El gobierno de Italia que encabeza Giorgia Meloni ha puesto en marcha una estrategia de desinversión orientada a la privatización de participaciones empresariales. La iniciativa pretende generar confianza en los mercados, replegar el peso del Estado en la actividad privada y favorecer la reducción de la deuda pública a base de "hacer caja" con la venta de tales activos. Esta audaz apuesta choca con la decisión del gobierno de España de abrazar el concepto del "Estado Empresario" y emplear el dinero de los contribuyentes para comprar acciones de todo tipo de compañías.
Ambos gobiernos van en direcciones opuestas y abren un debate crucial sobre el rumbo económico que seguirán ambas naciones y el impacto que pueden tener estas decisiones en el panorama político europeo. La senda explorada por Meloni gira en torno a la venta de la participación del 4% que ostenta el Estado transalpino en el gigante energético ENI.
Esta jugada podría inyectar aproximadamente 2.000 millones de euros en las arcas del país. Sin embargo, la desinversión planteada en el caso de ENI no es un movimiento aislado, sino que se integra en un plan más amplio de privatizaciones, con la mira puesta en reducir el peso del Estado en el sector privado y amortizar una muy elevada deuda pública.
Así, la visión del gobierno tripartito de coalición conformado por Fratelli d’Italia, La Lega y Forza Italia evalúa asimismo la posibilidad de desinvertir en Poste Italiane y Ferrovie dello Stato. La primera compañía es comparable a Correos, mientras que la segunda se podría asemejar a RENFE. En todos estos casos, la estrategia parece clara: liberar recursos, estimular la inversión privada, dinamizar la economía y reducir la deuda.
El "Estado Empresario" de Sánchez
Las cosas son muy distintas por el lado español, la decisión de Sánchez de permitir que el holding público SEPI adquiera hasta un 10% de Telefónica marca definitivamente el giro de nuestro país hacia un modelo de "Estado Empresario". Esta decisión, valorada en más de 2.000 millones de euros, no es la única de este tipo que ha adoptado el gobierno de coalición conformado por socialistas y comunistas.
En los últimos años, el Estado ha incrementado o apuntalado su papel en el accionariado de empresas cotizadas como Aena, Caixabank, Enagás, IAG, Indra y Redeia. La lista también incluye empresas que no están disponibles en bolsa, caso de Correo, Loterías o Renfe, así como participaciones en conglomerados como la compañía aeroespacial Airbus.
De modo que, mientras el gobierno de Italia avanza progresivamente hacia las privatizaciones y desinversiones, España apuesta por reforzar la presencia del Estado en la economía, adquiriendo participaciones empresariales de empresas cuya actividad se desarrolla en sectores donde ya hay competencia y alternativas privadas.