La imposición del Gobierno desde el pasado 1 de enero de obligar a cotizar a los becarios que no cobran ha generado una lluvia de críticas entre las empresas y la comunidad educativa. La razón del descontento no es tanto la económica, sino la cantidad de trámites burocráticos que tienen que llevar a cabo para cumplir con los nuevos mandatos del Gobierno.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha esgrimido todo tipo de argumentos para defender su medida: que beneficiará a los estudiantes "a efectos de la futura pensión", que los jóvenes "estarán más protegidos en caso de accidente" o que servirá para "concienciarles de la importancia que supone estar dentro del sistema de Seguridad Social". Como ya hemos publicado en Libre Mercado, esos supuestos beneficios no serían tan útiles como el Gobierno pretende hacer creer.
Como el Ejecutivo se ha propuesto batir su propio récord en ingresos por cotizaciones sociales en 2024, sería lógico pensar que incluir a más de 1 millón de becarios sin remunerar (el dato oficial) en el sistema de la Seguridad Social sería un lucrativo negocio para las arcas del Estado. Sin embargo, por ahora, el Ministerio que dirige Elma Saiz ha decidido bonificar las cuotas un 95% para los universitarios y un 100% para los estudiantes de Formación Profesional ¿Cuánto dudará esa bonificación? De momento es una incógnita.
Sin la bonificación, la cotización de los becarios con prácticas no remuneradas sería más suculenta para el sistema: estaría fijada en una cuota empresarial, por cada día de prácticas, de 2,54 euros por contingencias comunes excluida la prestación de incapacidad temporal y de 0,31 euros por contingencias profesionales, sin que pueda superarse la cuota máxima mensual por contingencias comunes de 57,87 euros y por contingencias profesionales de 7,03 euros. Fue en el año 2011, cuando el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, obligó a los becarios con prácticas remuneradas a cotizar (sin bonificación).
¿Becarios cotizantes, pero ‘no afiliados’?
Por tanto, si el Gobierno tampoco va a disparar la recaudación con su nueva norma, cabría preguntarse si hay algún otro motivo detrás de su puesta en marcha. La intención de maquillar los datos de afiliación a la Seguridad Social sumando al dato de cotizantes una nueva multitud de becarios ha sido una de las hipótesis más comentadas desde que se conoció la entrada en vigor de la medida.
Teniendo en cuenta que los becarios que sí cobran por sus prácticas aparecen como afiliados en las estadísticas del departamento que dirige Elma Saiz, no era descabellado pensar que ese podría ser su destino. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Seguridad Social niegan a Libre Mercado esta posibilidad. "No se incluirán como afiliados en la Seguridad Social. Irán en una categoría aparte". Por tanto, parece que el destino estadístico de estos nuevos estudiantes será el de pertenecer a la inédita categoría del cotizante, pero no afiliado.
Actualmente, los estudiantes que realizan prácticas remuneradas se engloban en la categoría de afiliados denominados "Otros", que supera los 1,4 millones de cotizantes e incluye a afiliados sin contrato como funcionarios (el 80%), becarios que cobran (el 6%) o cuidadores no profesionales. Tal y como se observa en el siguiente gráfico, este tipo de afiliados lleva creciendo considerablemente desde 2019.
En concreto, y muy poco después de que Sánchez llegara al Gobierno, se ha producido un aumento de la afiliación de más de 300.000 personas en la categoría "Otros". En el caso de los becarios con prácticas remuneradas, estaríamos ante unos 84.000 estudiantes que cuentan como afiliados a día de hoy y que contribuyen a inflar el dato de empleo oficial (son jóvenes que suelen hacer prácticas 4 horas al día por menos de 500 euros).
Por tanto, la de los becarios que sí cotizan sería la enésima fórmula incluida en las estadísticas oficiales que serviría al Gobierno para enmascarar la verdadera calidad del empleo en España. Cabe recordar que uno de los artificios estadísticos más polémicos del Ejecutivo de Sánchez ha sido el de los fijos discontinuos, donde empleos de naturaleza temporal han sido rebautizados como "fijos" que tampoco cuentan como parados oficiales aunque no estén trabajando. El aumento del empleo público con el Ejecutivo de Sánchez también ha sido otra alternativa más para dopar la estadística de afiliación.