaridad interterritorial. La segunda, que, para colmo, el Gobierno va a defender esa supuesta "cohesión social" justo mientras saca del modelo de solidaridad a Cataluña por petición de los separatistas.
El ataque a Madrid anticipa capítulos de auténtica esquizofrenia mediática. Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez va a defender simultáneamente dos ideas contrapuestas. Y lo va a hacer en sede nacional y europea para avalar sus ingresos y su política fiscal y social.
Así, el Gobierno va a hacer pivotar sus presentaciones ante Bruselas en torno a un eje: que es esencial adaptar la "política de cohesión a la nueva realidad socioeconómica y geopolítica de regiones y pueblos de la UE". La frase esconde una importante conclusión, que no ha tardado en hacerse expresa por parte del PSOE: la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha destacado ya en su última reunión de ministros de la UE la importancia de la "política de cohesión para un desarrollo armonioso de los territorios". Y, según ella, eso exige "no dejar a nadie atrás" y que las regiones con más recursos aporten aún más. Traducido: estrujar a Madrid.
Lo más llamativo de esta argumentación es que va a ser sostenida mientras se adopta exactamente el planteamiento contrario con Cataluña.
El acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts para lograr la investidura de Sánchez incluye un párrafo que supone toda una bomba de relojería a nivel financiero y presupuestario. El documento en cuestión recoge lo siguiente: "[…] Y en el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya".
Y, añade, "por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya. En este ámbito, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años".
La clave está en los dos primeros puntos. Por un lado, PSOE y Junts aceptan negociar la posibilidad de que Cataluña se convierta en el tercer fuero de España, al igual que País Vasco y Navarra. Y, por lo tanto, deje de aportar al sistema de solidaridad de todo el resto de territorios. Y ello lo piensa justificar el PSOE mientras dice que es por "cohesión social".
Para colmo, gracias a las rebajas fiscales de Madrid, la comunidad de Díaz Ayuso ha dinamizado la economía de tal modo que el contribuyente medio, pese a pagar menos impuestos de forma individual, genera una recaudación total un 56% superior a la media nacional. Es más, Madrid aporta, gracias al mismo factor, el triple que Cataluña al sistema de solidaridad. De hecho, Madrid es el soporte del 71% del volumen total pagado del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales -sanidad y educación, principalmente, del resto de comunidades autónomas.