Son muchos los que pierden con la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI). El aumento del 5% que aplicará el Gobierno en 2024, hasta un total de 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas, se traducirá en más destrucción de empleo, tras los 160.000 puestos de trabajo que ya han desaparecido con las anteriores subidas; más dificultades de empleabilidad para los colectivos más vulnerables, como es el caso de los jóvenes, los parados de larga duración y las personas menos cualificadas; mayores costes para las empresas, especialmente para las pymes, donde el SMI ya representa más del 70% de su sueldo medio, hasta el punto de incurrir en pérdidas o incluso llevar a la "quiebra" a muchas compañías, según advierte CEOE; y precios más altos para el conjunto de los consumidores, en caso de que las empresas afectadas puedan trasladar ese coste adicional al precio final de sus bienes y servicios.
La histórica subida del SMI que ha implementado el Gobierno de Sánchez desde 2018 es problemática porque España ha registrado el segundo mayor incremento de la OCDE, siendo el país donde más ha caído la productividad, que es la variable clave para determinar el nivel salarial.
Sin embargo, existe un ganador claro con el aumento del SMI y ése es el Estado, puesto que aumenta la recaudación con cada nueva subida. El nuevo salario mínimo pasa de 1.080 euros al mes en 14 pagas a 1.134 euros brutos, incluyendo el IRPF y las cotizaciones sociales que paga el trabajador. El sueldo bruto anual, por tanto, sube de 15.120 a 15.876 euros, esto es 756 euros más al año.
Pero no toda la subida acaba en el bolsillo del trabajador, ni mucho menos. Hoy por hoy, el mínimo exento en el IRPF es de 15.000 euros anuales, de modo que, tal y como ha denunciado el PP, descontando el pago de la renta y las cotizaciones, un trabajador soltero y sin hijos tan sólo se embolsaría 418 euros más al año, el 55% de la subida anunciada, mientras que el Estado se quedaría 338 euros (52 en cotizaciones y 286 en IRPF).
Esta es la razón por la que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer que se elevara el mínimo exento a fin de que el trabajador cobrase el 100% de la subida del SMI. El Ministerio de Hacienda no tardó en responder y avanzó que, efectivamente, el Gobierno elevará dicho umbral en el IRPF para actualizarlo a la nueva subida del salario mínimo, tal y como hizo en 2023, hasta casi igualarlo al SMI.
Pero el sueldo bruto del trabajador es sólo una parte de la película. La clave para analizar el reparto real entre trabajador y Estado es el coste laboral total, que es el sueldo real del trabajador (la cuantía total que está dispuesta a pagar la empresa por contratarle), donde se incluyen las cotizaciones sociales a cargo de la compañía y, ahora también, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional para elevar la recaudación de la Seguridad Social a fin de mantener las pensiones públicas. Al sueldo bruto, por tanto, hay que sumarle entre un 31% y un 38% en cotizaciones de la empresa, en función de cuál sea el tipo de cotización de accidentes de trabajo.
De este modo, el coste real del salario mínimo para la empresa pasará de 1.664 euros en 2023 a 1.769 euros en 2024 en 12 pagas (y más de 1.900 euros al mes si se descuentan las vacaciones), según las últimas estimaciones de las patronales. Es decir, el coste de contratar a un trabajador a tiempo completo que cobre el SMI subirá de 19.968 a 21.228 euros al año, esto es 1.260 euros más.
Así pues, tomando como referencia este incremento total y aun bajo el supuesto de que el Gobierno eleve el mínimo exento del IRPF, descontadas todas las cotizaciones sociales, un trabajador soltero y sin hijos que cobre el nuevo SMI ingresará 704 euros netos más al año, mientras que Hacienda y Seguridad Social se embolsarán los 556 euros restantes. El 56% de la subida real del SMI se la queda el trabajador y el otro 44% el Estado en forma de impuestos y cotizaciones.
Otra forma de verlo es que, aplicando una nueva subida del SMI del 5% y partiendo de la base de que, aproximadamente, existen 2,3 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo, de los cuales 2 millones están a jornada completa, la factura real para las empresas oscilaría entre los 2.500 y los 3.000 millones de euros extra el presente año. Y de toda esa cuantía el Estado se quedará, como mínimo, unos 1.100 millones de euros en 2024 (44%).