Algo más de medio millón de hogares recibieron el pasado mes de febrero el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En realidad, podría discutirse si la cifra real es la que ha ofrecido el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social (557.405) o los 376.073 que dan algunos titulares y comentarios en redes sociales. La discrepancia viene de la decisión del Gobierno de incluir a aquellas familias que no cobran el IMV pero sí el conocido como CAPI (Complemento de Ayuda a la Infancia).
Pero más allá de la clásica discusión (muy habitual en casi cualquier presentación de este tipo de estadísticas) ente Gobierno y periodistas sobre qué cifras explican mejor la realidad, en los últimos días se ha vivido un cierto debate porque la diferencia (más de 180.000 hogares) no sólo es llamativa si tomamos estas dos referencias de forma aislada. En realidad, la clave estaba en la comparación con los 850.000 hogares a los que José Luis Escrivá, anterior ministro del ramo e impulsor de la medida, aseguró que llegaría la ayuda: 557 es un 65% de 850, lo que supone una diferencia sustancial; pero es que si cogemos sólo los 376.073 (algo que, leyendo las declaraciones de Escrivá cuando se anunció el IMV, parece más lógico) entonces estaríamos hablando de apenas un 44% de beneficiarios sobre el objetivo inicial.
Además, a la discusión sobre qué cifra es la buena, se une otra sobre la publicación de las estadísticas. Porque hasta ahora, el Ministerio (Escrivá) se había negado a ofrecer las mismas con este formato. Lo que se daban eran las cifras agregadas de hogares que se había beneficiado de la ayuda desde el inicio de la misma (2020). En esto parecía haber cierto consenso: no tenía mucho sentido. Es como decir cuántos parados ha habido en España desde el 2000. Lo que queremos saber es cuántos hay ahora. Y eso es lo que nos explica el Ministerio en este caso: beneficiarios en febrero de 2024 y comparación con los que había un año antes.
Por cierto, nota al margen: ¿no se daban los datos para no reconocer el fracaso? Porque eso es lo que parece.
Las enseñanzas
Dicho esto, junto al debate sobre a quién pertenecen los datos, si al Gobierno o a los ciudadanos, hay al menos tres apuntes curiosos sobre esto:
1 – ¿Es buena o mala noticia? En principio, que no se llegue a los 850.000 hogares, debería ser algo bueno. Al menos debería ser un punto del argumentario que el Gobierno de turno debería querer resaltar. Y es cierto que algo ha dicho el Ministerio en la presentación: mezclaba la mejoría del mercado laboral y los cambios sociales para explicar por qué no se alcanza esa cifra.
Pero, no nos engañemos, lo han hecho con la boca pequeña (pequeñísima). Por eso no quería sacar las cifras. Y por eso la mezcla del IMV y el CAPI; y el intento de relativizar los datos.
El despliegue del IMV pone sobre la mesa buena parte de las contradicciones de nuestro Estado del Bienestar. La lógica diría que el objetivo número uno de cualquier Gobierno debería ser reducir al máximo el número de personas-hogares que necesitan ayudas públicas. Pero entonces, ¿quién les iba a necesitar a ellos? Por eso, este curioso diálogo de los últimos cuatro años: que no haya tantos perceptores del IMV... se nos vende como un fracaso.
2 – Burocracia y caridad. Otro punto importante es si podría haberse hecho mejor. Y, sí, podía haberse hecho mejor. La AIReF en junio de 2023 con datos de 2022 aseguró que sólo estaba cubriendo a un 35% de los hogares que podían necesitarlo: "Casi 470.000 hogares con derecho a percibir el IMV, el 58% del total, no lo solicitaron en 2022, y el 69% de las solicitudes se denegaron" (en esto de las peticiones no atendidas no tenemos claro cuánto hay de personas que lo piden sin tener derecho al mismo o si el problema es que falta información o el proceso es complejo).
Suena todo muy mal. Y, sin embargo, aquí yo estoy relativamente cerca de la postura de Escrivá. Al menos comparto en parte las razones. Otra cosa es lo que se podría hacer para remediarlo.
Desde que se puso en marcha el IMV, los expertos le pidieron al ministro que simplificara el proceso para acceder al mismo. Por qué no lo ha hecho. Por miedo, eso está claro. ¿A qué? A que fuera un coladero o a no ser capaz de manejar el número de peticiones. Y creo que en parte tenía razón. Como mínimo, tenía razón para estar preocupado.
Lo que ocurre es que fue peor el remedio que la enfermedad. Al final es tan complejo que muchos potenciales beneficiarios no lo solicitan; o porque no saben que tendrían derecho al mismo o porque no saben cómo hacerlo. Éste es uno de los males endémicos del estado de bienestar español: poco ágil en la concesión, pero también en el control (como se intuye en las cifras que veremos en el último apartado).
Este tipo de ayudas deberían tener las características opuestas: muy fáciles de obtener cuando uno cae en una situación de necesidad; pero al mismo tiempo complicadas de mantener, porque el objetivo final es que el beneficiario deje de serlo. En España, lo habitual es lo contrario: muy complicadas de que te la concedan; pero una vez que la tienes, puedes eternizarte en el cobro de la misma, tanto porque no te la retiran como porque los incentivos te empujan a seguir en la situación que dio origen a la misma.
Es verdad que la renta básica me da mucho miedo. Esa idea de que tienes derecho, porque sí, a recibir una prestación. Pero el caos que tenemos actualmente en España tampoco tiene ningún sentido: se superponen ayudas estatales, autonómicas e incluso locales; las ayudas muchas veces tienen en cuenta más factores (sobre todo, la edad) que la renta, haciendo que el reparto sea injusto, etc... Probablemente, lo más lógico sería plantear una renta de inserción general, que tuviera en cuenta rentas medias y precios de la provincia de residencia (tema polémico, porque no sería la misma en todos sitios), que integrase también las pensiones no contributivas y que se plantease, para las personas en edad de trabajar, como un impuesto negativo (Ciudadanos propuso algo parecido en 2015 y ya entonces parecía una buena idea). ¿Posibilidades de que se ponga en marcha algo así? Muy pocas.
3 – El acumulado y lo que se intuye
Según explica el propio Gobierno, el acumulado de familias perceptoras del IMV asciende a unas 770.000 en los últimos cuatro años (aquí se suman los que reciben el IMV y complementos de infancia). Dado que en febrero de este año lo recibían unos 557.000 hogares (de nuevo, según las cuentas del Ministerio), esto querría decir que un tercio de los que lo han cobrado en algún momento ya no lo hacen. ¿Esto es mucho o poco? ¿Trampa de pobreza o trampolín hacia una vida mejor?
Depende de cómo lo miremos. Para empezar, habrá unos cuantos que hayan dejado de cobrar el IMV porque tienen acceso a otras prestaciones, especialmente pensiones. De los 557.405 hogares que cobraban el IMV en febrero, sólo unos 10.304 tienen un titular de más de 65 años. Es lo lógico: al final, tanto si uno cobra una pensión no contributiva como una contributiva con complemento de mínimos, lo normal es que tenga una renta superior al límite que marca la normativa del IMV.
A partir de ahí, lo que tenemos es que dos tercios de los que lo han cobrado en alguna ocasión siguen haciéndolo. Ésta es la cifra en la que más deberíamos fijarnos. Y aquí volvemos al inicio del artículo. Frente a la medalla que el Gobierno se quiere poner por la prestación, la exigencia debería ser la contraria: el IMV será un éxito si cada año dejan de cobrarlo unas decenas de miles de personas. Incluso, se podría argumentar que cumple su cometido si en febrero del año que viene sigue habiendo 500.000 hogares, ¡¡¡pero son otros!!! Es decir, si se mantiene el número de beneficiarios y al mismo tiempo crece con fuerza el del acumulado. Esto querría decir que está funcionando como debe: red de seguridad para una situación puntual de necesidad, pero no trampa que te atrapa en la rueda del subsidio. Hasta ahora, no es eso lo que se intuye.
Y un apunte final: ya sabemos que en el relato oficial Madrid es la comunidad de los niños desnutridos y la pobreza que campa a sus anchas mientras los ricos a los que Ayuso mima se hacen de oro. Pues bien, es la segunda región en la que un menor porcentaje de hogares cobran el IMV y la tercera con menor porcentaje de hogares que ingresan menos de 500 euros al mes por unidad de consumo. Esto no debería sorprender a nadie. Al fin y al cabo, se trata de una de las regiones con un PIB per cápita más elevado. Pero ¿se imaginan los titulares si fuera al contrario?