El PSOE toma la delantera en el control, no de los okupas, sino de los propietarios que siguen atreviéndose a poner viviendas en el mercado de alquiler. La nueva medida diseñada por los equipos de Pedro Sánchez es un registro de grandes propietarios para mantenerlos bajo un control permanente.
Todo ello figura ya en un documento del partido de Pedro Sánchez que ha sido registrado en el Congreso de los Diputados. Allí se argumenta que "la crisis financiera del 2008 provocó la pérdida del hogar de muchas familias, la falta de soporte y de empatía del Gobierno en aquellos años y de una ausente planificación para poder salvar económicamente a familias vulnerables, que ante la pérdida de ingresos suficientes debido a, también, una crisis laboral, impidieron a muchas de ellas poder hacer frente a las deudas hipotecarias". Ni una palabra de la protección a los propietarios.
"Tal situación provocó que muchas de estas propiedades pasaran a ser adquiridas por las entidades financieras después de duros procesos judiciales. Las entidades financieras adquirieron un número elevado de dichos activos sin ser auténticos actores inmobiliarios y traspasaron estos activos a fondos de inversión convirtiéndose estos en grandes propietarios de inmuebles", añade la argumentación del PSOE.
Según ese mismo texto, "el parque de vivienda de estas entidades es elevado y muchas se encuentran en zonas calificadas como de mercado residencial tensionado y su gestión tiene sus particularidades con diferentes casuísticas con las que se puede encontrar el administrador privado". Y, según esa misma línea, "por este motivo, las administraciones públicas podrían favorecer que los grandes tenedores en zonas consideradas tensionadas dispongan de las herramientas y los mecanismos para poder llegar a soluciones satisfactorias para ambas partes en posibles conflictos".
El texto habla de este modo exclusivamente de viviendas en manos de entidades financieras, sin referirse al resto de grandes propietarios. Y señala que "las administraciones públicas deben apostar por la prevención como fórmula más efectiva para evitar situaciones de riesgo que puedan derivar en la pérdida de la vivienda y en evitar los posibles conflictos que de ello se pueden generar para la ciudadanía".
En esa prevención mete "el asesoramiento, la intermediación y el acuerdo" para "llegar a puntos de consenso entre las entidades propietarias y las personas residentes y así evitar procesos judiciales y situaciones traumáticas. Con ello se lograría garantizar el derecho reconocido en el artículo 47 de nuestra Constitución Española". El objetivo es, por lo tanto, cumplir con el supuesto derecho a una vivienda, y no con la protección a la propiedad privada recogida en el artículo 33 de la Constitución.
"Sería positivo dotar de herramientas adecuadas a los propietarios para acompañarlos en la busca de posibles soluciones y para lograrlo es necesario fomentar la política de intermediación que nos proporcionará el conocimiento específico de cada situación concreta", añade. Y extiende ese trato a todos los considerados como grandes tenedores: según la ley, cualquier persona física o empresa que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial.
"De esta forma, los propietarios considerados como grandes tenedores tendrían la posibilidad de informar de las situaciones en la que se encuentran todas sus viviendas y así poder facilitar una intervención exitosa a las administraciones públicas para resolver el problema mediante la negociación". Nunca por la vía judicial que, de facto, parece negárseles tácitamente.
"Entendemos que la transparencia y la eficacia en la gestión permitirá que, con ayuda de los poderes públicos para resolver conflictos, se favorecerá la búsqueda de soluciones a conflictos, así como el incremento de la oferta de alquiler social o a precio asequible mediante convenios", argumenta el PSOE.
Y, por ello, el partido de Pedro Sánchez considera "que la creación de un registro voluntario donde facilitar a los grandes tenedores la posibilidad de inscribir todas sus viviendas en propiedad, la información sobre su estado o situación en la que se encuentran y disponer de la información sobre cómo se mantiene su parque inmobiliario en todo momento, proporcionaría un importante avance en la política eficaz en materia de vivienda".