El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un interesante Plan de Calidad Institucional para el periodo 2023-2027. La iniciativa se apoya en mejoras que ya se adoptaron durante la pasada legislatura y contempla tres pilares: (1) mejora de las instituciones municipales, (2) seguridad jurídica y simplificación administrativa y (3) calidad regulatoria.
En lo referido a la mejora de las instituciones locales, el Ayuntamiento de Madrid plantea cuestiones como la actualización de la Ley de Capitalidad, desfasada desde su aprobación original en 2006 o el desarrollo de un nuevo reglamento del gobierno y del pleno municipal. De especial interés es el mandato de caducidad de las iniciativas no aprobadas tras la finalización de cada mandato.
Más interesante aún, si cabe, es el segundo punto, referido a seguridad jurídica y simplificación administrativa. De 2019 a 2023, el número de ordenanzas y reglamentos pasó de 123 a 88, tras un proceso de consolidación que tumbó 39 disposiciones, actualizó otras 16 e introdujo 2 normas facilitadoras de la actividad.
En el mandato de 2023-2027, se proponen siete nuevas derogaciones, lo que haría que en 2027 haya en vigor 81 ordenanzas y reglamentos, 42 menos que en 2019. A esto hay que sumarle la anulación de 90 acuerdos, decretos y resoluciones municipales mediante un acuerdo adoptado el 1 de julio de 2021, lo que eleva el total de medidas de desregulación y simplificación a 132 acciones.
Según explica el propio Ayuntamiento de Madrid a través de su Dirección General de Organización, Régimen Jurídico y Calidad Regulatoria, se han identificado normas sin actualizar desde hace décadas, incluso algunas de 1971, amén de otras disposiciones que se han visto superadas por regulaciones más recientes que se ocupan de la misma cuestión y que adoptan un criterio más ajustado.
La Villa y Corte también emula el modelo de la Línea Abierta contra la Hiperregulación, que detectó cientos de trabas a través de un buzón abierto a empresas y ciudadanos. En el caso del gobierno municipal, lo que se propone es la suscripción de convenios de colaboración para la identificación y la supresión de cargas administrativas de la mano de organizaciones sectoriales.
Madrid también va a eliminar los informes no preceptivos en los procedimientos administrativos, al entender que pueden convertirse en una carga que retrasa la resolución de los procedimientos. No tiene sentido, pues, evitar que la actividad productiva e inversora quede sujeta a pronunciamientos que no son vinculantes y, por lo tanto, solamente generan retrasos en los tiempos burocráticos de la administración local.
En tercer lugar, Madrid plantea sacar adelante un nuevo reglamento de calidad regulatoria, aumentando las consultas previas a empresas y ciudadanos, instaurando las memorias de impacto normativo y cultivando la evaluación ex post de las normas aprobadas. También se va a anunciar en la simplificación de las ordenanzas fiscales, que van a quedar refundidas en una sola, y se va a evaluar las normas en vigor, lo que puede facilitar la revisión y mejora de al menos seis disposiciones municipales que ya están en el punto de mira del gobierno local, caso de las ordenanzas dedicadas a la calidad del aire, la regulación del taxi, la movilidad, las licencias urbanísticas, la ayuda a domicilio o la EMVSA. Retomando el conteo anterior, esto supondría un total de 138 medidas de desregulación.
El plan de calidad regulatoria incorpora también la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) para mejorar el lenguaje en la redacción de textos legislativos. La idea es evitar una terminología excesivamente encorsetada que resulte poco comprensible. De modo que, sin perjuicio del lenguaje jurídico que es propio al proceso normativo, la corporación local se dispone a desplegar soluciones de IA para simplificar y hacer más accesible el texto de tales desarrollos, buscando una comunicación más sencilla, fluida y comprensible.