Las patronales de la educación y la sanidad privada rechazan frontalmente la exigencia de Yolanda Díaz a Pedro Sánchez para que eleve el IVA a estas dos categorías de servicio. El pasado jueves, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo siguió dando rienda suelta a su cruzada fiscal y planteó esta idea en el marco de la negociación para los Presupuestos de 2024.
La líder de Sumar justificó la medida en acabar con las "injusticias fiscales" que su partido asegura que hay en España. "Queremos democracia económica en materia de ingresos públicos", aseguró Díaz en una entrevista con EFE. No es la primera vez que Yolanda Díaz pide a Sánchez una subida de impuestos a estos servicios. El pasado mes de noviembre, la ministra ya planteó gravar con IVA a la sanidad y la educación privadas en el debate de investidura. Podemos también lo había hecho antes.
Al igual que la sanidad y la educación pública, actualmente, las opciones privadas no pagan IVA. Según la Airef, este golpe fiscal a sanidad y educación privadas sería de casi 3.500 millones de euros, aunque es probable que finalmente el efecto fuera contrario para las arcas del Estado. Y es que, las subidas de precio de colegios y seguros médicos que provocaría la subida del IVA, empujarían a muchos de sus clientes a retornar a las opciones públicas, lo que aumentaría el gasto público en estas materias. La Airef también advirtió hace unos años de esto.
"Oposición total" en el sector educativo
En esa misma línea va ACADE, la "Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada no subvencionada con fondos públicos", como ellos mismos se definen. "La aplicación del IVA a la educación privada en plena crisis económica, supondría para las familias, que libremente la han elegido, un encarecimiento insoportable de este servicio al que no podrían hacer frente" aseguran.
Además, consideran que su implantación "vulneraría el derecho de las familias a elegir la educación que prefieren para sus hijos con arreglo a sus convicciones, consagrado en el art. 27 de nuestra Constitución, y en consecuencia también afecta a la libertad de creación de centros. Se trata derechos fundamentales contemplados en el Título Primero de la Carta Magna, por lo que están sometidos a especial protección". La Educación tiene consideración, "en España y en toda la Unión Europea, de servicio público esencial, y este es el motivo por el que está exenta del pago del IVA. Esto es así tanto para los centros públicos como para los gestionados por empresas privadas" añaden.
ACADE insiste en que, como consecuencia inmediata de la implantación del IVA, "habría un desplazamiento de un número incalculable de alumnos a la enseñanza pública, lo que incrementaría el gasto público en una cuantía muy superior a la que se recaudaría a través de este impuesto, como ponen de manifiesto los informes de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF)". Esta situación "no afectaría únicamente a enseñanzas regladas no universitarias, sino también a las universidades privadas y al sector de enseñanzas no regladas, por lo que pondría en riesgo de desaparición a gran parte del sector de la educación y la formación privada en nuestro país, compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas" aseguran. Por todo ello, ACADE "se opone totalmente a esta medida e informaremos de nuestra posición a las fuerzas políticas, económicas y sociales".
"Ideología sin matemáticas"
La postura de la patronal de la sanidad privada también es muy similar. La Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) "muestra su rechazo a la medida propuesta". Entrando a analizar el derecho comparado entre los Estados miembros, "existe una elevada armonización y ninguno de los grandes países de la Unión Europea introduce limitación alguna a la exención. Países como Alemania, Francia, Italia, Polonia, Países Bajos, Rumanía, Bélgica o República Checa aplican la exención a servicios prestados por entidades sanitarias de igual forma que a las entidades públicas".
ASPE considera que "este posicionamiento de la Vicepresidenta Díaz responde de nuevo a cuestiones ideológicas que dejan de un lado los números y los hechos. La ideología sin matemáticas puede afectar dramáticamente a los pacientes, ya que en un momento en el que el sistema público está especialmente tensionado, poner trabas a la accesibilidad a la asistencia privada es un error que se pagará con mayores listas de espera y peor calidad asistencial al paciente en la sanidad pública", señala su presidente Carlos Rus.
"El encarecimiento de la sanidad privada que provocaría la supresión de la exención del IVA previsiblemente trasladaría hacia el sistema público a millones de usuarios que actualmente no hacen uso de los recursos públicos, o lo hacen parcialmente" alertan. Al igual que la patronal educativa, Aspe asegura que "el ingreso que el Estado obtendría por medio del incremento del IVA, muy probablemente se convertirá a medio plazo en un incremento del gasto público muy superior a dichos ingresos, ya que se tendrá que atender a las consultas, pruebas e intervenciones que ahora se realizan en la privada y que se trasvasarán a la pública, con lo que desde luego no resulta una medida ni útil ni eficaz", señala Rus.
Asimismo, desde la patronal también apuntan a los perjuicios que esta medida tendría sobre un sector que genera valor y riqueza para la economía del país y que emplea a más de 400.000 personas. "Esta posible situación podría abocar al cierre de empresas sanitarias de menor tamaño, debido a la más que posible pérdida de asegurados" concluyen. Preguntado por este periódico, el Ministerio de Hacienda no ha dado ninguna valoración a la propuesta de Yolanda Díaz.