Desde el 1 de enero de este año, todos los becarios que realicen prácticas no remuneradas en España deberán cotizar a la Seguridad Social. La medida ha generado una oleada de críticas entre las empresas y la comunidad educativa no tanto por el coste económico que les puede suponer (la cotización va a estar bonificada al 95%), sino por la cantidad de trámites burocráticos que van a tener que llevar a cabo para cumplir con los mandatos del Gobierno.
Hasta el pasado 31 de diciembre, solo existía la obligación de dar de alta a los alumnos que llevaban a cabo prácticas remuneradas. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha querido ir más allá, en teoría, por el bien de los estudiantes. Pero, ¿es esa la única razón?, ¿realmente la medida beneficiará a los alumnos? Las incógnitas son muchas.
Los dudosos argumentos del Gobierno
"Yo estoy a favor de que los becarios con prácticas no remuneradas coticen para tener un mayor control de los estudiantes y/o de cara a una inspección de trabajo, pero lo que no tiene sentido es que el Gobierno se justifique en que les va a ayudar en su jubilación cuando el periodo máximo de prácticas curriculares (las obligatorias) es de 150 horas, poco más de un mes, y el de las extracurriculares (las voluntarias) 900 horas, unos 6 meses" señala la directora de operaciones de la Fundación Universidad Empresa, Carmen Palomino. La entrevistada recalca que todos los alumnos de las prácticas que gestiona su fundación ya cotizaban antes de empezar el 2024 porque se trata de prácticas remuneradas.
Y es que, el Gobierno argumenta que la obligación de cotizar por los becarios que no cobran es "una extensión de derechos que beneficia a los más jóvenes que, de este modo, podrán comenzar una carrera de cotización que les permitirá generar derechos a futuro, puesto que supondrá el reconocimiento de este tiempo como cotizado a efectos de la futura pensión". Para Palonino, no tiene sentido esta argumentación: "El periodo de las prácticas es muy corto y la cuantía de cotización, mínima. Que no digan que las pensiones de los alumnos van a aumentar por esto".
Además, el Ministerio de Seguridad Social añade que "estos jóvenes estarán más protegidos durante el desempeño de sus prácticas, por ejemplo, en caso de accidente". En este punto, Palomino desmiente categóricamente esta afirmación. "Los estudiantes de prácticas no remuneradas ya disponían de un seguro escolar que les cubre tanto los accidentes durante el traslado al lugar de prácticas como los que ocurran dentro del mismo. Ya estamos pagando por eso" apunta.
Hay que tener en cuenta que con la introducción de la nueva obligación los becarios que no cobran no tendrán derecho a paro o a cobrar durante una baja por enfermedad. "Quedarán excluidos de la protección por desempleo" o de la "cobertura del Fondo de Garantía Salarial. En el supuesto de las prácticas no remuneradas se excluirá también la protección por la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes" explica Seguridad Social. Este punto sería lógico, ya que esos alumnos no están cobrando por las prácticas, pero vendría a desmontar (otra vez) el argumento del supuesto "aumento de derechos" del alumno.
¿Maquillaje estadístico?
Por tanto, si los beneficios de obligar a cotizar a los becarios no son tan útiles como el Ejecutivo pretende hacer creer, ¿qué otras intenciones podría tener en Gobierno con su puesta en marcha? La primera respuesta que podría surgir es el objetivo recaudatorio (el Gobierno se ha planteado batir su propio récord en ingresos por cotizaciones sociales en 2024). Sin embargo, no parece que esta sea la clave debido a que el Ministerio que ahora dirige Elma Saiz ha determinado que bonificará las cuotas un 95% en la cotización por contingencias comunes. Además, en el caso de los estudiantes de Formación Profesional, el 5% restante lo asumirá el Ministerio de Educación.
En este sentido, según el texto publicado en el BOE, en el caso de prácticas formativas no remuneradas, la cotización consistirá en una cuota empresarial, por cada día de prácticas, de 2,54 euros por contingencias comunes excluida la prestación de incapacidad temporal y de 0,31 euros por contingencias profesionales, sin que pueda superarse la cuota máxima mensual por contingencias comunes de 57,87 euros y por contingencias profesionales de 7,03 euros. Eso sí, como el Gobierno ha determinado que las cuotas estarán bonificadas al 95%, la cotización será de 13 céntimos por cada día de prácticas sin que pueda superarse la cuota máxima mensual de 2,89 por contingencias comunes.
Por tanto, si el Gobierno tampoco pretende disparar la recaudación con esta modificación que afecta a más de un millón de alumnos, ¿qué podría estar detrás de su puesta en marcha? Algunos expertos ya avisan de las intenciones del Ejecutivo de Sánchez de maquillar los datos de afiliación a la Seguridad Social sumando a estos becarios en el dato de afiliación. Para confirmar si eso es así, deberemos de esperar a que finalice el mes de enero para ver dónde ha encajado el departamento de Elma Saiz a los becarios en sus estadísticas (los becarios que cobran por sus prácticas sí cuentan como afiliados).
Según el Gobierno, "estos alumnos en prácticas quedarán comprendidos como asimilados a trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social, excluidos los sistemas especiales del mismo". La medida contempla "beneficios también para antiguos becarios ya que recoge la opción de suscribir un convenio especial que posibilite el cómputo de la cotización por los periodos de formación o realización de prácticas no laborales y académicas realizados antes de la entrada en vigor de esta norma y hasta un máximo de cinco años" añaden.
¿"Concienciar" al alumno?
Otra de las argumentaciones que dio el pasado mes de diciembre el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, para defender la necesidad de obligar a cotizar a los becarios que no cobran es la de hacer que "los jóvenes tomen de conciencia de la importancia que supone estar dentro del sistema de Seguridad Social". No es la primera vez que el Gobierno promueve la necesidad de "concienciar" a jóvenes y niños de las bondades de pagar impuestos.
Mientras tanto, la puesta en marcha de esta medida está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para las empresas, sobre todo, para las pequeñas, que han llegado a suspender acuerdos con universidades y están prefiriendo quedarse sin becarios ante el nuevo papeleo que se les obliga a cumplir. "El desconcierto y la descoordinación es total y más cuando el verdadero problema de los becarios es que faltan empresas para hacer prácticas porque tener a un becario es una responsabilidad. Es un alumno, no es un trabajador. Formarle requiere un esfuerzo" denuncia Palomino. Estas declaraciones explicarían decisiones como las que ha tomado el grupo educativo CEU esta semana asumiendo el coste económico y de gestión con la Seguridad Social de todos sus alumnos en prácticas sin remunerar para así liberar a las empresas del este gasto de tiempo y dinero.
En una línea similar ha ido la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) que ha manifestado "nuestra sorpresa al ver el alto grado de improvisación y confusión con el que esta medida se está implementado". Según la CRUE, tanto las Administraciones Públicas como las empresas que incorporan becarios que no cobran a su actividad "no se están haciendo cargo de sus cotizaciones ante la Seguridad Social y algunas universidades han tenido que asumir este coste". De estas declaraciones se deduce que las universidades estarían asumiendo esa carga por el miedo a quedarse sin empresas en las que sus alumnos puedan hacer prácticas.
Otro "ridículo" al que apunta Palomino con la norma del Gobierno es que "no tiene sentido que cambien el sistema el 1 de enero cuando los pilla a mitad de curso educativo. Es un despropósito". Mientras tanto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue preparando el Estatuto del becario al que también se oponen empresas y universidades.