Por si no fueran suficientes las conocidas polémicas que el Gobierno ha protagonizado por su actitud con los youtubers e influencers, la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, proveniente del Ministerio de Asuntos Económicos viene a ejercer un poco más de presión.
Según el artículo 39 de esta ley se va a crear un registro –dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos— de prestadores de servicio de comunicación audiovisual. En este Registro estatal, según el último apartado del artículo, se incluirán los "usuarios de especial relevancia de los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma".
Como usuarios de especial relevancia se entienden todos aquellos que cumplan los siguientes puntos según el BOE:
- El servicio prestado conlleva una actividad económica por el que su titular obtiene unos ingresos significativos derivados de su actividad en los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma.
- El usuario de especial relevancia es el responsable editorial de los contenidos audiovisuales puestos a disposición del público en su servicio.
- El servicio prestado está destinado a una parte significativa del público en general y puede tener un claro impacto sobre él.
- La función del servicio es la de informar, entretener o educar y el principal objetivo del servicio es la distribución de contenidos audiovisuales.
- El servicio se ofrece a través de redes de comunicaciones electrónicas y está establecido en España.
Sabíamos, hasta ahora, de las intenciones del Gobierno de equiparar a los streamers y demás generadores de contenido online con los medios de comunicación. Ahora, además, conocemos que una de las formas de hacer efectiva esa equiparación será mediante este nuevo registro que recogerá a los streamers y al resto de medios.
Tanto los influencers como el resto de medios deberán de presentar la siguiente información según el BOE:
- Denominación y domicilio social, datos de contacto, incluido correo electrónico, así como si tiene ánimo de lucro o no o si está participada por un Estado.
- Establecimiento en España y autoridad audiovisual de supervisión competente.
- Personas físicas o jurídicas titulares en última instancia de la responsabilidad editorial o autores del contenido editorial.
- Personas físicas o jurídicas propietarias o titulares de participaciones significativas.
Esto deberá de presentarse "de una forma fácilmente comprensible y en formato electrónico y reutilizable, en la lengua oficial del Estado y en las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas". Además, cualquier persona tendrá libre acceso a este contenido.
Los youtubers protestan
Miguel es un youtuber conocido como ‘Un señor de Logroño’ que se dedica a comentar, tanto en directo como en diferido, noticias de interés desde una perspectiva liberal-conservadora. También ha realizado entrevistas a compañeros influencers y, en general, ofrece un contenido que trata sobre política y actualidad bajo la marca LinceTV que gestiona con su pareja, ‘Una Alienada’, también youtuber.
"Era conocedor de la existencia de esta ley, hubo un periodo de consultas y durante esa etapa se habló bastante sobre ello". Y no se quedaron callados. "Un grupo de youtubers contactamos a un abogado para que hablase con los agentes del Gobierno encargados de redactar la Ley".
Miguel sospecha que hay una doble intención detrás de la ley. "Yo creo que la verdadera intención no es tanto limitar el contenido sino poder recaudar más". Y, además, considera que es probable que exista cierta presión por parte de algunos medios de comunicación. "Nos consideran competencia desleal porque con menos medios estamos captando a mucha gente. Creo que quieren homologar la figura del creador del contenido independiente con la del medio tradicional, sobre todo a efectos fiscales".
Para el entrevistado hay una gran diferencia entre lo nuevo y lo tradicional. "Los medios tienen el trabajo repartido entre muchas personas y el youtuber es el que se encarga de su linea editorial, de hacer el contenido, de buscar los editores, de subir el contenido, de publicitarlo... Es decir, aunque el creador de contenido individual no tiene que hacer una gran inversión como los otros, sí se tiene que encargar todo el proceso. La armonización fiscal es, por tanto, como tratar de comparar una compañía de transporte y un rider", asegura.
A todo esto se suma el problema del anonimato, herramienta que sirve en redes sociales a muchos influencers para poder expresar sus ideas. "Muchos youtubers mantienen su anonimato, especialmente los de política, o como mucho dicen su nombre ocultando sus apellidos, mucho menos su dirección. En el momento en el que el creador de contenido tiene que registrarse con su domicilio fiscal está siendo obligado a publicar cuál es el lugar en el que vive dado que, generalmente, la mayoría de youtubers viven en su casa. Es decir, la mayoría de datos personales, incluidos nombre, apellidos y dirección, van a estar en una base de datos pública que todo el mundo va a poder consultar. Eso abre la puerta a que se genere acoso, especialmente por razones ideológicas", apunta Miguel
Las objeciones de la CNMC
Ante esta norma, la CNMC ha planteado una serie de cuestiones que considera que no están bien especificadas dentro de la ley, algo llamativo dado que, como acabamos de ver, esa misma ley dice que la información que hay que prestar debe ser "fácilmente comprensible". Dentro del BOE se plantea también la implementación de un Registro autonómico – aparte del estatal— pero no se explica con claridad quiénes deben constar en él. "Respecto a los bloggers, en esta norma se debería aclarar si se prevé la existencia de prestadores de ámbito autonómico, bajo el control de las autoridades de supervisión de las CCAA", apunta la CNMC. Es decir, no se sabe si un youtuber con influencia exclusivamente regional debe o no estar en la lista.
Además de lo anterior, la CNMC solicita que se revise la consideración que mantiene la ley hacia los podcast dado que considera que la ley, aunque mencione a los youtubers, no está teniendo en cuenta ese otro formato . "La relevancia que han cobrado los podcasts últimamente hace aconsejable que este Borrador de Real Decreto desarrolle mejor algunas cuestiones que afectan a estos servicios, en especial en lo que se refiere a la obligación de registrarse por estar establecidos en España. También se debe clarificar la situación en que se encuentran los podcast con domicilio fuera de España que presten servicios aquí".
Se dan, de esta forma, pasos firmes hacia la equiparación total entre los medios y los creadores digitales de contenido aunque la norma no acaba de determinar con exactitud y criterios cuantitativos los límites concretos que obligan a un individuo que emite en internet a registrarse.