El Salvador ha pasado de ser el país más inseguro del mundo al segundo más seguro de América en pocos años. Esto es lo que se conoce como milagro Bukele. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegó al poder en 2019 prometiendo mano dura contra el crimen, especialmente contra las pandillas y bandas organizadas relacionadas con el narcotráfico y la extorsión.
Y el éxito ha sido rotundo, a la vista de los datos. Tomando como referencia la tasa de homicidios por cada 100.000 personas, El Salvador ya es más seguro que EEUU y tan solo es superado en el continente por Canadá, tal y como muestra Latinometrics.
La población carcelaria se ha triplicado, situándose en el 1,6% de la población, la más alta del mundo. El estado de excepción decretado en el país otorga a las fuerzas y cuerpos de seguridad carta blanca a la hora de realizar redadas y detenciones bajo la mera sospecha de pertenencia a banda criminal.
Y esto ha llevado a miles de personas a la cárcel, a la espera del debido proceso judicial. Esto significa que, estadísticamente, existen inocentes encarcelados a la espera de la debida audiencia con el juez, lo cual es una señal inequívoca de autoritarismo y falta de estado de derecho.
Pero, al mismo tiempo, la efectividad contra el crimen también resulta evidente, hasta el punto de que el Gobierno cosecha un apoyo histórico por parte de la población. Bukele es el líder político más popular del mundo, con un respaldo electoral, según las encuestas, de más del 90%.
Y el efecto de esta seguridad en la calles también se está traduciendo en mejoras económicas. Para empezar, porque cada vez menos salvadoreños abandonan el país. La detención de salvadoreños cruzando la frontera de EEUU se ha hundido un 37% interanual en 2023. Y, en segundo término, porque, además de impulsar el crecimiento, está aumentando de forma sustancial la inversión exterior en el país.
La mano dura, por tanto, funciona, y no sólo a nivel de seguridad, sino también desde el punto de vista económico, pero tiene luces y sombras. Está demostrando su eficacia, pero también su injusticia por la ausencia de las debidas garantías procesales a la hora de detener y encarcelar de forma provisional a personas inocentes.