La política de Sánchez, basada en el gasto público, las subidas de impuestos, el déficit estructural, la deuda exponencial y, sobre todo, la inseguridad jurídica, está suponiendo un freno importante a la inversión empresarial, tanto a la nacional como a la extranjera.
Unido a la creciente inseguridad jurídica, con impuestos elaborados para aplicarlos a determinadas personas jurídicas -como bancos y eléctricas-, en los que, además, hay enfrentamiento entre los miembros del gobierno sobre su reforma o no -y la legislatura sólo ha empezado- hacen que cualquiera que quisiese invertir en España, se lo piense.
Se lo piensan los inversores extranjeros, porque ven a España como una economía en la que se han levantado todo tipo de barreras y donde las empresas no son bien recibidas, con lo que postponen inversiones o, simple y desgraciadamente, las anulan, buscando nuevos destinos.
Y se lo piensan los inversores nacionales, porque abrir una empresa constituye ahora mismo un riesgo añadido al propiamente inherente a la actividad empresarial. Con el riesgo propio empresarial, los empresarios están dispuestos a asumirlo, porque es parte de su vida; con el riesgo sobrevenido por decisiones populistas y caprichosas, no.
Esa inseguridad jurídica se ve claramente acrecentada por los pactos llevados a cabo por el Gobierno para lograr el apoyo a la investidura, pues la condonación de deuda a Cataluña, el establecimiento de un sistema fiscal exclusivo para la región catalana y la promesa que sobrevuela el horizonte de un referéndum para la independencia de Cataluña, amenaza con la unidad de mercado.
Todo ello, introduce incertidumbre, que es una de las peores cosas que pueden suceder en la economía, porque los agentes económicos, ante esta indefinición suelen optar por la prudencia y aplazar inversiones o deslocalizarlas, con el impacto negativo que tiene sobre la actividad económica y el empleo.
Además, se produce en un contexto de elevado gasto público y creciente déficit estructural -al empezar a ralentizarse los ingresos pasajeros derivados de la inflación- y todas esas medidas de gasto prometidas por el presidente Sánchez deteriorarán más el saldo presupuestario y acumularán más deuda, presionando más hacia el desequilibrio, de manera que encarecerán los intereses de la deuda -en un escenario de tipos de interés altos, como el actual-, que hará que drene recursos de otras partidas esenciales o que, simplemente, incremente más el déficit, y vuelta a empezar.
Con esa política económica absolutamente errada, Sánchez está provocando que la estructura económica española evolucione mal, hasta el punto de que un país como Grecia, con una economía que tradicionalmente ha sido de las que peor se ha comportado de la UE y, desde luego, mucho peor que la española, está ahora adelantando a la economía española en la práctica totalidad de los indicadores.
De esa manera, si analizamos el crecimiento económico desde que Sánchez es presidente, y comparamos con 2022, último año para el que hay datos tanto para Grecia como para España, vemos cómo, en términos reales, Grecia ha crecido en ese período un 5,7% frente al 2% español. Incluso si tomamos el dato de crecimiento de España para 2023 y lo comparamos con 2018, aunque Grecia no hubiese crecido nada en 2023, seguiría creciendo más que España (un 5,7% frente a un 4,5%, respectivamente).
Eso se traduce en la tasa de paro. En ese período, se ha invertido la posición de España y Grecia. En junio de 2018, Grecia tenía una tasa de paro del 19,5% y España del 15,2%. En diciembre de 2023, último dato disponible en Eurostat para ambos países, la tasa de paro griega se encuentra por debajo de la española: 9,2% frente a 11,7%, respectivamente. Mientras Grecia la rebaja más del 50%, el descenso español no llega a la cuarta parte.
Lo mismo sucede con la tasa de paro juvenil: en junio de 2018, la tasa de paro juvenil en Grecia era del 41,2% y la española del 33,9%. En diciembre de 2023, la griega era del 22,3% frente al 28,6% de la tasa de paro juvenil española.
Si analizamos la inflación armonizada, entre junio de 2018 y enero de 2024 ha crecido un 12,2% en Grecia, mientras que en España lo ha hecho un 15,5%.
Como Sánchez, además, ha sostenido el crecimiento -menor, como hemos visto, que el griego desde que gobierna- con el gasto público, ha provocado que el saldo presupuestario tenga un peor comportamiento en España que en Grecia: Grecia pasa de un superávit en 2018 del 0,9% a un déficit del 2,4% en 2022 (último dato disponible), pero es que España pasa en el mismo período de un déficit del 2,6% al 4,7%. Esto es fruto de la presión del gasto estructural, que pese al incremento de ingresos derivado de la inflación.
Eso hace que la deuda en España haya crecido exponencialmente, pese al fuerte incremento del PIB nominal derivado de la inflación. De esta forma, mientras la deuda ha bajado 9,8 puntos de PIB entre 2018 y 2022, la española ha aumentado 11,2 puntos en el mismo período, veinte puntos de diferencia con la evolución de la deuda griega.
Todo hace que se produzca un empobrecimiento de la sociedad española. De esa forma, tomando el dato de la UE como base 100 para cada año, el índice de Grecia representa el 66% del PIB en PPS en 2018 y sube un punto, a 67, para 2022. Sin embargo, el dato español baja de 91 a 86.
Y todo ello, en medio de una inseguridad jurídica derivada de los vaivenes en la política económica del Gobierno y de las cesiones de Sánchez a sus socios para continuar gobernando tras haber perdido las elecciones generales. Eso hace que la rentabilidad del bono griego a diez años sea ya casi la del bono español a diez años, con una diferencia de apenas cuatro puntos básicos, cuando en junio de 2018, al llegar Sánchez, la rentabilidad del bono griego era 263 puntos más alta que el bono español, es decir, Grecia se financiaba mucho más caro que España y ahora ya está casi a la par, tema seguido muy de cerca por Carmelo Tajadura.
Eso hace que la prima de riesgo respecto al bono alemán haya pasado en el caso griego de 365 puntos básicos en junio de 2018 a 95 puntos básicos, mientras que en el caso español apenas ha bajado: de 102 ha pasado a 91.
Esto es fruto de la política económica equivocada del Gobierno, sólo preocupado en su bienestar e intereses en lugar de preocuparse por el bienestar de los ciudadanos y de la economía. Con su incremento de gasto, aumento de impuestos, elevación de déficit y deuda e inseguridad jurídica, ahuyenta inversiones y dificulta la actividad económica, perjudicando la creación de puestos de trabajo, dejando muy maltrecha a la economía española, que hace que el horizonte se presente muy difícil y que evolucione ya peor que la economía griega.