España no puede seguir instalada en el nivel de gasto desmedido en el que vive desde hace muchos años. Sánchez ha intensificado el gasto público de manera desorbitada, pero más allá de hablar de gastos superfluos no suele ser la parte del presupuesto en la que se enfocan los políticos. La izquierda aumenta el gasto y sube los impuestos, que hunde la economía.
El liberal-conservadurismo aplica la eficiencia en la gestión y logra ahorros en el gasto, que junto a la eliminación de algunos gastos menores le permite bajar impuestos para incentivar la actividad económica, pero no llega a reducir de verdad el gasto, porque piensa en las elecciones y la sociedad tiene muy interiorizado que los servicios que le ofrecen han de ser lo más variados posibles y muchos no terminan de asimilar que eso sale de los impuestos de todo, porque obra la ilusión fiscal y terminan pensando que lo pagan otros.
Es más, en ocasiones, cuando la actividad económica parece que va bien y los ingresos crecen temporalmente, algunos políticos liberal-conservadores incrementan el gasto y presumen de ello, sin darse cuenta de que se adentran en el camino peligroso del desequilibrio. Es humano que piensen en las elecciones, pero peor reaccionará el ciudadano si, finalmente, todo estalla y hay que aplicar entonces intensos recortes.
Así, el Gobierno de Sánchez ha llevado el gasto a unos niveles insoportables, que están aumentando la deuda de manera exponencial y que van a suponer una losa importante para las generaciones actuales y futuras, habida cuenta de que el incremento ha sido muy cuantioso.
Si mes tras mes vemos cómo la deuda la ha aumentado sin parar -en más de 400.000 millones de euros desde que llegó al Gobierno- podemos comparar la situación con el presupuesto que él heredó en 2018 para comprobar cómo el gasto se ha disparado en los últimos cuatro años.
De esa forma, según el techo de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el gasto pasa de 119.834 millones de euros en 2018 a 199.120 millones en 2023.
Eso supone un aumento de 2023 a 2024 del 0,5% incluyendo fondos europeos y del 9,3% sin incluirlos. Es decir, se está acelerando el gasto estructural sin financiación europea.
Es decir, se ha incrementado en 79.286 millones de euros, que es una auténtica barbaridad, puesto que el PIB nominal, en ese período, y si se cumplen las estimaciones de crecimiento del PIB en términos corrientes para 2024, habrá aumentado en 338.334 millones de euros, con lo que de ese aumento del PIB, el incremento del gasto supondrá un 23,43% del mismo. O lo que es lo mismo: de cada nuevo euro de actividad económica generada en España, 23,43 céntimos se habrán dedicado al gasto público.
Es cierto que en esos 199.120 millones de euros se encuentra gasto financiado en exclusiva con los fondos de recuperación europeos, de forma que el gasto sin ellos se queda en 189.215 millones de euros, pero aun así el aumento de gasto desde 2018 es de 69.381 millones.
Por tanto, aunque los 9.905 millones de euros de fondos europeos que elevan el techo de gasto y que se reciben vía ingresos de la UE no se consoliden en el tiempo y desaparezcan cuando finalice el programa de recuperación -que es mucho suponer, pues vemos que lo financiado con fondos de recuperación pasa de 25.156 millones en 2023 a 9.905 millones en 2024, pero el presupuesto no se reduce en esa diferencia, sino que aumenta sin incluir los fondos en 16.150 millones, un 9,3%-, los otros 69.381 millones de euros de incremento desde 2018 los ha dejado Sánchez como estructurales, que merman las posibilidades de crecimiento de la economía española por el lastre que suponen para ella.
Y ese gasto estructural acelera su crecimiento en 2024, pues de 2023 a 2024 crece más el gasto que no cuenta con financiación europea, con lo que el desequilibrio es todavía mayor, ya que el financiado con fondos europeos es neutro desde el punto de vista del saldo presupuestario.
Todo ello, lo hace con la recuperación de las reglas fiscales, cuya suspensión ha constituido un elemento negativo para la disciplina presupuestaria en el caso de que los gobiernos nacionales, como el del presidente Sánchez, incrementen el gasto sin medida, que está aumentando peligrosamente la deuda y dificultando su sostenibilidad, además de provocar un encarecimiento de su financiación, tanto por la subida de tipos que afecta a las nuevas emisiones -deuda nueva y refinanciaciones- como por el mayor diferencial que habrá que pagar por el mayor riesgo que supone el país al estar más endeudado -y que ya está pagando-, como hemos contado en anteriores artículos.
Eso hace que la deuda aumente sin cesar, como venimos viendo todos los meses, con más de 400.000 millones de euros más de endeudamiento desde que gobierna, que genera graves desequilibrios.
No podemos seguir así. Hay que recortar gasto de manera importante. No es viable que toda necesidad termine convertida en gasto financiado. Hay que reducir el peso del sector público, eliminar mucho gasto clientelar y recortar el gasto de lo que no sea esencial para poder preservar los servicios fundamentales. Por ello, hay que hacer un presupuesto base cero, que se replantee absolutamente todo, para poder valorar bien de qué se puede prescindir y de qué no. España no puede seguir acumulando gasto; es más, debe reducirlo de manera intensa si no quiere tener un grave problema de equilibrio presupuestario en el medio plazo.