Estos días hemos asistido al enésimo enfrentamiento entre Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de España. Esta vez a cuenta de la energía. Y que quieren que les diga, me gusta a mí que se discuta sobre energía en este país, porque no le damos la importancia que realmente tiene para nuestra calidad de vida y nuestro bienestar. Andamos distraídos en lo accesorio sin prestar atención a lo importante.
Protestaba en esta ocasión la presidenta madrileña porque, a su juicio, las inversiones planificadas en materia de redes eléctricas perjudicaban especialmente a la Comunidad de Madrid (también Andalucía se ha quejado de lo mismo). Sin entrar a valorar lo premeditado del asunto, lo cierto es que no le falta razón en que contamos con un sistema que tiene bastante margen de mejora.
El transporte de electricidad podemos considerarlo un monopolio natural y, como tal, su gestión está regulada por el estado. La legislación española atribuye a Red Eléctrica la operación de las redes de transporte de electricidad, pero también (y aquí se origina el problema) la planificación de las inversiones y la ejecución de éstas. Y nos encontramos ante el clásico ejemplo de planificación central que no acaba de funcionar del todo por el simple hecho de que el planificador no puede disponer de toda la información necesaria para planificar adecuadamente. Algo que explicaron Mises, Hayek o Rothbard hasta la saciedad.
Aun suponiendo la buena intención del planificador (que obviamente le supongo), lo cierto es que los incentivos del sistema no propician la eficiencia de las decisiones. El planificador va a ganar lo mismo planifique bien o mal, ejecute bien o mal. No hay ningún incentivo a buscar el interés general. Ya saben a qué me refiero porque lo ven ustedes todos los días.
Además, la planificación se hace cada seis años (con revisiones puntuales que aprueba el Ministerio) algo a todas luces insuficiente con la velocidad a la que se están desplegando las energías renovables en nuestro país. Si somos capaces de movilizar miles de millones en inversiones, deberíamos ser capaces de construir las infraestructuras suficientes para luego ser capaces de evacuar toda la electricidad que produzcan esas nuevas energías. Si no, hay algo que no se está haciendo bien.
Desde el punto de vista del consumo, el argumento es similar. El planificador no puede saber dónde van a querer establecerse grandes compañías consumidoras intensivas de electricidad para tener la red preparada cuando ellas lleguen, si bien es cierto que tampoco hay que hacer un sesudo análisis para saber que Madrid tiene muchas de las papeletas. Además, el tema de las conexiones en Madrid lleva tiempo haciendo ruido y era más que sabido por todos. Si no se ha solucionado por falta de dinamismo en la planificación o por "castigo" político es algo difícil de valorar, aunque cada parte se atrinchere en su posición. No afirmo que desde el gobierno se haya instrumentalizado un trato perjudicial a Madrid, pero el mero hecho de que exista la posibilidad de hacerlo, simplemente "olvidándose" de incluir las inversiones en el plan de turno, es algo que nos debería hacer reflexionar.
En cambio, si introdujéramos soluciones de mercado a algunas de las actividades propias de Red Eléctrica, es posible que ganáramos agilidad en la ejecución de inversiones muy necesarias para que la transición energética intensifique su inercia. Por ejemplo, podríamos proponer que fuera la propia empresa interesada la que tuviera que hacer la inversión de acometida de electricidad hasta la red de alta tensión, de acuerdo con unos criterios establecidos por Red Eléctrica. Podríamos incluso proponer que fuera el propio interesado el que pagara la inversión y no todos los españoles con cargo a la tarifa de la luz.
De este modo conseguiríamos varias cosas, entre ellas celeridad en las inversiones y también que sea el mercado el que contribuya a decidir dónde quiere realizar esas inversiones y no únicamente una empresa bajo control político. Imaginen que yo quiero instalar un centro de procesamiento de datos en el medio de la campiña de Soria, simplemente no es posible porque no tengo una red eléctrica a la que conectarme. Si se me permitiera pagar la inversión de la conexión a la red de alta tensión más próxima, las decisiones serían entonces de otra índole. Habría un balance entre coste del suelo, costes salariales, costes de la conexión, etc.
Esto abriría nuevas posibilidades. Al poder decidir libremente dónde se instala una empresa, esto permitiría a las Comunidades Autónomas competir por atraer inversiones en base a criterios fiscales o de otra índole, y no en base a si alguien ha planificado que las conexiones eléctricas de esa zona estén escritas en un plan y vayan a ser realidad. O si el Ministerio tramita o no las modificaciones puntuales a ese plan.
Se trata, en definitiva, de aplicar la flexibilidad y dinamismo del libre mercado a alguna de las actividades que son propias de un mercado regulado como el transporte de electricidad. Si no lo hacemos, corremos el peligro de perder inversiones multimillonarias en sectores que no nos podemos permitir. Y tampoco es que estemos como para despreciar a empresas de sectores tecnológicos que pretenden invertir en España, ¿no creen?