Pese a la bajada de la deuda en términos mensuales por efecto de los distintos ritmos entre amortizaciones y refinanciaciones, no por disminución real de la misma, pues sigue habiendo déficit y mientras exista aumentará la deuda. Un mes más, se confirma la tendencia al alza que describimos cada treinta días:
Ese efecto estadístico hace que la deuda bajase en octubre en 5.135 millones de euros. Sánchez, en realidad, sigue incrementando la deuda igual que lo ha hecho durante todo el quinquenio de su mandato.
La tendencia alcista de déficit y deuda continúa, pese al exceso de recaudación derivada de la inflación, que, además, ya empieza a caer: los ingresos tributarios del Estado caen un 6,20% interanual en el acumulado de los diez primeros meses respecto al mismo período del año pasado, que con la deriva del gasto presionará más sobre el déficit y la deuda.
La deuda supera ampliamente los 1,5 billones de euros y se sitúa en octubre en 1,572 billones de euros de endeudamiento, con 414.000 millones de euros de incremento desde que gobierna Sánchez (414.794 millones), según las notas iniciales de deuda de las AAPP emitidas por el Banco de España con carácter mensual.
De esta forma, la deuda sigue incrementándose en alrededor de 200 millones de euros al día (209,60 millones) -casi 1.500 millones a la semana, 6.000 millones al mes, 9 millones cada hora- desde que gobierna Sánchez.
O dicho de otra manera, Sánchez incrementa la deuda cada minuto en 145.554 euros.
Es decir, mientras un ciudadano hace una pausa de quince minutos para tomarse un café por la mañana, Sánchez habría incrementado la deuda en más de 2 millones de euros.
Y durante una jornada laboral completa, en la que un ciudadano habrá estado trabajando duramente ocho horas, generando actividad económica, empleo y pagando sus impuestos, Sánchez habrá aumentado la deuda en 70 millones de euros.
Este grave problema puede poner en peligro a la economía española, tanto por su capacidad para financiarla si el BCE deja de comprar deuda, como por la repercusión de sus intereses en el presupuesto, que mermará recursos para servicios esenciales y que, a su vez, incrementará el gasto.
Esto hay que tenerlo especialmente en cuenta ante las turbulencias financieras ocurridas hace algunos meses, que han tenido alguna repetición en Estados Unidos: si se reprodujesen más y de forma persistente, que esperemos que no suceda, podría haber un cambio en la política del BCE que dejase más frágil el respaldo de deuda española por parte del BCE o que encareciese su financiación. De momento, se mantiene la política monetaria contractiva a ambos lados del Atlántico, con una pausa por parte de la Reserva Federal y del BCE, pero con un horizonte de dudas pese a una resistente inflación, en el que las subidas de tipos parece que van llegando a su máximo, pero sin que todavía se haya llevado a cabo la necesaria reducción de sus balances.
El incremento del gasto es un problema importante, con el déficit estructural, construido sobre un gasto desmedido, que se ha ido consolidando en el tiempo, como principal problema.
Así, sobre la base de unos ingresos coyunturales, se ha ido asumiendo un incremento del gasto anual en el sector público, especialmente en el Gobierno de la nación, que nos lleva a una situación de insostenibilidad: con una recaudación adicional de más de 30.000 millones en 2022, el déficit sólo se redujo 2 décimas sobre el objetivo, que denota el importante incremento del gasto que se está produciendo (tres décimas si empleamos la revisión del PIB, pero no es comparable con la previsión inicial, realizada con un PIB estimado menor, al no haberse revisado entonces). Además, la IGAE ha detectado un pequeño incremento del déficit posteriormente, que se come una décima.
Este endeudamiento se agravará, con mayor crecimiento de gasto, que incrementará el gasto estructural y el déficit estructural, especialmente con las medidas electorales que tomó Sánchez ante el adelanto electoral y con las anunciadas en su debate de investidura. Deuda que aumentará con el esfuerzo presupuestario que supone la medida intervencionista de la entrada del Estado en Telefónica a través de la SEPI.
De esa manera, el déficit estructural español se situará en 2023 cerca de cinco puntos porcentuales sobre el PIB, elemento que señala un grave desequilibrio de la economía española. Déficit estructural que es la gran preocupación de la Comisión Europea. El déficit final en 2023 se prevé del 3,9% del PIB.
De hecho, la Comisión Europea, pese a revisar ligeramente al alza la previsión de crecimiento, considera que España no cumplirá con el objetivo de estabilidad del 3% en 2024, al situarlo en el 3,3% del PIB, para lo cual le ha pedido un ajuste de gasto de 6.000 millones de euros adicional al del fin de las medidas antiinflación. Eso se debe a que el gasto se está acelerando, de manera que se están desperdiciando los ingresos adicionales derivados de la inflación para reducir el déficit y la deuda. Así, el Gobierno ni deflacta para no subir los impuestos a los ciudadanos como consecuencia de la inflación, ni lo aprovecha para cuadrar las cuentas, ni reduce la deuda, que es una losa que se traducirá en más impuestos futuros para pagarla.
Sánchez no rectifica, pues la disminución de la deuda que algún mes se produce no es real, sino por efecto estadístico del distinto decalaje entre amortizaciones y nueva financiación.
La tendencia, así, sigue siendo alcista -y así seguirá mientras siga habiendo déficit, pues la deuda no es más que el sumatorio de los distintos saldos presupuestarios de cada ejercicio- con la aportación de inestabilidad a la economía que ello supone, como también ha sucedido en el pasado 2022 y sucederá en 2023, pese al incremento extraordinario de recaudación motivado por la inflación, que ya se desacelera a pasos agigantados, situando el gran problema a partir de 2024, donde la ralentización económica será mayor y los ingresos podrán cubrir todavía peor los gastos.
La deuda con esos más de 1,5 billones de euros, supone el 108,03% del PIB español sobre la estimación de crecimiento de PIB nominal del plan presupuestario 2023 que el Gobierno envió a la UE), debido a la importante revisión del PIB llevado a cabo por el INE, no a reducción de deuda, que es del 109,4% si se emplea el PIB agregado de los últimos cuatro trimestres publicado por el INE.
Aunque es obvio que el efecto del denominador derivado del crecimiento del PIB mitiga el cociente, como vemos, seguirá siendo muy elevado porcentualmente y, lo que es más preocupante, creciente en valores absolutos. La cifra de cierre prevista para 2023 por el propio Gobierno es del 108,03%.
Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 414.794 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo cinco años de mandato el incremento es de 414.000 millones de euros, según las notas mensuales iniciales publicadas por el Banco de España sobre la deuda de las AAPP.
Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los más de cuatro años de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en más de 8.500 euros (8.580 euros, más de diez veces el incremento del primer año).
O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras casi cinco años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 209,60 millones de euros cada día.
De esa forma, seguimos con un incremento exponencial del gasto, manteniéndonos en el furgón de cola de la recuperación de la UE, pese a la revisión extraordinaria al alza que ha realizado el INE, en un entorno económico complicado, de todavía elevada inflación, que, además, no cae, sino que desacelera su crecimiento al venir de niveles muy elevados, por mero efecto estadístico, siendo muy preocupante la subyacente -la mayor desde hace más de treinta años-, fuertes costes energéticos -que están propagando ese incremento de precios por toda la cadena de valor-, y un optimismo imprudente por parte del Gobierno en funciones.
Es más, la mejora en las revisiones para 2023 son temporales, rebajando las de 2024, con riesgos que, de materializarse, donde la actividad del sector servicios disminuye y la de la industria cae con fuerza, desplomándose ambas sobre los registros del mismo período del año pasado, puede disminuir todavía más, de forma que las previsiones serán, a buen seguro, rebajadas todavía más a la baja, probablemente hacia el 1%.
Los ciudadanos necesitan que el Gobierno les aligere de cargas, como, por ejemplo, la deflactación del IRPF, y la bajada de impuestos, no que los endeuden más.
Es imprescindible, por tanto, reducir el gasto ineficiente, porque es el origen del problema y vuelve insostenible el mantenimiento de la estructura económica con semejante endeudamiento, y devolver a los ciudadanos la recaudación extra que el Gobierno está consiguiendo gracias a la inflación, que asfixia a los españoles, les hace perder poder adquisitivo y les impide llegar a fin de mes y poder competir, en el caso de las empresas, en los mercados. Es decir, se necesita una política económica radicalmente distinta a la de Sánchez.