El Gobierno no se limita a dar una versión de la situación económica excesivamente optimista respecto a la realidad de nuestras cuentas públicas, o tratar de doblar la estadística lo que sea necesario para evitar tener que reconocer que nuestro mercado laboral es el más ineficiente de la UE, o que los españoles somos de los ciudadanos europeos que más nos hemos empobrecido en los últimos 6 años.
A este populismo económico se suma ahora el gran anuncio del presidente del Gobierno sobre el mercado inmobiliario y que no es otro que la eliminación de la llamada "golden visa", o el régimen especial de residencia que ofrecía el Estado Español a los extranjeros que invertían más de medio millón de euros en bienes inmuebles en España.
Decía Sánchez que lo hacía para evitar que la vivienda "sea un mero negocio especulativo" y que, por el contrario, únicamente sea un derecho.
Sin embargo, tanto para ese fin, como para cualquier otro, esta medida es totalmente inútil. Diego Sánchez de la Cruz, en su artículo publicado este martes en Libertad Digital, ya analiza cómo el impacto de este tipo de operaciones sobre el total de las operaciones que cada año se cierran en materia inmobiliaria no llegan ni a la categoría de error estadístico (451 operaciones con golden visa en 2022 frente a 649.494 operaciones totales de compra-venta en España).
Pero es que el absurdo es todavía mayor cuando el Gobierno dice que quiere evitar que este tipo de ventajas que ofrece la famosa golden visa tensione los mercados inmoibliarios impidiendo que los ciudadanos más humildes puedan acceder a una vivienda. ¿Los más humildes tienen problemas para acceder a las viviendas de más de 500.000 euros? Parece evidente que tampoco para este fin sirve la medida anunciada.
Jurídicamente "inexplicable"
No terminan aquí las críticas. Libre Mercado se ha puesto en contacto con Jorge Martín Losa, abogado especialista y socio de de BGI Group, un profesional muy acostumbrado a tramitar estas "golden visa" para fortunas extranjeras que quieren establecerse en España y también para españoles que quieren disfrutar de esta ventaja fuera de nuestras fronteras.
Martín Losa destaca abiertamente que "jurídicamente hablando, la medida es inexplicable, no se justifica. Y personalmente considero que se trata de otra medida populista del Gobierno. No tiene ningún impacto en el mercado inmobiliario español, ni tampoco va a reducir los precios de la vivienda".
Recuerda Martín Losa que "según la información oficial se ha concedido un total de entre 6.000 y 6.500 de estos permisos especiales y unas 90.000 autorizaciones de residencia por inversión, lo que hacen un total de unas 100.000 operaciones en los últimos 10 años. Esto deriva una media de menos de 10.000 golden visa anuales concedidas en España.
Lo que este especialista enfatiza es que los inversores de golden visa acceden a mercado inmobiliario de alto nivel adquisitivo por lo que no supone una competencia real para la vivienda social, ni supone ningún impacto en el nicho problemático del mercado.
Malo para la economía
Lejos de ayudar a los objetivos que dice perseguir el Ejecutivo, en realidad, se trata de una mala noticia porque será negativa para otros sectores indirectos, y para la economía española que vive, en gran parte, del turismo. Además, cualquier capital invertido en España debe ser ya justificado de manera exhaustiva, con lo que tampoco funciona el argumento del Gobierno de que tiene que revisar el origen de todas las fortunas que vienen a establecerse en España.
Fuga de fortunas
Además, "jurídicamente hablando este hecho tampoco se sostiene", dice Martín. Y produce un efecto huida. Algo que Jorge Martín Losa ya ha comenzado a percibir en sus clientes: "Hemos detectado un efecto miedo en todos nuestros clientes hasta el punto de que muchos ya nos han preguntado si les afecta de alguna manera a los permisos de residencia por inversión ya concedidos en el pasado, lo que denota la inseguridad jurídica en la que puede derivar noticia de este tipo".
Según explicaba Martín Losa, la decisión en sí no supone un incremento de la inseguridad jurídica que ya sufre España (en los primeros puestos de este ranking), sino que contribuye a potenciar la sensación de inseguridad jurídica para los que ya obtuvieron esta famosa golden visa y que ahora temen que pueda haber algún tipo de cambio en su situación.
En definitiva, una decisión innecesaria y en el sentido contrario al que cualquier economía debería transitar. Es decir, se expulsa a empresas y fortunas que podrían suponer grandes aportaciones de riqueza para el país, desincentivando su llegada mientras abrimos las fronteras a inmigración ilegal que lo que hace es consumir cada vez más recursos.