A pesar de que el decreto antidesahucios se aprobó en 2020 como respuesta a la crisis derivada del coronavirus, el Gobierno ha aprobado este miércoles su enésima prórroga como pago -otro más- a sus socios de Bildu. De esta forma, aquellos okupas e inquiokupas que se declaren vulnerables tampoco podrán ser desalojados en 2024. "¿Esta es la protección al pequeño propietario que prometió la ministra de Vivienda en su toma de posesión?", se preguntan con ironía desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
Su portavoz, Ricardo Bravo, recuerda una vez más la existencia de miles de "falsos vulnerables" que se aprovechan de esta situación e insiste en que, incluso aunque realmente lo fueran, no son ellos los que tienen que asumir el coste de protegerles. "Decir que se van a evitar los desahucios suena muy bien, pero hay que ver quién paga la cuenta. Y el problema es que esto no se soluciona con vivienda social, sino que el Estado está derivando sus responsabilidades a terceros, creyendo que todo son bancos y fondos de inversión, pero no es así. Están destruyendo a familias normales y corrientes, que tienen que asumir el coste de esos okupas e inquiokupas mientras la ley juega a favor del que está delinquiendo".
La medida, que lleva en vigor desde marzo de 2020, está arruinando a pequeños propietarios que, tal y como demuestran los numerosos testimonios recogidos por Libre Mercado, necesitan alquilar su vivienda para poder llegar a fin de mes. Precisamente por eso, las víctimas consideran "un despropósito que el Gobierno siga prorrogándola sin sentarse a analizar lo que conlleva".
Hecha la ley, hecha la trampa
El decreto aprobado hace casi cuatro años considera vulnerables a todas aquellas familias que no superen un determinado nivel de renta, que se encuentren en situación de desempleo o que hayan sufrido "una pérdida sustancial de ingresos o una caída en la facturación de al menos el 40%", pero también a aquellas en las que alguno de sus miembros sea dependiente o víctima de violencia de género.
Sin embargo, tal y como viene denunciando la Plataforma de Afectados por la Ocupación, la realidad es que la falta de rigor de los Servicios permite que se "cuelen" falsos vulnerables que no pueden acreditar lo que alegan, que trabajan en b o que incluso cuentan con un contrato legal que nadie se ha esforzado en buscar en la base de datos de la Seguridad, como hace unos meses apuntaban las víctimas a LM. "Apenas se comprueba nada", denunciaban.
"El problema es que ser vulnerable en España es muy sencillo y hay muchísimos falsos vulnerables que se están colando y se están aprovechando del sistema", asegura Ricardo Bravo para el que, sin embargo, "lo peor de todo es que, después de más de tres años de vigencia, el Gobierno no haya hecho ni un pequeño cambio en el articulado de este Real Decreto para evitar que pasen estas cosas". Es más, la nueva Ley de Vivienda no hace sino dar alas a los falsos vulnerables, poniéndoselo más difícil si cabe a los propietarios.
SOS al Gobierno y a la UE
Con todo, las víctimas vuelven a hacer un llamamiento público tanto a la ministra de Vivienda como al titular de Justicia para que les reciba y conozca de primera mano sus inquietudes. "Con Isabel Rodríguez nos pusimos en contacto nada más escucharle decir que protegería al pequeño propietario, pero la realidad es que seguimos igual —advierte su portavoz—. Puede que simplemente dijera algo políticamente correcto que luego no sabe cómo llevar a cabo, pero vamos, lo tiene muy fácil: simplemente se tiene que reunir con la Plataforma de Afectados por la Ocupación, al igual que lo está haciendo con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o con los sindicatos de inquilinos para conocer nuestra situación".
Ante el caso omiso que el Gobierno les ha hecho en los últimos años, su esperanza está puesta ahora en Europa. No en vano, el pasado mes de febrero, la plataforma dirigida por Ricardo Bravo ya denunció ante la UE la "sistemática vulneración de sus derechos" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Concretamente, presentó una solicitud formal para que las instituciones comunitarias analizasen si el decreto antidesahucios que acaba de prorrogarse por enésima vez vulnera derechos fundamentales como el derecho a la propiedad. En los próximos meses, las víctimas de la okupación confían en tener una respuesta.