El problema de la okupación no solamente no va a mejor, sino que se está enquistando en los tribunales de manera preocupante. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revelan que el tiempo medio de espera para completar los procedimientos legales que permiten desalojar a los usurpadores de vivienda ya se sitúa en el entorno de los 20,5 meses.
Los procedimientos legales requeridos para recuperar una vivienda usurpada abarcan distintas instancias. Las denuncias de rigor deben ser tramitadas satisfactoriamente por los juzgados de primera instancia y, a continuación, deben resolverse por parte de las audiencias provinciales.
La primera parte suponía en 2022 una espera media de 10,9 meses. Esta cifra se sitúa claramente por encima de los 9,6 meses que se registraban en 2021. Por tanto, el pasado año se registró un aumento del 14% en los tiempos de espera que soportan los afectados por esta lacra. Además, si se comparan estos datos con los de 2018, año en que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno, encontramos que esta fase suponía entonces una espera media de 4,9 meses, de modo que los plazos de los juzgados de primera instancia se han duplicado bajo gobierno de PSOE y Podemos.
Sin embargo, zanjar de forma satisfactoria estos procesos no pasa solamente por las denuncias interpuestas ante los juzgados de primera instancia, sino que también exige el visto bueno de las audiencias provinciales. En este caso, las apelaciones se resolvieron en 2022 con una espera media de 9,6 meses. Por comparación, el año 2021 se cerró con una demora de 8,5 meses, de modo que los plazos se han dilatado un 13% durante el último año. Además, si nos remontamos a 2018, encontramos que esta instancia requería 7 meses de espera, de modo que el cambio a peor de los plazos de las audiencias provinciales bajo gobierno de Sánchez ha supuesto un aumento de los tiempos del 37%.
Cuando agrupamos las dos vertientes de estos procesos (denuncias ante los juzgados de primera instancia y procedimientos ante las audiencias provinciales), encontramos que resolver legalmente una okupación suponía una espera media de 11,9 meses en 2018, frente a los 20,5 meses de demora que se registran en 2022. Por tanto, bajo gobierno de Pedro Sánchez, este indicador crece de 12 a 21 meses, una subida del 72%.
Cerca de 100.000 inmuebles afectados
La Plataforma de Afectados por la Okupación estima que hay cerca de 100.000 inmuebles afectados por este tipo de crímenes. Datos de la Delegación de Gobierno en Madrid afirman que la mitad de los usurpadores tienen antecedentes y que tres de cada cuatro pertenecen a mafias organizadas. Por regiones, Cataluña está a la cabeza de España y el número de expedientes de okupación que tramita la policía en dicha región ya es cinco veces mayor que en Madrid.
En los últimos años ha aumentado notablemente el número de procesos de usurpación que se resuelven extrajudicialmente con la contratación de empresas de seguridad que proceden al desalojo de los inmuebles okupados aplicando controles de accesos y negociando con los criminales. Estas compañías, entre las que destaca Desokupa, están en el punto de mira de la izquierda política y mediática, que incluso ha registrado recientemente una proposición de ley que pretende su ilegalización.