Las generaciones de mayor edad han obtenido el grueso de su consumo televisivo a través de medios que hoy consideramos tradicionales, como la televisión. Sin embargo, entre las nuevas generaciones, el auge de redes sociales y canales digitales como Youtube, Twitch y TikTok o el boom de las plataformas de streaming como Netflix, Disney+ o HBO Max ha transformado la manera en que se accede a productos audiovisuales de todo tipo. Las películas, series o programas que antes se veían a una hora determinada en la televisión familiar se visionan ahora bajo demanda, en cualquier momento del día y en todo tipo de dispositivos.
Puesto que la legislación vigente en España se desarrolló pensando en los medios de comunicación, información y entretenimiento predominantes hace décadas, su enfoque a la hora de regular el acceso a contenidos tiende a ser prohibicionista. Un ejemplo claro son las "franjas horarias" que regulan los contenidos que se pueden emitir en la mañana, la tarde o la noche, procurando que esto impida el visionado de contenidos pensados para audiencias adultas por parte de menores de edad.
Sin embargo, ahora que internet es el soporte predominante del sector, y ahora que el gasto en publicidad ya es más grande en estos nuevos formatos (54%) que en los canales tradicionales (46%), parece lógico pensar en nuevas formas de gobernanza, sobre todo cuando existen fórmulas que permiten combinar esos controles con un marco más actualizado y acorde a la realidad del ámbito audiovisual y publicitario. Obviamente hay otra opción, consistente en replicar las viejas formas de intervención pública, esta vez en los nuevos canales y soportes digitales. Sin embargo, ¿por qué seguir limitando el alcance de ciertas emisiones o contenidos para adultos si hoy en día es posible regular el acceso a los mismos sin necesidad de intervención pública?
Soluciones privadas
Eso es lo que reivindica un nuevo estudio de Foro Regulación Inteligente, que considera que la televisión convencional y las plataformas de streaming tienen en sus manos la posibilidad de adoptar nuevos mecanismos de autorregulación. Esto podría permitir que aquellos contenidos sujetos a determinadas limitaciones de acceso (por ejemplo, las emisiones para mayores de 18 años, los contenidos de naturaleza pornográfica, los videojuegos para adultos, las bebidas alcohólicas, los productos de tabaco y vapeo, las casas de apuestas, etc.) sean enviados solamente a aquellos espectadores a los que no aplican tales restricciones.
Este planteamiento puede resultar rupturista, pero va en línea con distintas recomendaciones de las instituciones europeas, que ya han abordado esta cuestión en diversos desarrollos legislativos, como las directivas 2010/13/UE y 2018/1808 o la iniciativa 2015/C-291/05. En este sentido, y como es lógico, Bruselas pide a los países miembros que aseguren que los menores no están expuestos a contenidos audiovisuales o mensajes publicitarios que no son procedentes para menores de 18 años. Sin embargo, la UE no exige que estos controles giren en torno a prohibiciones y vetos articulados por la vieja vía de la intervención pública. De hecho, las instituciones comunitarias hablan abiertamente del fomento de la autorregulación de los operadores audiovisuales y publicitarios, de modo que no tiene sentido que España mire hacia otro lado e insista en mecanismos propios de otro tiempo.
Para avanzar en esta dirección, los contenidos que se emiten en línea pueden introducir las nuevas tecnologías de control de edad 2.0 (también conocidas como age-gating), que permiten ajustar los contenidos emitidos a partir de la edad de la audiencia con niveles de éxito muy altos que llegan al 99,90% en toda Europa y al 99,96% en el caso de España, según diversos experimentos desarrollados por Nielsen, una de las mayores empresas del mundo en el campo de la medición de audiencias.
Estas soluciones, 100% privadas, van más allá de los viejos formularios de edad con los que se pretendía limitar el acceso a determinadas páginas web, a menudo de forma insatisfactoria, e introducen nuevos mecanismos de control de acceso que incluyen fórmulas de verificación en dos pasos (de manera similar al sistema de seguridad de las compras online pagadas con tarjeta de crédito), reconocimiento facial o de huella digital (en aquellos dispositivos que incorporan estos mecanismos táctiles) y análisis de patrones de navegación (en base al almacenamiento y el análisis de datos que facilitan las llamadas cookies).
Asimismo, los gobiernos pueden asegurarse de que estos estándares funcionan adecuadamente sin necesidad de interferencias públicas adicionales a base de delegar la supervisión de estos procesos en manos de las propias empresas del sector. En el campo de la publicidad, por ejemplo, la clave con las industrias reguladas está en limitar el acceso en base a las nuevas tecnologías, pero también en modular el tipo de mensajes que se emiten para asegurar un acceso o consumo responsable a los productos recomendados.
En este sentido, la industria audiovisual y el sector publicitario llevan muchos años trabajando juntos y encontrando soluciones satisfactorias. En Italia, por ejemplo, opera con éxito el Instituto de la Autodisciplina Publicitaria, mientras que en España existe el organismo Autocontrol, que cada año supervisa aproximadamente el 70% de los anuncios emitidos en nuestro país (unos 37.000 productos) y, de esta forma, permite reducir a su mínima expresión el número de quejas o denuncias, todo sin necesidad de intervención pública. Parece sensato, pues, confiar en estos modelos, que han conseguido un éxito probado a lo largo de los años, y lograr que su trabajo se extienda de manera más general a los contenidos audiovisuales y publicitarios emitidos en línea.
En este sentido, los códigos de autorregulación imperantes en Europa muestran que el grueso de los contenidos sujetos a este tipo de sistemas consiguen resultados satisfactorios. En el caso del alcohol, por ejemplo, el Centro Europeo de Supervisión de la Publicidad de Bebidas Alcohólicas ha reconocido que dicha industria ha cumplido con las recomendaciones de contenido en más del 98% de sus campañas, poniendo una vez más de manifiesto la capacidad de autogestión que tienen los operadores del sector audiovisual.
Pretender, como hace el gobierno, que el acceso a contenidos digitales para adultos solamente se puede articular a base de entregar el DNI a operadores privados que luego deben cruzar datos con el sector público supone ir mucho más allá de lo estrictamente necesario, como ponen de manifiesto las soluciones que comenta Foro Regulación Inteligente en su informe.