Era cuestión de tiempo que la batalla autonómica por los fondos que pagan todos los contribuyentes españoles se extendiera al resto de territorios. Y ya ha sucedido. La senadora de UPN -el mayor partido constitucionalista de Navarra-, María Caballero, ha trasladado ya al Ejecutivo de Pedro Sánchez una pregunta muy directa con toda la intención: "Si tiene previsto asumir los 550 millones de euros de deuda pública de Navarra del mimo modo que va a hacer con Cataluña, después de que en los acuerdos del Gobierno de coalición con los partidos independentistas catalanes se contemple la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda contraída por esta comunidad autónoma con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)". La batalla ha saltado ya al resto de regiones españolas.
UPN, que acaba de perder el Ayuntamiento de Pamplona tras entregárselo Pedro Sánchez a Bildu, lo tiene claro: "Condonar la deuda a las comunidades autónomas de régimen común puede suponer una subida en las aportaciones que Navarra realiza al Estado sin que nuestra Comunidad foral pueda beneficiarse de una hipotética quita generalizada, ya que no forma parte del FLA", señala la explicación oficial de la senadora navarra. Además, "utilizar el FLA para la condonación de la deuda de Cataluña no es lo más significativo en términos económicos, es solo una cortina de humo que beneficia a Cataluña frente a otras Comunidades Autónomas, entre ellas Navarra, porque el hecho es que de los 86.800 millones de euros de la deuda total de Cataluña, que es la comunidad autónoma más endeudada, el Estado va a asumir 15.000 millones, el 17,3%", explica la responsable de UPN.
Y, por todo ello, Unión del Pueblo Navarro, considera que, "en aras de la igualdad, Navarra puede y debe esgrimir el mismo derecho político y económico y exigir al Estado que también asuma el 17,3% de los 3.175 millones de euros de nuestra deuda pública, es decir, 550 millones, que deberían pasar de la deuda de Navarra a la deuda del Estado".
Y es que, evidentemente, el trato dado por el PSOE a Cataluña fracciona por los cuatro costados el artículo 14 de la Constitución Española -igualdad ante la ley de todos los españoles-.
Hay que recordar que, el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, firmaron un acuerdo de investidura de Pedro Sánchez que recoge todo un elenco de pactos de profundo impacto constitucional y económico. "Nos comprometemos a hablar y negociar", afirmó en rueda de prensa Cerdán, mientras defendía el acuerdo como "una oportunidad histórica" y un "acuerdo de legislatura" ". Y esa oportunidad implicaba que, a cambio de recibir los siete votos del partido de Puigdemont, los socialistas han quedado comprometidos a negociar un referéndum pactado. Junts propondrá " la celebración de un referéndum de autodeterminación", acogiéndose al artículo 92 de la Constitución que asegura que "el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados". Los socialistas defenderán que la consulta verse sobre "el amplio desarrollo del Estatut de 2006 así como un amplio despliegue". Pero los separatistas harán lo propio llevando la consulta a un referéndum separatista.
Además, el acuerdo habla de lawfare y recoge "comisiones parlamentarias" para los jueces supuestamente implicados en esa práctica: se harán para "las situaciones en las puedan derivarse situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política".
Y, por si fuera poco, y ya en materia netamente económica, el documento aborda la financiación de la Generalidad. Y es que, no sólo se condonarán 15.000 millones de la deuda catalana, sino que el PSOE se ha comprometido a estudiar una "modificación de la LOFCA" (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) que establezca "una cláusula de excepción" de Cataluña.
La propuesta que estudiará el Gobierno de Sánchez garantizará, además, el reconocimiento de "la singularidad" y que se facilite "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan" en la comunidad. También se propone ampliar "la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales".