Tras la reciente aprobación del nuevo subsidio de desempleo por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llega la hora de analizar sus posibles efectos y, a la vista de los primeros informes, estos no será positivos. La evidencia disponible demuestra que este tipo de subsidios, lejos de beneficiar a sus perceptores, terminan agravando y cronificando el paro, pero, aún así, la líder de Sumar ha optado por esta vía.
El Gobierno aprobó la semana pasada cambios en este subsidio, que se pasa a recibir cuando se agota la prestación contributiva, elevándolo a 570 euros los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes, frente a los 480 euros vigentes, ampliando su duración y permitiendo, además, que su cobro sea compatible con trabajar. Asimismo, se extiende a los menores de 45 años sin cargas familiares y a los trabajadores agrarios de todo el país, sin tener en cuenta el resto de prestaciones y ayudas existentes para los parados de larga duración que gestionan otras administraciones públicas.
Según Fedea, aunque la reforma del Ministerio tiene por objetivo mejorar la empleabilidad de los perceptores del subsidio a través de las políticas activas de empleo, dicha pretensión está "lejos de cumplirse" por varias razones: las obligaciones de los beneficiarios están poco definidas; los servicios públicos de empleo tienen un conocimiento muy limitado de las necesidades del tejido productivo y manejan un número muy reducido de las vacantes de empleo existentes, de modo que son incapaces de ofrecer trabajos adecuados a los perceptores del subsidio; y, aunque la cuantía de la ayuda se reduce mínimamente conforme aumenta la antigüedad, este recorte tampoco incentiva la vuelta al mercado laboral al tratarse de una prestación modesta.
La solución consistiría en endurecer las exigencias de búsqueda de trabajo y de no rechazo de ofertas de empleo, así como en la mejora del funcionamiento del sistema para que lleguen más ofertas desde los servicios del antiguo Inem, pero estas cuestiones no se modifican con la nueva norma, de modo que la reforma no contribuirá en nada a aumentar la empleabilidad de los parados de larga duración.
Más bien al contrario. El aumento y extensión del subsidio de desempleo se traducirá en un incremento sustancial del número de beneficiarios y, como consecuencia, en un mayor gasto público. El propio Ministerio de Trabajo calcula que el volumen total de perceptores subirá en 400.000, pasando de los 700.000 actuales a cerca de 1,1 millones.
Y, dado que cada 100.000 nuevos beneficiarios aumenta el gasto en 612 millones de euros, 400.000 nuevas personas percibiendo el subsidio supondría unos 2.500 millones de euros más de gasto al año en esta partida, equivalentes al 0,17% del PIB, según señala este centro de estudios en una nota. Así pues, el nuevo subsidio de Díaz agravará la cronificación del paro.
El problema, por otro lado, es que el aumento del subsidio tampoco guarda la necesaria "relación y coherencia" con el resto de las prestaciones dirigidas a los parados, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o las rentas autonómicas de inserción. En este sentido, Fedea apuesta por "simplificar el número de prestaciones" y, a modo de ejemplo, propone aumentar la prestación contributiva de desempleo, limitando su cobro a un período máximo de 12 meses, junto con un subsidio por un plazo máximo de 18 meses y, en caso de mantenerse la persona en paro, pasar a percibir el Ingreso Mínimo Vital, actuando las rentas autonómicas como complemento de los colectivos con mayores necesidades. Y "todas las prestaciones deberían ser compatibles con el trabajo, articulándose como un porcentaje adicional al salario que se reduciría progresivamente en el tiempo".
Por último, este organismo considera que mantener la renta individual como condición de acceso al subsidio, aunque se forme parte de una unidad familiar, "provoca una pérdida de eficiencia en el uso del dinero público y de equidad en su posible utilización en fines alternativos". Y critica que la reforma se haya aprobado por Real Decreto Ley, ya que deteriora la calidad normativa al no contar con los correspondientes informes vinculantes y consultivos sobre su contenido, sobre todo si se tiene en cuenta que los cambios entrarán en vigor en junio de 2024.