Con la desaceleración del mercado laboral a cierre de 2023 que mostró la última Encuesta de Población Activa (EPA), al Gobierno no se le ocurre otra cosa que insistir en sus propuestas que incorporan rigidez y costes al mercado laboral y que provocarán un mayor deterioro a la ya existente desaceleración del mismo.
Con este panorama de clara desaceleración económica -pese al último trimestre del PIB, que es un canto del cisne, pues el gasto público artificial que ha sostenido el crecimiento ha de reducirse como consecuencia de las reglas fiscales, así como el impacto negativo que supondrá el deterioro de las exportaciones-; de agotamiento del mercado de trabajo; de inseguridad jurídica que ahuyenta inversiones; y de alta incertidumbre ante la obligación en el cumplimiento de las reglas fiscales para este año y sucesivos, que, como decía, obligará al Gobierno a reducir el gasto, entre otras cosas porque la deuda española se acerca a niveles muy peligrosos, no se le ocurre otra cosa al Ejecutivo que lanzar una batería de propuestas que atacan de manera frontal al mercado laboral, poniendo trabas a la creación de empleo y provocando que se pueda destruir a borbotones.
Subida del salario mínimo interprofesional
De esa forma, la subida de un 5% del salario mínimo interprofesional este año, que se une a las anteriores hasta alcanzar casi el 55% de incremento desde 2018 es un duro golpe para el coste de las empresas y para su competitividad. Muchas, no podrán sobrevivir y tendrán que cerrar, especialmente las pequeñas.
Otras, subirán precios para tratar de continuar con su actividad, pero perderán cuota de mercado frente a competidores en el contexto internacional. En ambos casos, se dará una caída de actividad y, con ello, una destrucción de empleo. El salario mínimo habrá subido, pero la contratación sí que será mínima y muchos trabajadores, al quedarse sin empleo se quedarán, también, sin salario. Además, corremos el riesgo de que esta medida incentive la economía sumergida.
Reducción de la jornada laboral
Por otra parte, la propuesta de la vicepresidenta Díaz de reducir la jornada laboral sin bajada de salario implica costes adicionales a las empresas, que habrán de contratar a más trabajadores para mantener el mismo nivel de producción, sin un aumento en la productividad, poder alcanzar el mismo nivel de producción. Adicionalmente, eso supone un incremento del salario de los trabajadores, al cobrar lo mismo con una reducción de la jornada, que provocará un efecto expulsión del mercado de trabajo. Dice Díaz que la reducción de la jornada laboral aumentará la productividad, y que eso es ciencia (si la reducción de la jornada, por el hecho de hacerse, aumentase la productividad, ¿por qué, entonces, Díaz no reduce la jornada laboral a una hora al día?). Nada más lejos de la realidad.
El riesgo identificado es que muchas empresas no podrán hacerlo, porque su estructura de costes no se lo permitirá. Eso hará que tengan que mantener su actividad con el mismo número de trabajadores y menos horas, lo que puede mermar la actividad económica y la competitividad en otros mercados, ya que no sólo hemos de pensar en el entorno nacional, sino que competimos en un mundo global y, por tanto, otras empresas, procedentes de otros países, podrán penetrar en los mercados españoles de manera más intensa, ya que serán más competitivas que las empresas españolas. Es decir: una pérdida de competitividad de las empresas españolas que provocaría esta reducción de la jornada laboral hará que las empresas españolas pierdan mercados exteriores, con la merma adicional de actividad y de empleo.
De hecho, si diferentes estudios estiman que la elasticidad del empleo respecto a los costes laborales es de 0,3 en valores absolutos, con una reducción de la jornada equivalente a 2,5 horas semanales -de 40 horas a 37,5 horas- la disminución de la jornada laboral es del 6,3%, que, aplicada la elasticidad, puede llevar a una merma en el empleo del 1,8%.
En 2024, al quedarse en 38,5 horas, el efecto en el empleo sería de una reducción del 1,1%. Como en el plan presupuestario enviado a Bruselas se estima un crecimiento del empleo a tiempo completo del 1,4% para 2024, simplemente esta medida de reducción de la jornada laboral anulará, en la práctica, cualquier crecimiento del empleo en 2024, anulando ese 1,4% previsto, que será ya una reducción de empleo mayor a partir de 2025, con alta probabilidad de destrucción del mismo.
Rigidez en las indemnizaciones por despido
Adicionalmente, Díaz quiere incrementar la rigidez en las indemnizaciones por despido: esto constituye otro obstáculo para que la economía pueda crecer. Los empresarios evitan tener que despedir a sus trabajadores, ya que, además de los vínculos personales, ha invertido mucho en su contratación, formación y carrera profesional. Siempre es el último recurso, obligado, en muchos casos, porque la rigidez de la legislación laboral no permite otras medidas que hiciesen posible evitar la indemnización. Endurecerlo por ley no acabará con los problemas de las empresas, sino que las avocará a un cierre mayor, con un impacto más relevante en la destrucción de empleo.
Trabajadores en consejos de administración
Y la última ocurrencia de obligar a las empresas a que los trabajadores de las mismas formen parte de sus consejos de administración es, en primer lugar, un despropósito, pues en los consejos han de estar personas sobradamente preparadas para el puesto, y no cuotas sindicales o de trabajadores que elijan los propios sindicatos por su filiación, no por su formación. En segundo lugar, es un ataque a la propiedad privada, pues son los accionistas los que deciden quiénes los representan en el consejo de administración. Los accionistas son los dueños de la empresa y son los que tienen que decir quiénes quieren que estén al frente para maximizar el beneficio y salvaguardar su inversión.
Con medidas como las que propone el Gobierno, descritas anteriormente, que están fuera de toda lógica, sólo conseguirá que el mercado laboral se deteriore mucho más, provocando que muchas empresas tengan que cerrar y, con ello, originando la pérdida de empleo de muchas más personas. Es la receta del socialismo: subsidios en lugar de prosperidad.