La intención de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de elevar el subsidio de paro ha generado un nuevo cisma en el seno del Gobierno, ya que, de momento, cuenta con el rechazo de la titular de Economía, Nadia Calviño.
La líder de Sumar quiere que el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, eleve su cuantía a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses.
Y todo ello partiendo del actual Iprem, que es de 600 euros al mes. En caso de que este indicador se incremente, también lo haría el subsidio, pues lo que fijaría la reforma son los porcentajes del Iprem a los que debe equivaler la ayuda.
Por otro lado, pretende extender su cobro a los parados menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según sus estimaciones) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000). También elimina el mes de espera para que el subsidio se pueda cobrar de manera inmediata y establece la posibilidad de compatibilizar el subsidio con un empleo durante los primeros 45 días sin rebajar su cuantía.
Además, la propuesta de Trabajo incluye que los subsidios se revisarán trimestralmente y no de manera mensual para que los desempleados no tengan que estar diariamente pendientes de incumplir algunos requisitos de renta que les hagan perder el subsidio. La reforma en cuestión, que es el último hito del Componente 23 del Plan de Recuperación negociado con la UE que le quedaba por cumplir al Ministerio de Trabajo, pretende ampliar los potenciales beneficiarios del nivel asistencial en unas 400.000 personas, casi un 50% más, hasta superar los 1,1 millones en total.
Aunque las negociaciones entre Trabajo y Economía continúan, la intención de Díaz es llevarlo próximamente a la Mesa de Diálogo Social, donde se sientan patronal y sindicatos, para aprobarlo cuanto antes en el Consejo de Ministros. La propuesta de Díaz, sin embargo, lejos de aliviar el grave problema del paro de larga duración y, de este modo, propiciar la reincorporación de estas personas al mercado laboral, tan sólo generaría más paro y durante más tiempo, contribuyendo así a su cronificación.
Aumentar los subsidios de desempleo reduce la probabilidad de que los parados encuentren trabajo y, por tanto, puedan valerse por sí mismos, sin necesidad de dinero público. Muchos países cuentan con un doble sistema de protección de desempleo parecido al español, con una prestación inicial de carácter contributivo por tiempo limitado y un subsidio asistencial posterior, de menor cuantía, cuando se agota el primero. Pero cuanto más generoso es el segundo, más paro se genera.
Finlandia, por ejemplo, aumentó el subsidio de paro en un 22% y, como resultado, bajó un 9% la probabilidad de que los desempleados encontrasen trabajo, según revela un estudio. Asimismo, un aumento del 10% del subsidio reduce esa misma probabilidad un 6%. Dado que la ministra de Trabajo pretende disparar el subsidio un 37,5%, la probabilidad de salir del paro caería de forma mucho más sustancial, aumentando el desempleo de larga duración y, por tanto, el número de parados crónicos.
Y lo mismo sucede al revés. La reforma laboral aprobada en 2012 redujo del 60% al 50% la base reguladora de la prestación de desempleo, recortando así la cuantía a percibir, y el resultado fue justo el contrario, puesto que aumentó un 41% la probabilidad de encontrar trabajo, redujo un 14% el período en situación de desempleo y, como consecuencia de lo anterior, bajó un 16% el gasto público destinado a esta partida.
Así pues, elevar los subsidios es una pésima idea: aumenta el número de parados, cronifica el desempleo, eleva la dependencia y vulnerabilidad de un porcentaje creciente de la población e incrementa el gasto público. De hecho, este fenómeno, en parte, ya se está produciendo, puesto que el Gobierno aumentó la prestación de desempleo para 2023, elevando del 50% al 60% de la base reguladora la cuantía a pagar a partir del séptimo mes de paro, revirtiendo con ello la reforma de 2012.
España tiene la tasa de paro más alta de Europa (12%) y, sin embargo, muchas empresas no encuentran personal. La extensión de paguitas públicas es uno de los principales factores que explica esta particular paradoja de alto paro y escasez de trabajadores.