La ocupación laboral de la población femenina se ha duplicado desde mediados de los años 90 y la diferencia en la participación de hombres y mujeres en el empleo se sitúa en mínimos históricos. De igual modo, el porcentaje de mujeres con estudios universitarios viene aumentando a un ritmo más acelerado que el de los hombres, mientras que los indicadores de seguridad frente al crimen colocan a la población femenina de nuestro país en una situación muy ventajosa.
Estos y otros desarrollos explican por qué España era uno de los mejores países para ser mujer del mundo, según los indicadores divulgados hace cinco años por la Universidad de Georgetown y otros organismos como Eurostat. Sin embargo, estos resultados se han deteriorado a pasos agigantados a lo largo de la etapa de gobierno de Pedro Sánchez, hasta el punto de que España ha caído del puesto 5 al número 27 de dicho ranking. El desplome de estos indicadores referidos a la situación de la mujer en nuestro país cuestiona apuesta de la izquierda española por enfocar estas cuestiones desde el prisma del feminismo de corte socialista y no con una perspectiva de igualdad liberal.
Hiperregulación y feminismo
En este sentido, uno de los problemas que se puede observar en las políticas de mujer, igualdad y género es la sobreabundancia de legislación. De hecho, un nuevo estudio publicado por el Banco de España estima que nuestro país ya tiene 17.680 normas de este tipo en vigor, correspondiendo unas 13.818 leyes o regulaciones a la cuestión de la no discriminación y otros 3.862 desarrollos a todo aquello vinculado con los asuntos de género.
En los tres siguientes gráficos se puede ver la evolución de la normativa aprobada en relación con la "discriminación", la "conciliación" o la "igualdad de género".
Estos datos se pueden desagregar para tomar en cuenta la evolución de tales desarrollos legislativos a nivel nacional y también por comunidades autónomas. Este ejercicio muestra, por ejemplo, la intensidad con la que han avanzado estas regulaciones en los últimos años (ver mapas de calor) y su creciente relevancia en territorios como Cataluña o Andalucía (ver tabla de datos).
El estudio del organismo regulador, firmado por los investigadores Juan S. Mora-Sanguinetti, Laura Hospido y Andrés Atienza-Maeso, advierte de que "la normativa puede generar impactos positivos o negativos, en función del acierto con el que sea diseñada". En este sentido, llama a analizar el acervo legislativo aplicable a la mujer "para asegurar que no esté incrementando, en vez de reduciendo, los costes de transacción".
Así, el Banco de España explica que "aprobar una norma anti-discriminación sí ha venido ligado con un aumento medio de 1 punto en la tasa de empleo femenino, pero en cambio se observa que los impactos de la regulación sobre conciliación o igualdad de género son más imprecisos". De hecho, el estudio encuentra que los aumentos del nivel económico per cápita de la región han demostrado tener un impacto más de 20 veces mayor sobre la situación laboral de las mujeres que la aprobación de normas anti-discriminación.