Bildu acaba de registrar en el Congreso una exigencia de control de las viviendas privadas en alquiler aún mayor del abordado por el Congreso hasta ahora. Ni los pisos turísticos, ni los comprados por fondos, ni los alquileres por habitaciones se libran. Y tiene la solución financiera para pagar la lluvia de pisos: que los paguemos todos desde los presupuestos generales del Gobierno de Pedro Sánchez.
Bildu acaba de registrar su órdago en materia de vivienda. Quiere controlar todos los alquileres de vivienda: "Regular, mediante las modificaciones legislativas oportunas y ofreciendo las garantías jurídicas necesarias a las instituciones competentes para ello, los alquileres de temporada con el objetivo de ajustarlos estrictamente a su diferente casuística y a la cobertura de la necesidad a la que responden, diferente a la del contrato de vivienda habitual, debiendo quedar también esta modalidad de arrendamientos sujetos a las mismas obligaciones y regulaciones que los arrendamientos de vivienda habitual". Pero quiere que esa norma la emita el Gobierno de Sánchez.
Exige la misma medida para los "contratos de arrendamiento por habitaciones, que deberán regirse por los mismos criterios y regulaciones que los contratos de vivienda completa habitual, por lo que la suma de las rentas por habitación nunca podrá superar el precio máximo de renta estipulado, en su caso, para la misma vivienda en régimen de alquiler completo". Pero que lo regule Sánchez.
Pide el mismo control para "las figuras de arrendamientos temporales y por habitaciones, así como nuevos mecanismos para facilitar la denuncia y protección de los arrendatarios frente a situaciones fraudulentas o abusivas"; "publicar, en el plazo máximo de 6 meses, el nuevo índice para la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler, el cual deberá sustituir la referencia al IPC y establecerse por debajo de este, acorde al objetivo de contención de precios"; exactamente lo mismo para "regular de manera efectiva los pisos turísticos"; "impedir la compra de viviendas a fondos de inversión e inversores extranjeros multi-propietarios que no acrediten un mínimo de 5 años de residencia continuada, y con la obligación de destinar los inmuebles a vivienda propia o alquiler habitual"; y "poner en marcha una campaña institucional en los diferentes medios de comunicación y difusión social para que la ciudadanía conozca los índices de precios de alquiler y las rentas estipuladas de las viviendas".
El argumento de los proetarras es manido: "El aumento injusto e injustificado de los tipos de interés que afecta al aumento descontrolado de las hipotecas variables, junto con la abusiva y vergonzosa utilización que desde diversos sectores económicos, financieros, empresariales e inversores se está haciendo de la vivienda de alquiler y vivienda turística, han generado una burbuja basada únicamente en la rentabilidad, en el negocio, y no en satisfacer la demanda y necesidad de vivienda".
Y, partiendo de esa afirmación, aseguran que todo ello, "ha convertido una necesidad básica, la vivienda, en un bien de mercado inalcanzable para muchas personas, al albur de un mercado salvaje fuera de todo control y regulación. Un modelo fallido que esta lastrando las condiciones de vida de la mayoría social y trabajadora y, especialmente, de la juventud. Las administraciones públicas, todas ellas, son corresponsables de haber permitido esta situación, por lo que deben ser responsables también de ponerle solución".
Y, por todo ello, pide a Sánchez declarar "la Emergencia Habitacional, por la que se solicita a todas las administraciones públicas e instituciones, en ejecución y respeto de sus competencias, a tomar el derecho a la vivienda como eje prioritario de las políticas públicas, desarrollando para ello leyes y planes específicos de vivienda ambiciosos que contemplen todas las medidas necesarias en los diferentes ámbitos y escalas institucionales para alcanzar el objetivo de asegurar el derecho subjetivo a una vivienda digna y asequible para todas las personas".