El mercado inmobiliario español está aquejado de un grave problema de seguridad jurídica. Los índices internacionales nos sitúan como uno de los países con peores indicadores de protección de la propiedad privada, circunstancia que se traslada directamente a los precios que se pagan para comprar o alquilar unos activos cuya salvaguardia no está debidamente garantizada por parte de las autoridades.
En los últimos años se ha venido apreciando un repunte de los casos de inquiokupación, término recientemente acuñado con el que se alude a aquellas situaciones en las que un inquilino deja de pagar el alquiler al propietario pero se niega a asumir la situación, abandonar la vivienda y devolverla a su dueño para que pueda volver a hacer uso de ella.
Según datos oficiales evaluados por la Plataforma de Afectados por la Okupación, siete de cada diez desahucios de vivienda se explican por situaciones de impago del alquiler, de modo que estaríamos hablando de 25.000 casos de inquiokupación cada año. Además, el tiempo medio para tramitar un desahucio se sitúa cerca de los dos años, tras haber crecido de 11 a 21 meses bajo gobierno de Pedro Sánchez.
Ante esta situación, la fundación Alquiler Seguro ha presentado un informe en el que sitúa la deuda media de los inquilinos morosos en el entorno de los 7.600 euros. Cataluña presenta los peores datos, puesto que el impago medio soportado por sus propietarios alcanza los 10.425 euros. A continuación figura Baleares, con 9.634 euros de media.
Si se analizan los datos por provincias, encontramos que los peores resultados son los de Barcelona, donde la deuda media es de 12.989 euros, una cifra que se sitúa casi 3.500 euros por encima de los 9.550 euros que tienen pendientes de pago los propietarios madrileños que están en esta situación.
Si se comparan los números de 2023 con los de 2022, encontramos que la deuda media sigue aumentando, con un repunte anual del 0,9% que se suma a la fortísima subida del 7% registrada durante el ejercicio anterior. La comunidad donde más se redujo la deuda de los inquilinos morosos fue Madrid, con una modesta del 0,6%, mientras que Murcia y Comunidad Valenciana registraron las mayores subidas, con tasas del 3% y del 3,8%, respectivamente.
El estudio también revisa los datos del Fichero de Inquilinos Morosos con ánimo de conocer mejor el perfil medio de los propietarios afectados, encontrando que algo más del 50% de los casos se concentran en pisos arrendados por personas de más de 65 años.